"Los niños del centro de Santa Cruz ya sufrieron un desarraigo y ahora vivirán otro"

«No les importan los niños». Esto es lo que piensa Alfonso Morillas, coordinador de uno de los tres hogares que conforman el centro de protección de menores Rosa Peñas, ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz, diana de Vox desde su creación en 2019.

El Gobierno regional siempre había defendido e, incluso, alabado el trabajo que se hace en esas instalaciones con los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, esta semana la responsable de Política Social, Conchita Ruiz, abogaba por poner fin a su existencia para transitar hacia un modelo más familiar de acogimiento. El viraje en el discurso se produce en plenas negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de 2025.

«Si cierran este centro tendrán que hacer lo mismo con muchos otros porque este es el modelo que impera en la Región de Murcia», explica Morillas, que recuerda que fue el Gobierno regional el que impulsó la apertura de este hogar de protección ante la afluencia de menores que llegaban a la Región.

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En la actualidad, 60 menores de 10 a 17 años conviven allí. «Aquí tienen su hogar», subraya, «asombrado con que se juegue» con los trabajadores y los usuarios. «Algunos chicos lleva aquí cuatro años, han recibido charlas, van al fútbol, forman parte de los ‘Scout’, están escolarizados en la zona, hacen cursos preparatorios para trabajar. Todo ese trabajo, ¿qué?», se pregunta Morillas, que también es delegado sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Rosa Peñas.

Los trabajadores denuncian el daño que se les puede hacer a los menores: «Ya sufrieron un desarraigo y ahora vivirán otro».

Pero no es lo único que les preocupa. Más de 80 personas se encuentran empleadas en esas instalaciones de la Fundación Antonio Moreno. «Hay mucho miedo e incertidumbre», reconoce Morillas, al que no le para de sonar el teléfono para preguntarle si les van «a echar» o «dónde los van a llevar».

Desde el Comité de Empresa de este hogar de protección denuncian haberse enterado de la situación por la prensa, después de que el Gobierno diera su brazo a torcer tras ser preguntados por este asunto en la Asamblea Regional. «¿Cuándo se va a cerrar? ¿Hay plazo para buscar alternativas? Todos mis compañeros temen por su puesto de trabajo», manifiesta el coordinador.

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Además, los trabajadores son tajantes ante las constantes vinculaciones entre este hogar de protección y la delincuencia en los alrededores de Santa Cruz: «No hay ningún caso de violencia ni de nada por culpa de los menores que han pasado por aquí».

Los trabajadores del sector de Protección de Menores llevan meses en la calle pidiendo mejoras en sus condiciones laborales y, justo la semana pasada, exigieron sentarse con la Comunidad, patronal y sindicatos para «eliminar la precariedad laboral a la que son sometidas las personas trabajadoras del sector y de la que emanan sucesos tan trágicos como el ocurrido en Badajoz».

Desde Comisiones Obreras denuncian que los conciertos del sector entre Administración y patronal que firman los últimos años en la Región de Murcia no permiten cumplir con lo dispuesto en el Convenio Colectivo sectorial, ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, ni a nivel económico».

Comisiones Obreras reclama una mesa regional del sector

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) reclamó ayer la Mesa regional del sector del Menor dedicada a promover la dignificación de las condiciones de trabajo de las plantillas profesionales, en coordinación con el resto de administraciones públicas, con el fin de asegurar una mejora del servicio. Ante el mensaje del Gobierno regional de «implantar el modelo de acogida de menores que propone la UE, la ONU, el propio Gobierno de España a través del Ministerio de Infancia y el Defensor del Pueblo», la Federación de CC OO Enseñanza en la Región de Murcia cree en que si la Comunidad pretendiera mejorar el modelo de acogida ya hace años que habría convocado una mesa con patronal, Comunidad y sindicatos para trabajar en la protección y seguridad de menores y plantilla. No obstante, celebran el giro del discurso. «Después de extender el estigma contra los menores, será más difícil promover un sistema de acogida en familias pero como sindicato de clase nos complace ver al Ejecutivo dispuesto a ejercer la protección del sistema de menores desde el sentido más radical de la política», explicó Nacho Tornel.