La orden que permite drogarse en el coche indigna a los policías de la Región

Las principales asociaciones policiales de la Región no están de acuerdo con que el hecho de drogarse en un coche aparcado no sea ya sancionable, como ha establecido el Ministerio del Interior, a través de una orden firmada por la Secretaría de Estado de Seguridad.

La instrucción fija este criterio atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo, que reconocen la esfera de privacidad de un automóvil. El Ministerio reonoce que la Ley de Seguridad Ciudadana solo contempla sanciones (de hasta 30.000 euros) cuando se trata de vehículos colectivos o directamente un delito penal contra la seguridad vial cuando el coche se encuentre en marcha.

Antonio Jesús Álvarez Rex, coordinador del área de Policía Local del SIME en Murcia, apunta que algo así «nos plantea una inseguridad jurídica muy grande, ya que equipara lo que se puede hacer en una caravana ( la parte destinada de vivienda) a cualquier vehículo que se encuentre estacionado».

«Esa interpretación errónea e ilógica de la norma, equiparar a como si fuera vivienda, cualquier vehículo que estuviera estacionado, puede dar lugar a situaciones tan dañinas como que no se pueda intervenir en un vehículo estacionado en la puerta de un colegio, mientras sus ocupantes están consumiendo sustancias», significa al respecto, para insistir en que «no estamos de acuerdo con esa interpretación y solicitamos que se anule dicha instrucción».

El secretario de Comunicación de Jupol Murcia, Francisco M., opina que desde Interior «se transmite el mensaje de que hay una preocupante permisividad que traerá consecuencias para la seguridad ciudadana y, por supuesto, para la salud pública».

El Supremo tiene sentencias en las que se reconoce la esfera de privacidad de un automóvil privado

«Es una imprudencia»

A su juicio, «estamos ante una relajación de la ejecución de sanciones que, evidentemente, limita la capacidad de intervención de los policías». «Por lo tanto, esto va en detrimento de la seguridad ciudadana, ya que reduce la capacidad de actuación ante escenarios que requieran una actuación rápida de los agentes en posibles situaciones de orden público o riesgo sanitario o la posibilidad de un acercamiento de sustancias estupefacientes en los lugares frecuentados por menores», especifica.

Asimismo alude a «la inseguridad jurídica sobre los agentes, que podrían enfrentarse a denuncias o a represalias disciplinarias aunque sus actuaciones estén perfectamente justificadas».

Desde USO, su sección sindical en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, representante mayoritario en la Policía Local pinatarense, tachan de «imprudencia» esta orden «ya que se les está dando amparo muchas veces a la preparación para la comision del delito, de un delito de conducción bajo la influencia de drogas».

«Aunque quieren asemejar la cavidad del vehículo con un domicilio, hay que diferenciar que el vehículo se encuentra en una zona utilizada por una colectividad indeterminada de usuarios, entre ellos menores», explican.

Los responsables de USO comentan que, con instrucciones como esta, «se está normalizando el consumo de drogas y facilitando su acceso, dificultando cada vez más el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los organismos que existen para la prevención y tratamiento de la drogodependencia».

Plantean lagunas como la posibilidad de drogarse en entornos con menores de edad

“Flaco favor se está haciendo a la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas con este tipo de instrucciones que complican la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta norma supone un grave error en política de seguridad al garantizar la impunidad en el consumo y posesión de sustancias ilícitas en el interior de vehículos particulares estacionados”, detallaron desde CSIF en la Región.

Este sindicato subraya que “la interpretación tan extensiva que hace el Ministerio del Interior, respecto de lo que se debe considerar como domicilio o similar, no se ajusta al marco legal ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

Ataque a la autoridad

Juan García Montalbán, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, concreta que «de la simple lectura de la instrucción se concluye que el legislador no tiene claro lo que está interpretando con sentencias que no concretan este asunto y reconociendo que el vehículo es una especie de espacio privado, pero solo cuando está estacionado, no cuando circula».

«Y, si el legislador no lo tiene claro, en peor situación se encuentran los guardias civiles que no tienen nada claro cuándo se considera infracción y cuándo no; y, desde luego, esa diferenciación entre encontrarse estacionado en la vía publica o circular por la vía publica», hace hincapié.

Montalbán considera que «el panorama es desolador», puesto que «en la práctica, un guardia civil. cuando registre un vehículo estacionado, podrá registrarlo según la ley; pero, si observa consumo o tenencia de droga, no podrá denunciar al consumidor». «Es más: si en unos minutos el vehículo comienza a circular, entonces si podrá volver a registrarlo y, en su caso, denunciarlo si encuentra algún tipo de droga», manifiesta.

A su juicio, «lo más grave de esta instrucción es el nuevo ataque al principio de autoridad de los guardias civiles y los policías en general, que no podrán sancionar conductas de consumo o tenencia de drogas en el interior del vehículo que sí podrían sancionar si fueran caminando o simplemente salieran del vehículo».

En la misma línea se muestran desde el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPLB) en la Región, que expresa su «profunda preocupación e inquietud», dado que la instrucción «podría tener efectos contraproducentes en la labor diaria de los agentes y en la seguridad de los ciudadanos».

Recalcan que «los policías locales desempeñan un papel fundamental en la prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad ciudadana a nivel local», por lo que «la capacidad de intervenir en situaciones de consumo de drogas, incluso dentro de vehículos estacionados, es una herramienta importante para prevenir problemas mayores». «Al limitar esta capacidad, la instrucción podría obstaculizar la labor de los agentes para prevenir altercados, garantizar la seguridad vial y proteger la salud pública», manifiestan.

El sindicato incide en que «restringir la capacidad de actuación de los agentes en relación con el consumo de drogas en vehículos estacionados puede debilitar la capacidad de la Policía Local para anticiparse a los problemas y garantizar una respuesta eficaz».

Por tanto, «el SPPLB en la Región de Murcia insta a una revisión de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana para garantizar que los policías locales cuenten con las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y mantener la seguridad en nuestras calles».

El asunto, por otro lado, ha dado lugar a chanza y algunos agentes han compartido en redes memes en los que se ve a policías impasibles ante gente drogándose dentro de un automóvil.