La Comunidad simplifica la normativa energética para atraer nuevas inversiones a la Región

El Gobierno de la Región de Murcia ha dado un paso clave para impulsar el despliegue del almacenamiento energético y se ha convertido en uno de los pocos territorios de España que ha adaptado su normativa para facilitar e incentivar la instalación de baterías, especialmente en plantas solares fotovoltaicas ya autorizadas.

Estos cambios forman parte de la ampliación vía decreto de la Ley de Simplificación Administrativa, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, en estrecha colaboración con los principales actores del sector.

Según el consejero Juan María Vázquez «uno de los principales frenos al almacenamiento era la falta de claridad legal y la burocracia, por lo que hemos actuado con decisión y agilidad para desbloquear esta tecnología para la transición energética».

Entre las principales novedades, el Ejecutivo regional ha modificado la normativa para permitir que las instalaciones de almacenamiento energético puedan ubicarse en suelo rústico, al igual que ocurre con las plantas fotovoltaicas. «Era una reclamación constante del sector, y hemos respondido. La Región ya permite instalar baterías en los mismos espacios donde hoy se genera energía limpia», subrayó Vázquez.

También se agiliza el trámite ambiental de los proyectos de almacenamiento, ya que los sistemas de baterías que se instalen dentro de plantas fotovoltaicas ya autorizadas y en servicio, tendrán un procedimiento más ágil de evaluación ambiental, «puesto que son zonas estudiadas exhaustivamente de forma previa», sostiene Vázquez, quien destaca que «mientras el Gobierno de España no modifique la normativa para eliminar la duplicidad de trámites, hemos decidido actuar dentro de nuestras competencias para agilizar la tramitación». Para el consejero, «no tiene sentido exigir una nueva evaluación ambiental a una batería que se instala sobre una planta ya evaluada».

De este modo, cuando los proyectos de hibridación cumplan determinadas condiciones -como estar dentro del perímetro de la instalación fotovoltaica y tener tecnología electroquímica-, solamente requerirán informe del ayuntamiento y del área de seguridad ciudadana. El objetivo, según el Ejecutivo regional, es «evitar duplicidades innecesarias y acelerar inversiones que son clave para reforzar el sistema eléctrico».

Con esta simplificación de la normativa energética se promueve además, según fuentes autonómicas, «una ventaja competitiva para invertir en esta área».

La actuación del Ejecutivo regional ya ha tenido una buena acogida por parte entre otros de AEPIBAL, la patronal nacional del almacenamiento energético, que la ha calificado de «gigantesco paso adelante para el despliegue del almacenamiento». La patronal también ha agradecido a la Comunidad «este sólido paso adelante, que debe guiar y facilitar el despliegue del almacenamiento en nuestro país».

La Ley de Simplificación también ha propiciado que las líneas eléctricas declaradas de utilidad pública por la Administración regional tengan tratamiento supramunicipal, por lo que no requerirán de autorización municipal sino sólo un informe

Vázquez insistió en que «por muy fácil que se lo pongamos a las empresas, falta que el Estado destine la inversión necesaria a la red regional de transporte y que eleve el límite de la inversión y contemple instalaciones de almacenamiento». En este sentido, el consejero recordó que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico cuenta con un documento redactado por el Gobierno regional en el que se define una inversión de 250 millones de euros que «permitiría tanto mejorar la red como prepararla para el despegue del hidrógeno verde en el Valle de Escombreras o la solar fotovoltaica en toda la Región, especialmente en la comarca del Noroeste».