Sara Rubira: "La CHS tiene la obligación moral de convocar la junta extraordinaria"

A pesar de lo mucho que se ha hablado del recorte del Trasvase Tajo-Segura desde que el pasado 28 de abril la comisión de explotación expusiera los planes del Ministerio para adaptar los envíos a los nuevos caudales ecológicos, a día de hoy nadie desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha puesto en contacto con el Ejecutivo murciano para informarle oficialmente de estas decisiones y las consecuencias que conllevará para el sector agroalimentario regional.

Ni siquiera organismos autónomos estatales con sede en la Región como la Confederación Hidrográfica del Segura o la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que forman parte de la comisión de explotación de la infraestructura, han contactado con la Administración regional para analizar la decisión de recortar hasta en un 50% el agua trasvasada desde la cabecera del Tajo para el regadío del sureste.

En un intento para acabar con esta falta de comunicación en un tema tan trascendental para los intereses de la Región, el pasado 21 de mayo algunos miembros de la Junta de Gobierno de la CHS, entre los que se encuentran regantes y representantes de los gobiernos de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, enviaron una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para exigirle la convocatoria urgente de una Junta de Gobierno Extraordinaria ante «la gravedad de las implicaciones» derivadas de la propuesta de modificación de la regla de explotación del Trasvase.

Los firmantes de esa carta, entre los que se encuentran los consejeros de Agricultura de Murcia y Comunidad Valenciana, Sara Rubira y Miguel Barrachina, y los presidentes de las principales comunidades de regantes del levante y del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez, exigen que la CHS exponga «con la máxima claridad» su posición institucional ante el nuevo escenario hídrico. En concreto, sostienen que se trata de una situación sobrevenida, «no prevista en la planificación hidrológica vigente a efectos de atención a las demandas», y que supone un importante agravamiento del déficit estructural, que podría superar los 400 hm³ anuales, incluso considerando la ampliación de la capacidad de desalación y una gestión racional de los acuíferos. Por todo ello, consideran «imprescindible» conocer qué medidas tiene previsto adoptar el organismo de cuenca «para hacer frente a las nefastas consecuencias que, sin duda, se derivarán desde el punto de vista medioambiental, social y económico», recoge el texto de la misiva.

Sin embargo, casi un mes después de esta petición, la CHS ni siquiera se ha dignado a contestar, algo que ha generado un profundo malestar entre los regantes y los gobiernos murciano y valenciano.

Desde la Consejería de Agricultura no dan crédito a la postura del presidente de la CHS. «Tras varias semanas sólo hemos encontrado el silencio del organismo de cuenca a nuestra petición», lamenta la consjera Sara Rubira, que considera que «como mínimo», la Confederación debería tener «la obligación moral de convocar esa junta ya que ellos sí forman parte de la comisión de explotación y tienen más información de la que se ha remitido formalmente a la Región que no ha sido ninguna».

No entiende Rubira cómo es posible que tras la reacción de la sociedad civil y política en las comunidades afectadas por el hachazo (Más de 90 alcaldes firmaron el pasad o 5 junio un manifiesto contra los recortes), «ningún organismo del Estado quiera informar a quienes van a sufrir las consecuencias de la planificación hidrográfica defectuosa que plantean».

En este sentido, la consejera recuerda que «esta planificación nos abocaba a un déficit de 400 hm3 y a una sequía eterna, ya que no se aportan soluciones a los problemas planteados».

Esta Redacción ha contactado en varias ocasiones con la CHS para solicitar su valoración sobre la convocatoria de una junta extraordinaria, pero el organismo estatal ha declinado hacer declaraciones al respecto.