La Región pone los ojos en Europa para frenar los daños de las riadas

La falta de financiación para ejecutar las grandes obras de defensa ante las inundaciones y para gestionar el agua en tiempos de sequía volvió a centrar buena parte del Consejo del Agua e Infraestructuras, que esta semana celebró su segunda reunión, en el marco del II Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por el Grupo Prensa Ibérica. Durante la reunión, dirigida por el director de La Opinión, José Alberto Pardo, se pusieron encima de la mesa algunas propuestas para captar los fondos necesarios como la vía de la colaboración público-privada o una transición hacia otro modelo de gobernanza.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, cree que el diagnóstico de la situación hídrica en la Región está muy claro, desde hace mucho tiempo, y también las medidas y las propuestas para gestionarlo, «pero lamentablemente terminamos desembocando en ese cabo de las tormentas que atenaza en la Región de Murcia cualquier iniciativa de progreso y desarrollo, y es el problema de la financiación». En este sentido, recordó que Murcia es una comunidad «maltratada por el modelo de financiación autonómica», lo que hace casi imposible que pueda acometer las infraestructuras hídricas que necesita.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, al igual que hiciera en la última sesión, destacó la necesidad de buscar mecanismos para conseguir una financiación extraordinaria ante la incapacidad de los presupuestos ordinarios de todas las administraciones de hacer frente a las necesidades en materia de defensa ante inundaciones y de lucha contra la sequía. En este sentido, afirmó que la dana de Valencia debería ser un acicate para movilizar recursos no solo nacionales.

Al igual que en años anteriores se invirtió en depuración y carreteras, con fondos europeos, Urrea entiende que debería promoverse en Europa la movilización de recursos extraordinarios para combatir los fenómenos meteorológicos extremos y planteó incluirlos en las líneas de ayuda del plan para la adaptación al cambio climático, «no sólo en el ámbito mediterráneo español sino también otros territorios europeos».

Reconoce el presidente del órgano de cuenca las dificultades de que se esto se logre en el actual contexto bélico. En cualquier caso, confía Urrea en que el mecanismo de adaptación al cambio climático vía presupuestos europeos terminará llegando tarde o temprano. Por otra parte, también cree necesario que se movilicen partidas desde el Ministerio para la Transición Ecológica, porque las confederaciones hidrográficas no tienen presupuesto propio para ejecutar la planificación hidrológica, «que es necesaria y está bien hecha, es nuestra hoja de ruta, y de lo que se trata ahora es de darle un contenido presupuestario sólido».

Sobre la necesidad de priorizar los proyectos, un punto que fue muy debatido en la sesión anterior, Mario Urrea aseguró que el Ministerio sí tiene una cierta priorización en las obras relacionadas con la defensa ante inundaciones, que tienen un análisis de beneficio-coste, que incluye los daños, la población afectada, «pero sí es cierto que en el resto de cuestiones no existe esa priorización».

En la misma línea, el director general de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Rollán, entiende que la financiación es el gran problema y recordó que la competencia en este asunto es estatal. Al igual que el rector de la UMU, considera que los problemas están detectados y las soluciones están claras, sobre todo desde el primer Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de 2015 o el Comité de Expertos que organizó el Gobierno regional tras la dana del año 2019.

Aunque está de acuerdo con la necesidad de que Europa se implique en este asunto, cree que algo tiene que cambiar en el sistema, porque «podemos hacer planes de gestión, pero si no los dotamos económicamente no tienen ningún sentido; igual hay que hacer menos documentos y prever más las dotaciones presupuestarias».

Durante la primera reunión del Consejo del Agua, el presidente de la CHS aseguró que con el ritmo inversor actual se requerirían 11 años para ejecutar todas las obras que están previstas. Según Rollán, desde el año 2015 está clara la hoja de ruta, por lo que ese intervalo de 21 años de espera es inaceptable.

En su intervención, el director de la Fundación Instituto Mediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, quiso aclarar que lo que él cuestionó en la primera sesión del Consejo del Agua no fue el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura sino «la planificación hidrológica tal y como se está ejecutando en España, que ha fracasado a nivel general y sugiero la urgencia de abordarla, porque no se están resolviendo los problemas de fondo, de calado».

La habilitación de fondos extraordinarios también debe destinarse, según la directora gerente de Aguas de Murcia, Inmaculada García, a la renovación de las infraestructuras del ciclo integral del agua, ya que sólo a través de la tarifa municipales es muy complicado. Además, considera vital apostar por la economía circular, que es la que te permite una eficiencia tanto económica como medioambiental y puso de ejemplo la depuradora Murcia-Este cuya codigestión ha permitido ahorrar energía.

También destacó la importancia de la economía circular el concejal de Ambiente y Planificación Urbanística, Antonio Navarro Corchón, de la que Murcia tiene, dejó caer, un buen ejemplo histórico con su regadío tradicional y con su red de más de 300 kilómetros de acequias.

Ante la falta de financiación, el director de Medioambiente y Agua del Grupo Hozono Global , Manuel Quijada, propuso ser «más imaginativos» e involucrar a la empresa y la colaboración público-privada, y tener en cuenta a los grupos de inversión que están invirtiendo en el medio ambiente. «Lo que habría que hacer es buscar de alguna manera que esa corrección hidrológica o que esos aprovechamientos generen externalidades que permitiese el retorno a las empresas y se pudiesen así financiar estas obras que no es capaz de costear la administración pública».

Tecnificar el discurso

Durante la reunión, fueron varias las ocasiones en las que se advirtió de la importancia de imponer los criterios técnicos sobre los políticos, tanto para las necesidades del regadío como para frenar los efectos de las inundaciones. Así lo defendió el edil Navarro Corchón y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y de Ingeniería de Minas de la UPCT, Juan Tomás García Bermejo, a quien también le parece crucial que tanto la escasez del agua como los fenómenos extremos se conviertan en una prioridad en la UE. A la espera de que esto se produzca, García Bermejo, considera que es necesario «tecnificar el discurso».

En este sentido, explicó que cuando se habla de infraestructuras para reducir los riesgos de inundación debemos acudir a los análisis de coste-beneficio, que deben ser «las herramientas que nos permitan priorizar las inversiones para reducir los riesgos de inundación». También advirtió de la importancia de no postergar el trabajo sobre la gestión técnica de los activos, el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas. En esa tecnificación, el docente de la UPCT destacó el valor de la medición, tal y como reconoce la propia UE. «Medir es resolver más de la mitad del problema», aseguró.

De las diferentes fuentes de agua, García Bermejo destacó las subterráneas. «Es una de las grandes reservas para el futuro y una de las grandes desconocidas y ahí la monitorización es clave», indicó.

El equilibrio entre el regadío, un pilar productivo y económico de la Región y del país y la protección del medio ambiente, también es una cuestión capital. Aquí aseguró que es importante avanzar en la responsabilidad del productor en las cargas contaminantes.

También se refirió a la cuestión de la técnica y la política, el rector de la UMU, que afirmó que tampoco podemos hacernos «trampas en el solitario y enmascarar una realidad que todos conocen y es que todo es política; y quizá lo que haya que decir es que en este tema se está jugando desde hace mucho tiempo a la muy mala política: la localista, la territorial, la que está en contra de la cohesión territorial del Estado».

Trasvase y pesimismo

El director general del Agua, José Sandoval, puso la nota pesimista de la jornada. En su opinión, desde la primera reunión del Consejo del Agua se han dado tres circunstancias que no le permiten mirar al futuro de las infraestructuras hídricas en la Región con optimismo.

Una de estas circunstancias es la última modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) para mejorar la gestión del riesgo de inundación. «Si hemos modificado el RDPH en los últimos años tres o cuatro veces debe ser que no estamos acertando en lo que hay que hacer, pero es que, además, en esta frase previa de consulta pública la palabra ‘infraestructura’ no aparece. Otro motivo para el pesimismo, según Sandoval, fue el apagón eléctrico nacional del pasado lunes 28 de abril, que reveló la importancia de las denostadas presas como generadores de energía para arrancar los ciclos combinados, «y gracias a esas infraestructuras el sur de España pudo recuperar la energía eléctrica antes que otras zonas».

Como no podía ser de otra manera, los recortes previstos en el Trasvase Tajo-Segura (de cerca del 50% para el regadío del Levante), es el tercer golpe al optimismo del Gobierno regional. Según Sandoval, el hachazo deriva de una planificación (el Plan Hidrológico del Tajo) «errónea y con un importante sesgo ideológico». «Si estamos hablando de la gestión del agua y de las mejores infraestructuras para hacerlo, este tipo de decisiones van en dirección contraria», sentenció.

El secretario del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Ángel Pérez, también hizo mención a las nuevas normas de explotación del acueducto. Aseguró que el sector del regadío en la Región está viviendo «una desilusión plena», porque ve cómo avanzan los programas de planificación que buscan reducir los aportes del trasvase, pero no ve que avancen las medidas para paliar esos recortes, tanto del acueducto como de los acuíferos en mal estado y que podrían sumar 300 hm3 al año. «Tenemos la sensación de isla, vemos como comunidades vecinas pueden tener ciertas soluciones en un horizonte medio, pero aquí no», lamentó.

Sobre el Trasvase, el director de la Fundación Instituto Euromediterráneo destacó que es importante distinguir que los recortes no tienen nada que ver con las normas de explotación, que son «totalmente inofensivas», sino con el Plan Hidrológico del Tajo y por tanto la responsabilidad no es de quien ha hecho las normas, el Cedex, sino del Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que ha tomado la decisión de aprobar unos planes hidrológicos que son incompatibles, el del Tajo y el del Segura.

En contraposición a los problemas de gestión y planificación hídrica planteados, el director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Carlos Conradi, expuso la gestión que realiza este organismo autónomo dependiente de la Administración del Estado creado en 1927 y que da servicio de agua potable y abastecimiento en este momento a 80 municipios.

«Durante este tiempo nos hemos ido adaptado a las circunstancias y se ha hecho de tal manera que en ningún momento se ha producido un déficit en el suministro de agua para abastecimiento para la población», expuso Conradi, que destacó que en gran medida este modelo de éxito se explica por el establecimiento de una tarifa única que pagan todos los ayuntamientos integrados «independientemente de que tengan el agua más o menos próxima». Con esa tarifa, añadió, se resuelven los problemas de infraestructuras y se ha ido adaptando el sistema a la integración con el Trasvase Tajo-Segura o la desalación, con buenos resultados en diversos escenarios de sequía, inundaciones, pandemia o apagones eléctricos.

Y de cara al futuro, la MCT está centrando sus esfuerzos en un plan con horizonte 2050 valorado en 1.100 millones de euros para salvaguardar el buen funcionamiento del sistema en los próximos años y con objetivos estratégicos para ir siempre un paso por delante, sobre todo en los relativo a la ampliación de las zonas y beneficiarios de la desalación.

Por su parte, el director general del Agua se preguntó si el modelo de gobernanza, de recuperación de costes del Taibilla, o el de Esamur, con un canon que se cobra por igual a todos por igual, sería exportable para financiar las grandes infraestructuras pendientes, o para pagar el agua de regadío, que los regantes del trasvase pagan a 21 céntimos el metro cúbico, mientras que el resto de regantes sólo lo pagan a 1 céntimo. «¿Hay margen para que los usuarios de regadío del resto de España paguen el agua un poquito más cara y con eso financiar las infraestructuras que necesitamos?, se preguntó José Sandoval.

Otros integrantes del Consejo, como el presidente de la CHS, o el director general de la fundación IEA, recordaron que se trata de un viejo debate, que en opinión de Cabezas, no ha triunfado por «reticencias políticas, porque al final a alguien le ha dado miedo».

Durante la segunda reunión del Consejo de Agua e Infraestructuras, el director general de Ordenación del Territorio anunció que ya está en licitación el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención de Riesgo de Inundación en la Región de Murcia. Según Rollán, con este plan, la Comunidad se convierte en el último eslabón competencial en la regulación territorial en esta materia, ya que siempre será el Ministerio el que ostente la competencia sobre la planificación, el diseño, y la ejecución de las obras de contención y defensa para combatir los riesgos de inundación. «Los papeles por desgracia no salvan vidas, y tenemos el ejemplo de Valencia, que dispone de su propio plan, el Patricova, pero son las grandes infraestructuras las que salvan vidas».

Núcleos preexistentes

En este sentido, explicó que los desarrollos urbanos presentes y futuros, con la aplicación de la legislación estatal, tienen una buena inserción en el territorio a efectos de riesgos de inundabilidad, pero el problema son todos aquellos núcleos preexistentes en zonas inundables o en zonas de flujo preferente, ante lo cual sólo sirven las grandes infraestructuras.

Lorca y Murcia

La gestión del agua se trabaja en todos los niveles administrativos y el papel de los ayuntamientos es clave. El concejal de Desarrollo Sostenible, José Guillén, compartió con el consejo el esfuerzo que está realizando el Consistorio murciano en cuanto a las nuevas infraestructuras verdes urbanas en grandes proyectos en marcha como Conexión Oeste, el Parque Metropolitano, o Conexión Sur, que van a incluir soluciones basadas en la naturaleza para que esos espacios verdes funcionen como esponjas y ayuden a laminar y contener las crecidas. Sin embargo, para continuar con esta apuesta y con la reforestación, Guillén reivindicó la ayuda de otras administraciones: el Ayuntamiento necesita financiación y agua, que se amplíe, por ejemplo, la concesión de aguas reutilizadas por parte de la CHS.

Lorca fue uno de los municipios más castigados por el tren de borrascas del pasado mes de marzo y valoró sus daños en 35 millones de euros. La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, María Hernández Benítez, destacó que es el Consistorio el que ha asumido el grueso de los gastos para recuperar la normalidad. Lamenta que su municipio lleve tanto años esperando las obras que hubieran podido paliar este desastre: las presas de Béjar, Nogalte, Torrecilla, encauzamiento de la rambla de Biznaga y la limpieza de los cauces. «Cuando se habla de retorno económico, sólo hay que fijarse en el coste que ha tenido unas simples lluvias en Lorca», indicó, la edil lorquina, que en su opinión todavía falta una planificación de este déficit hidráulico y que se tenga en cuenta a los consistorios afectados para los diseños, porque son los que mejor conocen aquellas necesidades que se tienen que atender».