Los recortes al Trasvase y el cierre de pozos marcan las alegaciones regionales a la planificación hidrológica 2028-2033

El Gobierno regional ha presentado, tal y como ya avanzó el pasado 11 de abril tras reunir al Comité de Experto de Agua, las alegaciones al documento de inicio del cuarto ciclo de planificación hidrológica presentado por la CHS y que entrará en vigor en el año 2028.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, señaló este viernes que en este documento, que plantea la estrategia hídrica para la cuenca del Segura hasta 2033, se arrastran los problemas existentes en la demarcación del Segura, entre los que se encuentra el déficit estructural de recursos, la sobreexplotación de los acuíferos y la amenaza al equilibrio territorial derivada de decisiones unilaterales sobre el recorte del Trasvase Tajo-Segura.

“Rechazamos que se siga apostando exclusivamente por la desalación, sin ofrecer alternativas, ni garantizar un precio justo. Este modelo no es sostenible, ni justo, para nuestros agricultores, ni para los ciudadanos del sureste español”, afirmó Rubira.

La consejera informó que en las alegaciones presentadas desde el Gobierno regional se reclama una verdadera planificación nacional del agua. “Una que piense en el conjunto del país y no solo en cada cuenca por separado. Una planificación desde el dialogo, desde el consenso y del equilibrio”.

Recortes al Trasvase

“No se puede seguir recortando el trasvase Tajo-Segura sin datos, sin consenso y sin alternativas viables. El trasvase no es un lujo, es una infraestructura de Estado, esencial para 2,5 millones de personas”, añadió la consejera.

Sara Rubira reiteró la disposición del Gobierno regional a participar de forma leal y comprometida en la definición, ejecución y evaluación del próximo Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, “siempre que ello se haga con transparencia, equidad y vocación real de resolver los problemas”.

 Desde la Región de Murcia, concluyó la consejera, “vamos a seguir defendiendo con firmeza nuestros intereses, siempre con lealtad institucional, pero sin aceptar decisiones que nos condenan a una mayor incertidumbre, a más desigualdad y a menos oportunidades. Esta Comunidad no pide privilegios, pide soluciones. Y exige una política del agua realista, solidaria y eficaz”.