La defensa de la Comunidad dice que la liquidación del aeropuerto de Corvera fue avalada por más de 30 sentencias

El letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Manuel Pino, ha defendido la actuación del Gobierno regional sobre la liquidación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Lo ha hecho ante la Comisión de Investigación de la Asamblea regional sobre este asunto.

Según ha expuesto, la Comunidad ha ganado más de 30 demandas interpuestas por la empresa concesionaria, lo que demuestra que "la actuación administrativa, especialmente de las consejerías de Fomento y Hacienda, fue correcta", y que la defensa jurídica ejercida por su equipo ha sido "eficaz y contundente".

Pino ha detallado que la concesión se resolvió en 2013 por incumplimiento de la sociedad concesionaria, hecho confirmado por el Tribunal Supremo.

Además, ha explicado que la liquidación del contrato se aprobó en 2019 con una valoración de las inversiones de 143 millones y unos daños y perjuicios para la Comunidad de 180 millones, lo que arrojó un saldo a favor de la Administración de 36 millones de euros. Esa liquidación fue recurrida por la concesionaria, que reclamó 518 millones.

La Comunidad Autónoma dejará de pagar el aeropuerto de Corvera dentro de un año

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró caducado el procedimiento, se ha emitido una nueva liquidación en enero de 2025, que mantiene el valor de las inversiones y eleva el saldo a 61 millones por intereses.

"La sentencia del Supremo no la comparto, pero la respeto", ha dicho, y ha explicado que el retraso en la tramitación se debió a los recursos y medidas cautelares presentadas por Aeromur.

"La sociedad no facilitó la documentación requerida y obstaculizó la toma de posesión del aeropuerto", ha añadido.

También ha informado de que el intento de mediación judicial entre ambas partes en 2023 concluyó sin acuerdo y ha recordado que participó como asesor en la mediación, pero que firmó una cláusula de confidencialidad que le impide revelar lo tratado.

En cualquier caso, ha subrayado que no se ha producido ningún "desfalco" y que "no hay apropiación indebida de fondos públicos, sino un incumplimiento contractual".

El presidente de Sacyr dice que la empresa ha perdido 56 millones con la construcción de Corvera

Reacciones

Desde el PSOE, el diputado Alfonso Martínez Baños ha reclamado conocer el contenido de esa mediación: "Estamos hablando de un posible desfalco de más de 300 millones de euros; la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó, qué se ofreció y por qué fracasó la negociación".

También ha criticado que se tardaran tres años en aprobar la liquidación de daños y perjuicios y ha cuestionado que la nueva liquidación se base solo en intereses. "Se han modificado los criterios respecto a la de 2019, y eso nadie lo ha explicado con claridad", ha concluido.

El diputado de Vox, Ignacio Arcas, ha puesto el foco en el coste económico de los procedimientos: "Pese a haber ganado todos los juicios, la Comunidad ha dejado de ingresar más de 6 millones de euros en costas porque Aeromur está en concurso".

Ha preguntado si la concesionaria ha ganado alguna sentencia con costas a su favor y si se han ejecutado, y ha recordado que "este proyecto se aprobó con el voto del PP y del PSOE, y ha terminado siendo una ruina para todos los murcianos".

Desde Podemos, Víctor Egío ha denunciado que "los verdaderos responsables políticos siguen impunes", y ha señalado directamente a Ramón Luis Valcárcel.

Ha criticado la lentitud del procedimiento: "A cualquier ciudadano por una multa de 100 euros le embargan el sueldo en meses, pero aquí han pasado más de diez años y aún no se ha resuelto del todo".

El TSJ tumba la reclamación millonaria de la Comunidad por el retraso del aeropuerto

También ha cuestionado que empresarios implicados en este proceso sigan recibiendo contratos y concesiones: "La justicia es para ricos cuando se trata de reclamarles a ellos".

Por su parte, el diputado del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha defendido la actuación del Gobierno regional y ha acusado a la concesionaria de seguir una estrategia de entorpecimiento.

"Más de 30 sentencias nos dan la razón. No había otra opción que resolver el contrato", ha asegurado. Ha lamentado que la comisión tenga "un uso político" y ha respaldado al letrado: "Usted no puede revelar lo tratado en la mediación, y quien se lo pida le está instando a cometer una ilegalidad".

Al término de la sesión, los grupos parlamentarios han acordado por unanimidad que la próxima semana se someterá a votación la ampliación de comparecientes. El PSOE, Vox y el Grupo Mixto ya han presentado nuevas propuestas, mientras que el PP ha solicitado un plazo adicional para hacerlo.

La mesa de la comisión incluirá la aprobación formal de la ampliación como punto del orden del día en la siguiente sesión.