"Golpe a escondidas" del Gobierno al patrimonio cultural

Diversos colectivos y asociaciones patrimonialistas de la Región de Murcia han señalado lo que califican como un «golpe a escondidas» del Gobierno regional al patrimonio cultural: durante este puente se ha publicado un paquete legislativo –aprobado, además, por decreto-ley, es decir, sin debate público ni consulta técnica, con carácter de urgencia– que, según denuncian, «debilita gravemente los mecanismos de protección del patrimonio histórico regional».

Específicamente, es la conocida como cuarta cuarta Ley de Simplificación Administrativa la que ha introducido esta «reforma encubierta» de la Ley de Patrimonio Cultural que, según la decena de colectivos denunciantes –entre los que están Huermur, Lorca por su Patrimonio y Asociación Cartaginense– la «vacía de contenido», por lo que exigen que se paralicen estas modificaciones antes de que sus efectos «produzcan daños irreparables». 

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También se han puesto en contacto con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Comité Español de ICOMOS (órgano consultivo de la UNESCO) y la Unión Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio para pedir al Gobierno de España que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Su campaña, aseguran, no cesará hasta que se reviertan los cambios y se garantice la protección del legado cultural de una Región de Murcia que «no puede convertirse en un laboratorio de desregulación donde el patrimonio histórico se subordine al interés urbanístico de turno». 

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Son más de una decena de asociaciones las que subrayan esta denuncia: Huermur, Asociación Cartaginense, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, Plataforma Virgen de la Caridad, Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, Ecologistas en Acción, AJVA y Amigos de la Historia de Librilla.

Delegación de competencias

Uno de los principales motivos del malestar de las asociaciones denunciantes es que estos cambios que han «colado» a través del procedimiento de urgencia suponen la delegación de competencias respecto a los bienes protegidos a los ayuntamientos. 

Estos, consideran, «ni cuentan con personal técnico especializado ni tienen independencia frente a los intereses urbanísticos y especulativos que rodean muchas decisiones de carácter local».

Un paso atrás

La Región de Murcia se convirtió en pionera en la protección activa del patrimonio al introducir, en el año 2007, un mecanismo por el cual se obligaba a incoar expedientes BIC (Bienes de Interés Cultural) en un plazo máximo de seis meses tras una solicitud ciudadana. 

Esta garantía, sin embargo, ha sido eliminada en el documento publicado durante el puente regional, «dejando a los ciudadanos indefensos ante la inacción de las administraciones», señalan.

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Abuso de procedimiento

Pero, además, no solo el contenido ha generado descontento entre los colectivos: también la forma. «No se ha justificado en ningún momento la urgencia, porque no existía», aseguran sobre la figura del decreto-ley que se ha usado: «Es un abuso deliberado del procedimiento, y una forma de evitar los controles y garantías que exige cualquier modificación seria de una ley tan sensible como esta».