La Región se rebela contra el ultimátum al Trasvase Tajo-Segura

El apagón eléctrico ha conmocionado a España, pero en la Región de Murcia, a ese evento se le ha sumado el apagón hídrico del Trasvase Tajo-Segura, que también ha dejado en estado de shock a los murcianos, especialmente al potente sector agroalimentario regional. El hachazo que ha diseñado el Ministerio para la Transición Ecológica para el año 2027 supera incluso los más pesimistas vaticinios de los regantes y del propio Gobierno autonómico.

Las nuevas normas de explotación del acueducto, que se han adaptado al Plan Hidrológico del Tajo, con sus nuevos caudales ecológicos, hacen prácticamente imposible llegar al nivel 1, es decir, a la situación abundancia hidrológica en los embalses de la cabecera del Tajo, y por tanto los trasvases máximos mensuales de 60 hectómetros cúbicos ya son historia.

Además, en los niveles intermedios se han previsto recortes progresivos e incluso se ha planteado elevar el suelo a partir del cual poder autorizar trasvases: de 400 a 550 o 600 hectómetros cúbicos. En total, según el propio informe del Cedex, el organismo dependiente del Ministerio, que ha elaborado la nueva normativa, el recorte total y en un año de las derivaciones de agua del trasvase para el regadío del Levante español será del 50% por ciento.

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Las reacciones, la mayoría entre la incomprensión y la indignación, han llegado desde multitud de flancos: políticos, sindicales, agrarios y civiles.

El presidente regional, Fernando López Miras, afirmó que la modificación de las reglas de explotación es una «sentencia de muerte» para la agricultura regional, ya que en 2027 será «inviable» esta actividad en la comunidad.

López Miras, que ayer asistió a la segunda jornada del congreso del PP Europeo en Valencia, aseguró que su equipo de Gobierno hará todo lo posible para impedirlo. «Esto es algo que va mucho más allá de la política, es la defensa de nuestra identidad, de nuestro presente y de nuestro futuro», indicó el presidente regional.

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A la vía judicial

Por ello, anunció que el Ejecutivo autonómico va a recurrir judicialmente esta decisión. «Lo vamos a recurrir todo, absolutamente todo, porque es una decisión política, no es una decisión basada en criterios técnicos», advirtió.

Preguntado por las medidas que ha barajado su gobierno para compensar el recorte en el trasvase, López Miras respondió que no hay ningún tipo de medida que sirva para compensar el cierre del Trasvase. «Nada, ni el agua del acuífero, ni la lluvia, ni la depuración, ni la regeneración de las aguas urbanas», enumeró.

«La única medida es defender con uñas y dientes juntos a nuestros agricultores, junto a nuestros regantes, un trasvase que es algo tan simple pero tan importante como el futuro de la Región de Murcia», concluyó.

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Se avecina una cumbre

Por su parte, los mayores damnificados por los recortes, los regantes del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura anunciaron ayer que convocarán en los próximos días a las administraciones de Murcia, Almería y Alicante, a políticos de todos los signos de las tres provincias y a las organizaciones agrarias y empresariales para tratar de parar «esta locura de restricción sin ofrecer nada a cambio». «Todos estamos conectados en nuestra economía y un apagón en una parte de la economía tendrá efectos en todos los sectores», advirtió el presidente del sindicato, Lucas Jiménez, que afirmó que el Cedex recibió de la anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, unas directrices claras para que las reglas no tocaran el trasvase en lo relativo al consumo humano, sino solo al regadío, y para que mantuvieran en niveles máximos los embalses de cabecera.

Jiménez repasó pormenorizadamente las reducciones. La propuesta convierte el nivel 1, el más favorable, en «una quimera imposible de conseguir», al elevar las reservas necesarias de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos, situación que no se habría alcanzado ni siquiera en un año «milagroso» de lluvias como el actual. En ese nivel, se mantendrían los trasvases de 60 hectómetros cúbicos como actualmente, mientras que el nivel 2 rebaja el máximo trasvasable de 24 a 18 hectómetros cúbicos y el nivel 3 pasa de 11 a 9 hectómetros cúbicos, cambios que serán progresivos hasta 2027.

Las reservas mínimas para poder hacer trasvases serán con las nuevas reglas de 531 hectómetros cúbicos frente a los 400 actuales, lo que Jiménez calificó como «un dardo envenenado» que acabará con los regadíos y la agricultura.

Sin embargo, en su opinión, más relevante aún que estos recortes, y «más indignante», es el hecho de que la única alternativa que propone el Ministerio para compensar esta pérdida de recursos hídricos es la desalación, pese a que este sistema de producción no cubre las necesidades del regadío del Levante.

Para compensar la reducción del trasvase, apuntó, se calcula que se necesitarían inversiones por valor de 3.000 millones de euros , pero no hay «ni un duro» de fondos públicos previstos para ello.

Opinión Tribuna LibreMaría del Mar Soriano Oliver

El frágil sueño de la desalación

Por todo ello, cree que «debe haber movilizaciones» para parar este proyecto, que la próxima semana se publicará en forma de Real Decreto en el BOE y se expondrá a información pública, antes de pasar por el Consejo Nacional del Agua, para que sea aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros.

La portavoz del PSRM, Isabel Gadea, aseguró ayer que su partido «no aceptará que se reduzca ni un solo hectómetro cúbico sin alternativas seguras». Gadea recordó que hasta el momento «no se ha aprobado nada» y que «todavía tiene que pasar por un proceso de consulta pública en el que se harán alegaciones». Además, quiso poner en valor que el Gobierno de España ya haya autorizado el mayor trasvase de la historia, 180 hectómetros cúbicos hasta junio, mientras sigue invirtiendo en desaladoras e infraestructuras de regadío».

El diputado regional de Vox en la Asamblea , Alberto Garre, advirtió que el recorte previsto es una medida «absolutamente antisocial» y lamentó que «PSOE y PP sigan en esa carrera de relevos» para perjudicar los intereses murcianos. En este sentido, recordó que «Cospedal trató de cerrar el trasvase y ahora Pedro Sánchez lo quiere recortar un 50%».

Por su parte, el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, quien calificó el hachazo al Trasvase como una «barbaridad que exterminará nuestro sector agrario,» defendió la necesidad de «trabajar para conseguir ejecutar un Plan Hidrológico Nacional que acabe con el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura».