Manuel Luna, presidente del TSJ de Murcia: "Mi vocación es atender y servir al juez anónimo"

El magistrado Manuel Luna coge el relevo de Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y lo hace con el reto de mejorar los tiempos de respuesta de la Administración y lograr más medios para la Región. Apunta que la confianza de los murcianos en la Justicia genera una «litigiosidad excesiva».

Expuso ante el Poder Judicial, cuando defendió su proyecto para ponerse al frente del TSJ, que la Región necesita por lo menos 13 juzgados más. ¿Qué hay que hacer para que el Ministerio lo entienda?

Los datos son conocidos por todos: la ratio media de jueces por cada 100.000 habitantes en España es de 12 jueces, pero en Murcia no llegamos a 11. Esto determina la necesidad inaplazable e inexcusable de dotar al menos con 13 unidades de judiciales más a la Región. Alcanzar la media nacional es lo mínimo, para evitar asimetrías y desigualdades con otros territorios de una población similar. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia, en su memoria, puso de manifiesto la necesidad de 17 unidades judiciales para poder prestar un servicio en unas condiciones óptimas, con unas respuestas en tiempo más razonables, y esa va a ser una de las tareas y de los objetivos principales de mi acción de gobierno: seguir y continuar con la labor del presidente Pasqual del Riquelme. 

Luna promete luchar por "una justicia de calidad, más accesible y eficiente" desde el TSJ

Precisamente su antecesor en el cargo, aludió, en la presentación de la Memoria, a la «falta de peso político de la Región para ser influyente en Madrid en el ámbito judicial». ¿Usted está de acuerdo? 

Yo no puedo valorar esa opinión de Pasqual del Riquelme: no he estado en esas negociaciones, no he estado en esa toma de decisiones... Lo cierto es que, cuando se han creado unidades judiciales a nivel nacional, a Murcia siempre se le han asignado menos de las que necesita. A partir de ahora tendré vivencias parecidas a las del presidente Del Riquelme, y dentro de un tiempo espero poder obtener el resultado que se merece la justicia murciana.

Los miembros de la Judicatura actúan de forma responsable, con gran vocación de servicio y absoluta independencia

Manuel Luna

— Presidente del TSJ de Murcia

Hablando de Pasqual del Riquelme, ¿le ha dado algún consejo que se pueda contar? 

Muchos, y son de agradecer. Los consejos que se pueden contar son que hay que seguir trabajando, que hay que seguir insistiendo y no desanimarnos ante los reveses que, en materia de unidades judiciales, hemos recibido en los últimos años. La situación, a nivel presupuestario, es complicada para todo el territorio nacional y eso condiciona la creación de plazas. Confiamos en que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permitirá crear unidades judiciales con mayor facilidad y con menos coste, revertirá un poco la situación.

¿Cree usted que los murcianos confían en la Justicia? 

Mi opinión es que sí. Yo creo que el principal reproche que la ciudadanía hace a la Administración de Justicia no es que no sea un servicio que no dé respuesta a sus demandas, o que no esté a la altura de lo que espera, sino que lo hace tardíamente. Ese es el principal reproche, y está justificado y argumentado. Tanto los tiempos de respuesta como el volumen de asuntos son excesivos; pero no es una cuestión de confianza, porque creo que el Poder Judicial es visto por la mayoría de la sociedad como uno de los bastiones de nuestro Estado de Derecho, de defensa de nuestro ordenamiento jurídico, de protección de nuestras libertades y de garantía de nuestros derechos. Creo que sí hay confianza en la Justicia y que, a la vez, se produce un descontento generalizado debido a los tiempos de respuesta de la Administración. 

Se lo preguntaba también la ola de indignación que surgió tras la sentencia de la ‘operación Baúl’, manifestaciones delante de la Audiencia Provincial incluidas... 

En un Estado democrático, de derecho, como el nuestro, uno de los pilares fundamentales es la libertad de expresión, por lo que la crítica, la protesta, es legítima, es saludable y es bienvenida, siempre que se haga con carácter constructivo, porque ayuda al sistema a mejorar. Y todo sistema es mejorable y el de la Administración de Justicia, en particular en la Región, necesita de mucha mejora. Cuestión distinta son algunas descalificaciones o ataques personalizados a los miembros de Judicatura, que aportan poco, carecen de rigor y no enriquecen ni el debate jurídico ni el debate social. Los miembros de la Judicatura actúan de manera responsable, con una gran vocación de servicio, en muchas ocasiones con medios insuficientes, con sujeción únicamente al imperio de la ley y con una absoluta independencia.

A propósito de las conformidades, la Fiscalía Superior de la Región anunció una instrucción interna para llevar un mayor control de los pactos, para evitar otro acuerdo de los ‘empresarios de la vergüenza’. ¿Cómo lo ve usted?

 Realmente la conformidad es una figura jurídica legal, permitida en los ordenamientos jurídicos, que puede ser muy provechosa para el propio sistema y para las partes del procedimiento. El órgano judicial se limita a hacer el control de legalidad de los requisitos y, en ese sentido, creo que corresponde a las defensas y a las acusaciones que son las que utilizan estos instrumentos legales, valorar la oportunidad y saber en qué momento, en qué condiciones, en qué tipo de asuntos y en cuáles no se debe utilizar este instrumento. Más allá de eso, entiendo que hay que examinar con detalle cada conformidad y ver la correlación entre las penas que se solicitan y se aceptan, para evitar sensaciones de frustración en la sociedad y, sobre todo, en las víctimas. Estas, cuando están representadas en el proceso como acusación particular, son partícipes de esta conformidad; y, cuando no, deben de ser escuchadas y tener conocimiento previo de este tipo de actuaciones de conformidad.

La complicada situación a nivel presupuestario condiciona la creación de plazas en toda España

Manuel Luna

— Presidente del TSJ de Murcia

Por otro lado, se cumplen 10 años de la llegada de la prisión permanente revisable y en la Región hay un condenado a esta pena (Pedro, ‘El Margarito’, por violar y matar a una mujer, Manuela, en Lorca en 2021). ¿Usted es partidario de esta medida? 

Yo creo que, actualmente, no existe un debate sobre la conveniencia de este tipo de pena. Sí lo hubo hace una década, y fue profundo y legítimo; pero, una vez que se aprobó, se implementó y se validó posteriormente por el Tribunal Constitucional, la sociedad ha admitido esta pena dentro de nuestro sistema.

¿Y a título personal? 

Personalmente, creo que las conductas que están sancionadas con esta máxima pena son muy execrables, para las que la sociedad ha demandado el máximo castigo: atentados, crímenes de lesa humanidad, asesinatos precedidos de agresiones sexuales, asesinatos múltiples, asesinatos de menores de 16 años... Es que creo que actualmente no hay debate, está asimilado y es una pena grave, pero que no impide la finalidad de toda pena, que es la reinserción; porque, como bien dice su nomenclatura, es revisable, tras un cumplimiento mínimo de condena de 25 años, porque estamos sancionando conductas totalmente repudiables. Creo que es un tema superado por la sociedad y que se aplica cuando procede, nada más. 

¿Cree usted en la reinserción? 

Evidentemente, es uno de los fines esenciales de cualquier pena. Así lo prevé nuestra Constitución y en ellos se orienta nuestro sistema penal: a la reinserción, a la reeducación, a la rehabilitación social del delincuente que ha cometido ese hecho penal. Tenemos un sistema administrativo y judicial orientado hacia esa finalidad, que se cumple. Por tanto, creo firmemente, como constitucionalista que soy, en esa finalidad.

¿Para todos los delitos? ¿No hay ninguno que diga usted ‘no es posible rehabilitar’...? 

No. Yo creo en la reinserción, no debe haber ninguna exclusión. Habrá más dificultades para conseguir la rehabilitación de determinadas personas, pero eso también es consustancial a la persona, al sujeto activo del delito, en cada caso concreto. Pero el objetivo y la finalidad debe de ser ese, la reinserción, y creo que así está orientado nuestro sistema penal.

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¿Qué le parece la polémica, que acabó en los tribunales, del libro de Luisgé Martín sobre José Bretón? 

Los tribunales han sido claros: legalmente no concurren los requisitos que pueda dar lugar al secuestro de la publicación. Así que respeto absoluto a la decisión judicial y respeto también a la decisión, dentro de la libertad de empresa, de la editorial. Son temas delicados en los que se contraponen intereses dignos de protección en un lado y en otro. 

¿Lo leería usted? 

Si se llegase a publicar, sí que lo leería, para poder hacer ese análisis crítico. Es difícil de entender cómo es posible que alguien haga algo tan atroz, qué hay en la mente de ese criminal. Aunque, por supuesto, siempre desde el máximo respeto a las víctimas, a su familia y a su memoria.

¿Cómo se le pasó por la cabeza dar un paso al frente para presidir el TSJ? 

A ver, esto ya es un poco más personal, pero, desde que yo ingresé en la carrera en 2003, que son 22 años de carrera profesional, siempre fui un juez muy vocacional y me ha gustado mucho el ejercicio de la función jurisdiccional; pero siempre me he sentido muy atraído por la organización interna, por la gestión. El juez actualmente realiza una función muy importante para la sociedad y creo que es muy importante también que la sociedad cuide a estas personas. El juez necesita también ser cuidado, necesita tener unos medios y unas condiciones adecuadas para el ejercicio de su función, tanto profesionales como logísticas; y esa labor de proporcionar este escenario al juez me interesa mucho, porque es cuidar del que cuida a los demás. Eso despertó en mí una vocación, dentro de mi vocación jurisdiccional, que es la de atender, la de servir al juez, al compañero que está ahí día a día de forma anónima, bregando con juicios, con deliberaciones y aplicando el derecho en cada caso.

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¿Se puede confesar qué es lo que más miedo (o respeto) le da del nuevo cargo? 

También es lo que más me ilusiona: el reto de poder mejorar la capacidad de respuesta. Es un reto difícil, porque hay limitaciones y no todo depende de la actuación del TSJ de Murcia, pero me ilusiona poder contribuir. Espero, con la ayuda de todos los operadores jurídicos, de todos los colegios profesionales y de las instituciones, poder conseguirlo. 

Dice usted que los murcianos sí creen en la Justicia. ¿Por eso la saturan? 

Hay que inculcar la idea de que la solución de un conflicto, con tu vecino o con tu empresario, se puede resolver por otros medios adecuados, y la nueva ley impulsa a ello: la conciliación, la mediación, el arbitraje. Pero hay un arraigo fuerte a que sea el órgano judicial. La confianza produce una litigiosidad excesiva.