El instructor de la liquidación del aeropuerto atribuye a la concesionaria el retraso en la resolución del contrato

El funcionario de la Comunidad e instructor del expediente de liquidación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM), Miguel Nebreda Huguet, abribuyó este miércoles en la Comisión Especial de Investigación la responsabilidad del retraso en la resolución del contrato y en la valoración de daños a la falta de colaboración de la empresa concesionaria.

"La concesionaria no facilitó la entrega de las instalaciones y dificultó el acceso a la información necesaria para la liquidación", afirmó Nebreda, que participó como instructor en dos fases del proceso: la liquidación de las inversiones, a partir de julio de 2016, y la determinación de los daños y perjuicios, desde noviembre de 2024.

El funcionario relató que el 28 de abril de 2012 se levantó el acta de comprobación de obra, y que "tres meses después, según el plan presentado por la empresa, el aeropuerto debía abrir", algo que no ocurrió. El 15 de junio de ese año, la concesionaria solicitó un reequilibrio económico que fue desestimado.

Tras recurrir sin éxito, la Consejería inició el expediente de resolución del contrato, que se resolvió el 16 de septiembre de 2013. No obstante, Nebreda subrayó que "la entrega efectiva no se produjo hasta abril de 2016, y sólo tras varios autos judiciales que instaban a la concesionaria a permitir el acceso a las instalaciones".

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Durante ese tiempo, añadió, la Administración pudo "vigilar el mantenimiento de las instalaciones" pero no avanzar en la liquidación. "La documentación relevante, como las certificaciones de obra, no nos la facilitaron hasta enero de 2018, y solo porque así lo requirió el Tribunal en un procedimiento judicial iniciado por ellos mismos", detalló.

Además, expuso que su participación como instructor se ha desarrollado en dos fases: la primera, desde julio de 2016, con la instrucción de la liquidación de las inversiones, y la segunda, desde noviembre de 2024, con la nueva determinación de los daños tras la anulación de la liquidación anterior. "Desde que tomamos posesión del aeropuerto en abril de 2016, hemos trabajado en identificar y cuantificar lo ejecutado por la concesionaria, que nunca nos ha entregado las certificaciones de obra de su contratista", manifestó.

La valoración de las inversiones ejecutadas se fijó en 143 millones de euros, y la primera liquidación por daños y perjuicios, en 180,1 millones, aunque fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia por un defecto formal. Nebreda indicó que "el nuevo expediente conserva los actos previos válidos y actualiza las cantidades conforme a los criterios establecidos anteriormente".

También defendió que la complejidad técnica de las instalaciones dificultó aún más el proceso: "No se trataba de entregar unas llaves, sino de asumir un aeropuerto con sistemas integrados en redes nacionales como Aemet o Enaire. Hacía falta tiempo y coordinación".

Igualmente, afirmó que "la prescripción no ha empezado a contar aún" porque la concesionaria ha mantenido recurrida la liquidación de 2019. Según el instructor, el plazo quedó interrumpido en agosto de ese año, cuando Aeromur presentó el último recurso.

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Además, insistió en que todas las actuaciones se han realizado en coordinación con los servicios jurídicos y de contratación, y "con exquisita diligencia para cumplir la legalidad".

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez mostró preocupación por el aumento de los intereses reclamados por los préstamos, que han pasado de 23,3 a 44,8 millones entre la liquidación de 2019 y la de 2024.

También criticó que la concesionaria no entregara certificaciones de obra durante la ejecución: "Esto es una dejadez absoluta de funciones por parte de la administración". Martínez preguntó, además si, en opinión del compareciente, el expediente podría estar prescrito y ha reclamado responsabilidades políticas por un perjuicio económico que cifra en más de 400 millones de euros.

Desde Vox, Ignacio Arcas preguntó por el grado de ejecución en que se encontraba el aeropuerto en 2016 y cuestionó la capacitación jurídica del funcionario que entonces instruyó la liquidación: "¿Era conocedor del funcionamiento de los juzgados o del plazo legal de tres meses para completar el expediente?". Arcas denunció una posible falta de coordinación entre la Consejería y los servicios jurídicos, señalando que algunas sentencias se conocieron por buscadores públicos.

El diputado de Podemos Víctor Egío insistió en que los retrasos y errores en el expediente responden a decisiones políticas, no técnicas: "Los funcionarios solo obedecían órdenes, pero las instrucciones fueron políticas desde el principio".

Lamentó que solo su grupo haya pedido la comparecencia de los responsables políticos del contrato y ha preguntado si el compareciente recibió alguna instrucción directa en ese sentido. También pidió conocer la fecha concreta que maneja la administración como límite de prescripción del expediente y ha cuestionado las posibilidades reales de recuperar algún importe dada la situación concursal de la concesionaria.

Finalmente, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco valoró positivamente la gestión de Nebreda, que a su juicio demuestra una actuación "impecable" de la administración: "Se actuó con responsabilidad y se veló por el interés general".

Martínez preguntó en qué se diferenciaría el pliego de la nueva concesión respecto al anterior y ha defendido que se eligió la única salida viable: reabrir el aeropuerto y reclamar daños a la antigua concesionaria.