Social
El Defensor del Pueblo pide a la Comunidad perspectiva de género para prevenir suicidios en centros de menores
Gabilondo dice en su informe anual que los protocolos no tienen en cuenta las diferencias entre sexos al analizar los desencadenantes de la conducta autolítica
La institución recibió en 2024 un total de 872 quejas desde la Región
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, llega al Congreso este martes. / Eduardo Parra (Europa Press)
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Comunidad que aplique la perspectiva de género a fin de prevenir suicidios en adolescentes que cumplen condena en centros de menores de la Región.
Ángel Gabilondo registraba este martes en las Cortes Generales el informe anual de la actividad de la institución en 2024, un documento en el que cita en diferentes ocasiones a la Región de Murcia, por varios asuntos, que van de la demora en el pago del bono alquiler joven al retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones, pasando por la ausencia de un servicio de orientación jurídica en el CIE de Sangonera, en Murcia.
Hay mayor proporción de autolesiones de las niñas que de los niños en varios centros de la comunidad murciana
En el capítulo dedicado a la salud mental, la institución pone el acento en los protocolos de prevención de suicidios y autolesiones en centros de menores de la Región, los cuales, al igual que pasa con los de Comunidad Valenciana y Andalucía, «siguen sin la incorporación de perspectiva de género y de diversidad sexual».
El Defensor del Pueblo hace entrega de su informe a la presidenta del Congreso, este martes en Madrid. / Eduardo Parra (Europa Press)
Esta carencia ya fue comunicada a los poderes públicos por Gabilondo y desde la Comunidad han tomado nota. «Tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como las comunidades autónomas cuyos centros de menores han sido visitados han aceptado la recomendación de que se incorpore la perspectiva de género en el Protocolo de prevención de suicidios», celebra el Defensor.
Ahora que la perspectiva de género aún no se aplica, «se registra una mayor proporción de autolesiones de las niñas que de los niños en varios centros de la Región», al igual que ocurre en los de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Un libro-registro y conteciones
«En el ámbito de las autolesiones, los protocolos que se aplican en estas comunidades autónomas, en términos generales, no tienen en cuenta circunstancias diferenciales entre niños y niñas entre los desencadenantes, como las relaciones sociales», explica Ángeles Gabilondo, que insiste en que por este motivo «se recomendó a estas tres comunidades que se abra en los centros un libro-registro de autolesiones y protocolo de prevención de autolesiones, incorporando la perspectiva de género y de diversidad sexual».
Asimismo, el informe recalca que recomendó «la revisión con enfoque de género de los motivos de aplicación de las contenciones, así como del procedimiento de inmovilización y del sexo del personal que lo realiza, a los gobiernos autonómicos de Navarra, Extremadura, Andalucía, Valencia y la Región de Murcia». Gabilondo, en su función de Mecanismo Nacional de Prevención, comprobó que los datos más recientes disponibles (del año 2023) de estas tres últimas comunidades «muestran una aplicación desproporcionada de los medios coercitivos a niñas en sus centros dependientes».
A este respecto, el Defensor del Pueblo afirma que «las niñas, en un amplio porcentaje, han sufrido violencia de género y violencia sexual y, conforme a la regulación nacional e internacional es necesario adoptar prácticas de tratamiento diferentes para satisfacer sus necesidades particulares y garantizar su protección».
Por ello, solicitó información sobre los motivos de esta mayor proporción de aplicación de medios de contención a las niñas en centros dependientes de esas tres comunidades autónomas.
Cuidar y proteger al menor condenado
El Instituto de Medicina Legal cuenta con un Equipo Técnico especializado de los Juzgados de Menores: son cuatro unidades, con un psicólogo, un trabajador social y un educador cada una. Estos expertos asisten en la evaluación y orientación de menores infractores involucrados en procedimientos judiciales. Esto es, de menores sospechosos. Presuntos delincuentes.
Aportan informes y asesoramiento al juez sobre la situación personal, familiar y social del menor, facilitando la adopción de medidas adecuadas para su reeducación y reinserción.
Cuando un menor es condenado por un delito, la ley establece medidas socioeducativas, no penas, priorizando siempre la reeducación y reinserción: le puede ‘caer’ desde libertad vigilada a prestaciones en beneficio de la comunidad, pasando por internamiento en centros específicos o tratamiento terapéutico.
La condena más restrictiva es internamiento en régimen cerrado. Ocurre es casos especialmente graves, como el de los violadores menores de edad de Joven Futura que agredieron a dos chicas de 14 y 15 años en 2022.
Las medidas dependen no solo de la gravedad del delito, sino de la edad del menor en el momento del hecho y sus circunstancias personales y sociales. Cabe recordar que, si el delito lo comete un niño que no ha cumplido los 14, es inimputable.
La ley permite la suspensión de medidas si el adolescente demuestra un progreso en su proceso de reinserción.
Por otro lado, el Defensor envió de oficio en 2024 once recomendaciones a 33 ayuntamientos, entre ellos los de Murcia y Lorca, por su retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Además, lamenta la «escasa oferta» de actividades extraescolares para los alumnos con discapacidad en muchas zonas de España. En este contexto, hace referencia a la recomendación formulada al Ayuntamiento de Alcantarilla y la posterior actuación seguida ante la Consejería de Educación, para que por las administraciones competentes se dotase a los proyectos y actividades municipales de los recursos personales necesarios, de forma que no resulte segregadora o discriminatoria para ningún niño o adolescente.
Quejas recibidas
El Defensor del Pueblo recibió en 2024 un total de 872 quejas procedentes de la Región de Murcia. El año anterior, 2023, fueron 869 las quejas de vecinos de esta Comunidad.
Se trata de «quejas recibidas por correo electrónico, en el que no se determina su origen o procedencia», precisa la institución.
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