El centro de menores de Santa Cruz cerrará después del verano

Cada vez parece más claro que el centro de protección de menores Rosa Peñas, ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz, tiene los días contados. Según ha reconocido a esta Redacción el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, las negociaciones que su partido ha mantenido con el Partido Popular van encaminadas a que «cierre cuanto antes» y, sin querer dar una fecha exacta, no descarta que se produzca en «septiembre o en octubre», coincidiendo con el nuevo curso escolar. «Es una fecha razonable.», asegura.

Se trata de una de las reivindicaciones de Vox en las que más tiempo llevan insistiendo —desde 2019—. El pasado mes de abril, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, abogaba en el Parlamento murciano por cerrar el centro para transitar hacia un modelo más familiar de acogimiento. El viraje en el discurso se producía en plenas negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, un acuerdo que está a punto de firmarse, aseguran fuentes muy cercanas. De hecho, el presidente de la Comunidad se reúne este jueves con los líderes de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea para «abordar» el techo de gasto y las cuentas regionales.

José Ángel Antelo: "Por fin han descolgado el teléfono para aprobar los presupuestos"

Las razones que esgrimen desde el Gobierno regional para cerrar el centro tienen que ver con que la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia y Juventud «apuestan por una clara transformación en la atención a los menores». Este nuevo modelo, según explicó, se centra en el «bienestar del menor, su desarrollo emocional» y en darles acogimiento en «entonos seguros, acogedores y adecuados a su edad». Más de 80 personas están empleadas en esas instalaciones y más de 60 menores viven allí en la actualidad.

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El acuerdo del PP con su antiguo socio de Gobierno incluiría llevar a cabo otras medidas contra la inmigración ilegal. Además del rechazo a las políticas de reparto de estas personas que tantos meses llevan denunciando, los de Abascal confían que se ponga en marcha un sistema similar al de Aragón por el cual se pueda determinar la edad de los migrantes que llegan a la Región.

También han manifestado en otras ocasiones su deseo de retirar las subvenciones a todas aquellas oenegés que, según ellos, colaboran con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil.

Las aportaciones públicas a sindicatos y patronal podrían seguir reduciéndose otro 25%

Uno de los últimos escollos con el PP para avanzar en las negociaciones tenía que ver con el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, según el cual profesores elegidos por la Embajada de Marruecos ofrecen clases sobre esta materia a niños y niñas en aquellos colegios del territorio nacional que lo hayan solicitado. En principio, en la Región, un total de diez centros educativos de San Pedro del Pinatar, Águilas, Torre Pacheco y Murcia ofrecerán este programa el próximo curso. Afecta a 348 alumnos de los 320.000 que hay en el sistema educativo murciano.

El Gobierno regional, defiende que no puede dejar de aplicar un programa que se ofrece fruto de un acuerdo entre dos estados. Vox, sin embargo, no piensa lo mismo.

Gobierno de coalición

El Partido Popular admite haberse comprometido a continuar con las acciones impulsadas por el Gobierno de coalición que echó a andar tras las elecciones de 2023 y que duró menos de un año.

Esto pasa por impulsar el Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (Cires), firmar un nuevo Acuerdo Marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, avanzar en los trámites necesarios para ampliar el tranvía de Murcia hacia el barrio del Carmen y otros municipios cercanos como Alcantarilla y Molina de Segura, e implantar un centro de formación para la industria del mueble de Yecla.

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Otra de las condiciones que lograron sacar del Partido Popular los últimos meses tiene que ver con la reforma de la Ley de Participación Institucional «para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos». Así estaba recogido, de hecho, en el acuerdo de gobernabilidad de hace dos años.

Además, pretenden que los nuevos presupuestos continúen con la senda de los anteriores, que ya redujeron un 25% las aportaciones dirigidas a sindicatos UGT y Comisiones Obreras y a la patronal murciana Croem.

Está por ver aún de qué manera van a ponerse de acuerdo ambos partidos para reformar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, sobre todo después de que Vox se negara a participar de la comisión parlamentaria que está escuchando a expertos de cara a modificar la norma.

En materia de tributos, son varios los intentos de los de Abascal en la Asamblea para reducir el tipo impositivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, así como el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Por otra parte, Vox pretende desarrollar la normativa para que policías locales puedan portar armas largas, pistolas táser y de gas pimienta.