Amnistía Internacional exige a López Miras que no cierre la puerta a los menores de Canarias

Ocho oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, han hecho llegar al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, una carta en la que le solicitan, ante la «grave situación» de los menores migrantes llegados en los últimos meses a Canarias y Ceuta, «cumplir con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las diferentes comunidades autónomas», asumiendo así su «reubicación obligatoria». 

La misiva, firmada también por Murcia Acoge, Al Fanar, FAAM, Parem, Convivir sin racismo, Abeto y Círculo del silencio de Cartagena, fue enviada después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo para aprobar los presupuestos de este año y de que los ‘populares’, con el Gobierno autonómico a la cabeza, informara de que no iba a aceptar la acogida de más menores migrantes, aduciendo que no hay más plazas.

Estas organizaciones echan en cara al Ejecutivo regional que en los «aproximadamente dos años» que lleva «manifestando que los recursos de que dispone para la atención a menores están desbordados» ha tenido tiempo suficiente para su adecuación y la «necesaria provisión de recursos teniendo en cuenta que la Región es receptora directa de personas migrantes. En 2023, la Fiscalía de Menores acreditó la edad de 420 personas migrantes de las que 364 eran menores de edad no acompañados.

Solicitan la inspección por parte de la Fiscalía de todos los centros con periodicidad y sin anuncio

Amnistía Internacional exige que se cumpla la legislación, que contempla que los menores no pueden sufrir ningún tipo de discriminación. «Son iguales ante la ley y exigimos la adecuada atención de todos los derechos de que son acreedores: escucha, trato no discriminatorio, protección internacional y atención específica a personas en especial situación de vulnerabilidad».

Exige, además, que no se haga uso de «discursos políticos criminalizadores y deshumanizadores» de los menores migrantes no acompañados.  

Por otra parte, solicita la inspección por parte de la Fiscalía de Menores de todos los centros con periodicidad y sin anuncio de las mismas para un adecuado control de la atención que se presta en los centros a los menores. «Es absolutamente insuficiente que en un año se realicen solo 4 inspecciones a los centros ordinarios de atención a menores —de los 24 que había en 2023—, como consta en la Memoria Fiscal 2024 de la Región de Murcia», detallan.

De hecho, en este informe se pone de relieve que la «falta de personal» aboca a la Fiscalía de Menores a no poder realizar su labor «con la eficacia, rapidez y eficiencia deseada». 

El centro de menores de Santa Cruz cerrará después del verano

En la misiva al presidente murciano se le pide también que «vele por que se aplique el principio de no devolución», a pesar de ser uno de los objetivos de Vox, así como que adopte un protocolo de determinación de la edad «que sea respetuoso con los derechos humanos y no invasivo». 

Las oenegés reclaman al Gobierno autonómico que adopte las medidas necesarias para combatir el racismo y la discriminación. No solo han de comprometerse las autoridades a abstenerse de utilizar estos discursos, sino que deben «censurarlos cuando se produzcan». 

Evitar macrocentros

En la carta, subrayan que Fiscalía y gobiernos estatal y autonómico deben evitar que los menores acaben en macrocentros «en los que no se garantiza el cumplimiento del principio del interés superior del menor». Esta es, precisamente, una de las razones que esgrime la Consejería de Política Social para cerrar el centro de protección Rosa Peñas, ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz. También es una de las condiciones de Vox para firmar los presupuestos.