El cura activista murciano Joaquín Sánchez, en El Salvador: Utopía contra el régimen de Bukele

«Fue una experiencia profunda porque compartimos la vida y la lucha con personas de trece países de América Latina, el Caribe, el norte de América y Europa: experimentas que sigue habiendo buena gente y comprometida en todos los lugares del mundo que son pequeños oasis de utopía por un mundo mejor, más humano, que son signos de esperanza en un mundo que grita por la justicia, por la paz, por los derechos de los pueblos y de la naturaleza». Así se expresa el sacerdote y activista Joaquín Sánchez al regresar de su periplo por El Salvador, un país marcado por el régimen de Bukele.

Sánchez fue una de las cuatro personas de España que viajó hasta El Salvador a propósito de que se cumplen 45 años del martirio de san Óscar Arnulfo Romero, primer santo en este país sudamericano.

«Fuimos con preocupación porque habíamos apoyado a una defensora de los derechos humanos de El Salvador que se encuentra en España y que está perseguida por el gobierno de Bukele», dice el religioso a La Opinión.

Joaquín Sánchez hace hincapié en que en El Salvador «el problema más acuciante es el hecho de que se vive en un estado de excepción, donde Bukele se erige como un gobernante despótico, soberbio y prepotente, que controla todas las instituciones públicas».

Pregunté a una joven cuál era el futuro de los jóvenes y me dijo que tenían que emigrar

En este sentido, asevera que «la pobreza ha causado que se produzca una emigración que se traduce en que entre 500 y 600 personas salgan cada día del país hacia el norte y que muchos se encuentran dos fronteras difíciles de superar: el sur de México y la frontera norteamericana».

«Le pregunté a una joven que trabajaba en un restaurante que cuál era el futuro de los jóvenes y me dijo que no tenían futuro en su país y que tenían que emigrar», subraya el religioso murciano.

Sanidad desmantelada

Sánchez explica que en El Salvador «hay un desmantelamiento de la sanidad», puesto que «se han cerrado muchos centros sanitarios comunitarios y los hospitales no tienen muchos medios para atender a las personas enfermas».

Asimismo, «hay un desmantelamiento del sistema educativo, que ha provocado el cierre de cientos de centros escolares y que los maestros tengan que atender al mismo tiempo a varios cursos en la misma aula», especifica el religioso, que también pone el acento en que, para más inri, «se han reducido las ayudas sociales».

Esto se debe a que «el esfuerzo presupuestario se dedica a la Policía y al ejército, porque, según el presidente Bukele, los enemigos de El Salvador están dentro del país», explica el murciano, a lo que añade que «hay gente que nos indica que para Bukele los enemigos del país son los que no piensan como él ni aceptan sus decisiones y ofrecen otras alternativas».

Estados Unidos ha reanudado las deportaciones de migrantes, a los que acusa de ser pandilleros, a El Salvador. A la pregunta de cómo se viven en el país estas operaciones, Sánchez precisa que «la gente tiene miedo a expresar su opinión abiertamente: de hecho, a modo de ejemplo, si un médico se queja de que no tiene material médico es despedido o lo trasladan a un lugar lejano de su hogar».

Hay un gran alivio por la desaparición de las maras, pero se creó una estructura dictatorial

«A pesar de ello, hay gente comprometida con los derechos humanos que dicen que bajo la acusación falsa de ser pandilleros, a quienes están deportando son migrantes. De hecho, ya hemos visto en medios españoles situaciones de gente que no ha hecho nada y que por una decisión arbitraria están encerrados en cárceles salvadoreñas en un régimen atroz», subraya el sacerdote.

El cura admite que en El Salvador «hay un gran alivio por la desaparición de las maras, que cometían todo tipo de crueldades con una gran impunidad: extorsionaban, violaban, robaban, torturaban y asesinaban. Los territorios que dominaban eran lugares de horror». «Pero, por otra parte, nos encontramos que ese estado de excepción se ha utilizado para generar una estructura dictatorial», en la que «hay persecuciones y detenciones de los defensores de los derechos humanos», significa.

«Ahora mismo hay una lucha del campesinado contra la ley de la minería que pone en peligro sus cultivos, la tierra y el agua con amenazas de ser desalojados si no aceptan la llegada de empresas extractivistas extranjeras, sobre todo de Canadá», recalca. «Hay un conflicto entre Bukele y la Conferencia Episcopal Salvadoreña porque han recogido 50.000 firmas para que se derogue esa ley de minería, y hay un grito: ‘Sí a la vida, no a la minería’», incide.