Proteger el Trasvase y replantear la desalación: las demandas del campo

El agua como derecho, como recurso estratégico y como elemento de disputa centró el foco del debate ayer durante la mesa ‘Agua y Agricultura’, organizada por La Opinión en el marco del Consejo del Agua del II Foro Económico y Social del Mediterráneo. En ella, expertos, científicos y representantes del sector analizaron la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de mayo, que supuestamente obliga a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos en ciertos tramos del Tajo, y debatieron sobre el progresivo declive del Trasvase Tajo-Segura, las dudas que genera la desalación y el papel de la agricultura de la Región de Murcia como un modelo internacional de sostenibilidad.

Una cosa quedó clara desde el primer minuto: «El Trasvase, tal como lo conocemos, está muerto o le queda poca vida». Así lo señaló el director de La Opinión y moderador de la mesa, José Alberto Pardo, para abrir el debate. Y es que la combinación entre las decisiones del Plan Hidrológico del Tajo y las exigencias medioambientales está configurando un nuevo escenario hídrico para el Levante.

José Ángel Pérez Abellán, secretario general del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), fue tajante: «La sentencia no es entendida ni por el propio Ministerio». De hecho, explicó, aún no hay pronunciamiento oficial, y «todo apunta a que el propio Miteco solicitará una aclaración». A su juicio, el fallo no cuestiona los caudales ecológicos en sí, sino la falta de objetivos medioambientales concretos por parte de Castilla-La Mancha, comunidad promotora del recurso.

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Sin embargo, el trasfondo no es meramente técnico ni jurídico. Pérez Abellán denunció una «idea premeditada» por parte de la Confederación del Tajo de reducir el caudal trasvasado, algo que, según dijo, se ve reflejado tanto en la hemeroteca como en los planes aprobados en 2022. «Estamos hablando del dos por mil del volumen total del agua embalsada en el sistema del Tajo -en referencia a los aproximadamente 100 hectómetros cúbicos que llegarían al regadío murciano frente a los más de 1.500 almacenados en la cabecera del río-, y aun así se nos niega», subrayó.

Más allá de los recursos, la mesa destacó la extraordinaria capacidad de adaptación del sector agrario de la Región de Murcia. Alejandro Pérez Pastor, catedrático en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) e investigador especializado en sostenibilidad agroalimentaria, defendió el modelo de agricultura murciana como «el más eficiente del mundo», gracias a «la digitalización, la sensorización y la gestión precisa del riego». «Estamos regando ya no gota a gota, sino media gota a media gota», ilustró gráficamente.

Pese a ello, lamentó la paradoja de que se penalice a quienes más han avanzado en eficiencia hídrica. «Nos recortan más agua a los que más la optimizamos», denunció, señalando que el discurso político y mediático parece incapaz de conectar con la sociedad para hacer valer la importancia de la agricultura como aliada contra el cambio climático.

«En Murcia no derrochamos agua. La agotamos del suelo, pero eso permite que cuando llueve, el suelo esté preparado para absorber», afirmó, en una defensa férrea del valor del suelo fértil, frente a normativas europeas que, según denunció, penalizan su conservación.

En la misma línea, Andrés Antonio Martínez Bastida, director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), destacó que el 98% del agua depurada en la Región de Murcia se reutiliza, alcanzando volúmenes de hasta 110 hectómetros cúbicos destinados al regadío. «Aquí el que quiere plantar, riega, pero usando múltiples fuentes y con un control milimétrico», explicó, citando el ejemplo de la Comunidad de Regantes de Mula, la primera de España en integrar un «cajero de agua». Sin embargo, advirtió del riesgo de que determinadas zonas queden fuera de juego por la escasez, al estar sus acuíferos condicionados desde 2017.

Precisamente, uno de los consensos reiterados en la mesa fue la importancia del llamado ‘mix hídrico’, es decir, la combinación de aguas trasvasadas, desaladas, subterráneas y regeneradas, pero conviene analizar estos métodos antes de su aplicación.

También participó en el debate Francisco Cabezas, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, quien puso sobre la mesa el carácter profundamente político del conflicto. «Esto es una ceremonia de la confusión. Hay mensajes contradictorios y tensiones territoriales que lo contaminan todo. La opinión de los partidos cambia según el territorio», apuntó.

A su juicio, la sentencia del Supremo no supone la «puntilla final» al Trasvase Tajo-Segura, sino que confirma lo aprobado en el Plan Hidrológico del Tajo. El verdadero problema, señaló, es que «los planes de ordenación de los espacios protegidos -los llamados PORN- no han sido aprobados, y por tanto no se conocen con precisión las necesidades ecológicas que se pretenden proteger».

Para Cabezas, el origen del retroceso del Trasvase no está en esta sentencia ni en las nuevas normas de explotación, sino en el Plan Hidrológico del Tajo aprobado hace más de dos años. «Esas disposiciones ya establecían la reducción de caudales transferibles. Lo dijimos entonces y se está cumpliendo», sentenció.

Cabezas también arremetió contra la forma en que el Ministerio está gestionando la transición hacia la desalación: «Se están sacando cifras de la manga. No hay estudios previos ni planificación técnica seria. Es una solución que solo queda plasmada sobre el papel», alertó.

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La desalación, en entredicho

Uno de los temas principales del debate fue precisamente el papel de la desalación. Pese a que se trata de una alternativa de obtención de agua que ninguno de los ponentes rechaza frontalmente, sobre el terreno se vislumbra como un método que aún genera dudas.

Para el secretario general del Scrats, el gasto energético de esta tecnología (de 3,5 a 4 kWh por metro cúbico frente al 1,1 kWh del Trasvase) y las limitaciones físicas para distribuir el agua más allá de la costa hacen que su aplicación sea más compleja de lo que se plantea. «De los 177 hectómetros previstos para regadío en las desaladoras actuales, apenas se aprovechan 150, y eso gracias a permutas que requieren que siga llegando agua del Trasvase», explicó. Sin ese soporte, advirtió, «la arquitectura del sistema se desploma».

Pérez Pastor añadió otra preocupación: el impacto ambiental de la desalación. «El agua desalada no tiene nutrientes. Necesitamos fertilizantes, y eso genera más emisiones de gases de efecto invernadero. No estamos resolviendo el problema ambiental, lo estamos desplazando», sentenció.

Por su parte, el director del Imida también defendió que el uso de agua desalada puede ser útil, pero necesita estudios técnicos rigurosos. «En el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental hemos comprobado que puede funcionar -midiendo si hay afectaciones al suelo, etc.-, pero hay que conocer bien sus efectos, los volúmenes necesarios, los problemas de salinidad y de suelo. Yo no estoy en contra de utilizar todas las fuentes de agua que haya disponibles, pero no voy a ir en un coche sin motor. Antes hay que saber si a esa agua hay que hacerle una serie de tratamientos adicionales que puedan suponer un incremento de costes de producción que después vayan a repercutir en el agricultor», matizó.

Martínez Bastida también puso de relieve los «brotes verdes» que comienzan a verse en Europa, con una ‘Estrategia de Resiliencia Hídrica’ inminente, en la que «se está hablando sobre la importancia del agua, de la sequía, de las inundaciones, de las depuraciones, del tratamiento hídrico, de lo que se hace con el agua y de que el agua sea un bien solidario entre distintas zonas y distintos territorios».

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Un ejemplo mundial

A lo largo del debate, quedó patente que la agricultura de la Región de Murcia es un ejemplo mundial en eficiencia hídrica y sostenibilidad técnica. Pero esa excelencia no garantiza seguridad. El escenario que se dibuja a raíz de la sentencia del Supremo, las decisiones del Plan del Tajo y la improvisación en torno a la desalación amenaza con romper el equilibrio de un sistema que ha costado décadas construir, según advirtieron los ponentes.

Tal y como señaló Francisco Cabezas, «el problema del Trasvase no es jurídico ni técnico, es político». La falta de coordinación entre administraciones, la ausencia de planificación estratégica y el enfrentamiento entre territorios están minando los pilares de un modelo agrícola que no solo produce alimentos, sino que fija población, conserva suelos y combate el cambio climático.

Para concluir, Pérez Pastor quiso reivindicar una vez más el papel de la agricultura en la Región, «no debemos considerarla como un gastador de agua, es un consumidor, es un mitigador del cambio climático. Es hora de que la sociedad lo entienda y lo defienda». Mientras tanto, el campo espera, con eficiencia pero con incertidumbre, una respuesta clara y justa sobre su futuro.