Tribunales
Más de 5.000 adolescentes, condenados en una década en la Región
Los dos juzgados de Menores de la Comunidad murciana ingresaron en 2024 1.359 procedimientos, un 29% más que el año anterior

Un momento de la concentración, a las puertas de la Consejería de Política Social, que realizaron los educadores sociales este viernes día 14. / Israel Sánchez
Casi 5.000 menores de edad han sido condenados en la Región de Murcia en la última década, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que publica en su página web.
Estos condenados tienen edades comprendidas entre los 14 (más pequeños son inimputables) y los 17 años de edad. Sí puede darse la circunstancia de que un varón cometa el delito siendo menor de edad y se le juzgue como tal aunque ya haya cumplido los 18. Se trata de una forma de proceder en todos los ilícitos, especifican fuentes judiciales de la Comunidad.
Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de estos penados son de sexo masculino: de los casi 5.000, apenas 800 son chicas.
En concreto, el INE apunta que, de los 393 condenados en el último año del cual se colgó el registro (2023), 338 eran varones y, por tanto, solamente 55 eran féminas. En el ejercicio anterior (2022), de un total de 552 constan 89 chicas frente a 463 chicos.
Un total de 138 chicos fueron sentenciados por delitos sexuales en la autonomía desde 2017, indica el INE
Entre los asuntos más sonados en los que los acusados no tenían la mayoría de edad todavía, el de la violación de Joven Futura (los sospechosos reconocieron lo que hicieron y fueron internados en régimen cerrado) y, más recientemente, el del niño de Totana que mató a su padre a cuchilladas para defender a su madre. El caso de este menor, en libertad vigilada, aún no sale en las estadísticas, al haber sido sentenciado en 2025.
Violencia sexual
Mención aparte merece la violencia sexual. Un total de 138 adolescentes han sido condenados por delitos sexuales en la Comunidad desde 2017 (año en el que comienzan a contabilizarse estos ilícitos), precisa el INE. En 2023 se condenó a 14, en 2022 fueron 34 (el año en el que hubo más) y en 2021, 19.
A este respecto, la fiscal de Menores, Celia Susana Aldaz, pone el acento en que «los delitos contra la libertad sexual han experimentado un aumento significativo» y precisa que «hay que tener presente la dificultad de discernir entre agresión y abuso sexual, dado que, tras la reforma del Código Penal, todo se califica como agresión sexual». «No obstante, podemos distinguir: expedientes por agresión sexual se han abierto 87 y por abuso sexual se han incoado 50».
Aldaz subraya que «en los delitos contra el patrimonio, los expedientes incoados por delito de robo con fuerza han sido 202 y los expedientes por robo con violencia o intimidación ascienden a 135».
«En el caso de los hurtos los expedientes incoados han sido 432. En los delitos de daños fueron 139 los expedientes incoado», indica.
696 autos en 2024
La jurisdicción de Menores no se libra del atasco que ya es endémico en los juzgados de la Región. Los dos que existen (Menores 1 y Menores 2, ambos con sede en la Ciudad de la Justicia de Murcia) siguen acumulando retrasos en la resolución de casos.
Según se desprende de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia correspondiente a 2024, que fue presentada el día del apagón por el todavía presidente de este órgano, Miguel Pasqual del Riquelme, en Menores «quedan en trámite, a final de año, 759 asuntos, esto es, un 19% más que la pendencia de la anterior anualidad».
Los dos juzgados de Menores de la Región dictaron en 2024 un total de 495 sentencias y 696 autos, se lee en la citada Memoria.
Asimismo, ambos órganos ingresaron a lo largo del pasado año un total de 1.359 procedimientos, «cantidad superior en un 29% a los ingresados el año anterior», destaca el TSJ de Murcia.
En cuanto a lo finiquitado, los dos juzgados resolvieron en 2024 un total de 1.214 procedimientos, «cantidad también superior, en un 19%, a los resueltos en 2023».
Respecto a las ejecuciones, la Memoria explica que «han ingresado 423 y resuelto, 395, quedando pendientes de trámite 394 ejecuciones, cantidad superior en un 7% a la de finales de 2023».
Fuentes judiciales aseguraron que la jurisdicción de Menores de la Región de Murcia tiene una de las tasas de resolución más altas del país, con más de 600 asuntos resueltos tanto en el juzgado número 1, como en el número 2. Lo que supone 268 asuntos más de media resueltos que la media de juzgados de Menores en España.
“Esta elevadísima tasa de resolución permite que esta jurisdicción, a pesar de su sobrecarga de asuntos, como la mayoría en la Región de Murcia, mantenga unos tiempos de respuesta en la media nacional, lo que refleja la extraordinaria labor desarrollada, a pesar de disponer de muchos menos recursos”, destacaron.
Pisos, hogar y castigo
Los pisos de cumplimiento de medidas judiciales están destinados a albergar a aquellos jóvenes, menores de 18 años, sospechosos de un delito. Este hogar, pues es una casa, tiene como fin la reinserción de los menores que hayan delinquido y que, de ahí, vuelvan a la sociedad.
Los jóvenes que son mandados a vivir en un lugar así, separados de su núcleo familiar habitual, están libres, pero, como el nombre del lugar indica, siguen bajo estricta vigilancia: la de los educadores que ahí trabajan. El día a día de los adolescentes está marcado por unas pautas que implican cumplir a rajatabla las sanciones impuestas por el Juzgado, realizar trabajos y seguir con su formación. Hay controles para confirmar de que se cumple todo lo ordenado por el juez.

Un momento de la concentración, a las puertas de la Consejería de Política Social, que realizaron los educadores sociales tras el crimen de Badajoz. / Israel Sánchez
En marzo, el sector de los educadores sociales se vio marcado por el asesinato de su compañera Belén Cortés Flor, de 35 años, en Badajoz, a manos de tres menores de los que ella se ocupaba. Los sospechosos tenían 14, 15 y 17 años.
Una sección casi analógica con papel y boli
Aunque se han hecho «avances», la digitalización en la Fiscalía de Menores «no está todavía completada», admite la fiscal Aldaz. ¿Qué sí está hecho? «Contamos con Lexnet para la recepción de documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también comunicamos por Lexnet a los letrados; se utiliza el sistema Geiser en la comunicación con otras instituciones y se itineran los expedientes a los Juzgados de Menores. Todos los Fiscales firman con el certificado electrónico. Se trabajan los expedientes de protección a través de la aplicación ‘Expedientes Protección de Menores’ para conseguir una digitalización completa y mayor control del riesgo y tutelas, así como de los centros de protección de menores», va desgranando la fiscal en la Memoria de su departamento para 2024.
¿Qué falta? «No estamos en el Visor Horus, lo que dificulta el acceso de los letrados y de los juzgados al expediente; tampoco estamos dados de alta en Lexnet para que el juzgado nos pueda registrar (a la Fiscalía) como parte en las ejecutorias y notificarnos en legal forma los trámites, de forma que nos lo remite y firmamos en papel la resolución», lo cual «resta agilidad a la ejecutoria y merma en seguridad», puesto que «dificulta el registro de las ejecutorias y el consiguiente control de éstas».
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