El Gobierno central sigue adelante con las obras del Naval a pesar del informe desfavorable de la Región

El Consejo de Ministros del pasado martes hizo oídos sordos a las reclamaciones de la Región de Murcia y dio luz verde al proyecto de adecuación en las instalaciones del antiguo Hospital Naval de Cartagena, reconvertido desde 2023 en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para personas migrantes. La Consejería de Fomento e Infraestructuras informó al Gobierno de España que el Plan General Municipal de Ordenación hace incompatible el uso residencial propuesto por el Ministerio, de acogida, con el tipo de suelo que realmente tiene el terreno, pensado para aquellos edificios o locales destinados a instituciones o cuerpos para la defensa del orden público del Estado o de los ciudadanos; es decir, cuarteles, parques de bomberos, centros penitenciarios, comisarías de policía.

Pese al informe desfavorable, el Gobierno central mantiene su intención de seguir con sus planes, por lo que desde el Ejecutivo regional se ha presentado un recurso potestativo de reposición el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros por el «atropello que supone esta decisión estatal», ya que «no justifican ni motivan la resolución del Gobierno central que debía argumentar y velar por el interés general», explican fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

La Comunidad sospecha que el Ministerio quiere aprovechar las obras en el Naval para ampliar las plazas a 1.500

Desde el Palacio de San Esteban consideran que la justificación por parte del Gobierno central en este caso «es esencial» porque existe un informe urbanístico desfavorable por parte de la Comunidad Autónoma. «La ausencia de motivación se arrastra desde la propia petición de informe, pero es palmaria en el acuerdo del Consejo de Ministros, en el que no se dice nada», manifiestan.

El Ejecutivo regional denuncia que han pasado por encima de sus competencias en materia de urbanismo, que no son estatales, sino que son exclusivas de la Comunidad Autónoma en concurrencia con el Ayuntamiento de Cartagena.

El Ayuntamiento denuncia que se han producido incendios que apagan pero no pueden investigar

En el escrito que se envió desde la Comunidad se exponían varias contradicciones o inconcreciones del proyecto de adecuación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Por un lado, el Gobierno de la nación indicaba que, una vez realizada la intervención del edificio, se procederá a desmontar las carpas exteriores, con capacidad para unas 1.000 personas, pero la adecuación de 53 módulos que plantea el proyecto tiene una capacidad aproximada para unas 500 personas. Faltarían por acomodar en el interior, por tanto, otros 500 usuarios.

Ampliación encubierta

Además, no se prevén en el edificio instalaciones básicas que sí están actualmente en las carpas, como es el comedor, que ocupa 400 metros cuadrados. Esta sería una muestra más de que las carpas del exterior seguirían siendo necesarias.

Además, el Ejecutivo central propone la creación de 53 módulos residenciales en la primera planta; sin embargo, en la distribución de módulos solo aparecen 38.

«Aparenta una alta probabilidad de que el Gobierno central pretenda mantener simultáneamente las instalaciones exteriores e interiores para dar alojamiento a unas 1.500 personas», destacaron desde la Consejería de Fomento en el mismo informe desfavorable.

A día de hoy conviven en el centro 930 personas, aunque ha llegado a haber más de un millar

Cabe recordar que la capacidad del Hospital Naval no ha dejado de crecer desde su reconversión a un CAED, puesto que en noviembre de 2023 había 600 usuarios y, a día de hoy, conviven allí 930 personas (94% de su capacidad), según fuentes del Ayuntamiento, que apuntan que en algunos momentos se han concentrado más de un millar.

Con el visto bueno del Consejo de Ministros, las obras de adecuación que, previsiblemente, aumentarán las plazas, podrían iniciarse en cualquier momento.

Sin control municipal

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, denuncia que este campamento fue levantado «sin cumplir la normativa urbanística, a espaldas del Ayuntamiento y ahora blindado al control municipal al haberse declarado obra de emergencia». De hecho, informó de que «acaba de producirse un incendio que han tenido que apagar los bomberos de Cartagena» pero, sin embargo, «no pueden investigar los técnicos de Cartagena». «Esto no tiene sentido», lamenta. Desde el Ayuntamiento exigen que el Ministerio cierre la instalación en cuento abra el primer CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de los que está construyendo. «No es creíble que la cuarta economía de Europa no pueda ofrecer a los inmigrantes de Canarias otra cosa que unas carpas en una instalación abandonada en un municipio que ya recibe pateras», explica la regidora, que condena que este Gobierno «no tiene política de inmigración, da bandazos, improvisa, impone y no actúa con lealtad institucional».

«Es lógico ayudar a Canarias, pero no es admisible que la solución para Canarias pase por crear problemas adicionales en otras zonas», concluye Arroyo.