La jubilación parcial en la Región prevista para el 1 de abril requiere dos reformas

Más de 2.000 funcionarios de la Región podrían cumplir los requisitos exigidos para poder acogerse a la jubilación parcial que debería entrar en vigor el próximo día 1 de abril, según las estimaciones del secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda.

Lo que no está claro en este momento es cuándo empezará a aplicarse de forma efectiva, dado que esta fórmula requiere previamente la reforma de la Ley de la Seguridad Social y del Estatuto Básico del Empleado Público, según indica el coordinador del área de Comunidad Autónoma de CC OO, Francisco Saura.

También la Consejería de Hacienda da por hecho que una vez que concluya la tramitación en el Congreso, «habrá que desarrollarla reglamentariamente», por lo que prevé que su aplicación no será inminente. En esta situación considera prematuro hacer una estimación del número de funcionarios de la Administración regional que podrán acogerse a la jubilación parcial.

Las incógnitas que plantea la posibilidad de que realmente llegue a aplicarse en la fecha prevista el decreto 11/2024 del 23 de diciembre también ha llevado a CSIF a pedir a la Secretaria de Estado de Función Pública que dicte una instrucción para que pueda hacerse efectiva la jubilación parcial. Dado que falta apenas una semana para el 1 de abril, resulta difícil que dé tiempo a culminar la tramitación.

Antonio Martínez Peñaranda recuerda que se trata de una fórmula que ya estuvo en vigor hasta que se produjo el recorte en la Administración del año 2012 con el fin de reducir el gasto público tras la caída de los ingresos.

Su aplicación requiere la reforma de dos leyes, por lo que será difícil que se cumpla el plazo

El dirigente de UGT señala que permitirá a los funcionarios que acceden a la jubilación compaginar su retiro con el mantenimiento de una jornada de trabajo de hasta el 75%, mientras que «el empleado público que va a sustituirle adquiere los conocimientos necesarios» para asumir el puesto. «Desde UGT SP solicitamos la agilización necesaria para minimizar la pérdida de conocimiento que conlleva una jubilación masiva de personal funcionario de nuestra Administración», indica.

Martínez Peñaranda considera que esta fórmula «ayudará a facilitar el relevo generacional» en un momento en el que hay un elevado porcentaje de funcionarios que están acercándose a la jubilación y no tienen la posibilidad de transmitir la información adquirida durante décadas de ejercicio. «Son conocimientos que no están escritos ni regulados en ninguna norma», apunta.

El representante calcula que unos 1.200 empleados públicos de la Comunidad Autónoma y 870 de los ayuntamientos de la Región podrían acogerse a esta nueva fórmula destinada a facilitar el relevo generacional en la Administración.

Explica que «los trabajadores pueden acceder a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad legal de jubilación».

En 2025 la edad legal de jubilación es de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses y de 65 años para quienes tengan más de 38 años y tres meses de cotización.

Los funcionarios que hayan cotizado 38 años y tres meses o más podrán acogerse a la jubilación parcial al cumplir los 62. «Estas modificaciones buscan fomentar una transición gradual hacia la jubilación y promover la contratación de nuevos profesionales, como así demandamos desde UGT SP», señala.