Las exigencias de Vox asumidas en Valencia que planean sobre los Presupuestos de la Región

Con abril a la vuelta de la esquina aún hay esperanza de que la Región de Murcia apruebe sus presupuestos para el presente año, sobre todo después de que ayer el presidente valenciano, Carlos Mazón, anunciara en una declaración institucional sin preguntas que había llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas. El peaje será alto, puesto que el proyecto de ley recogerá los grandes postulados de los de Abascal, incidiendo en el rechazo al Pacto Verde Europeo (impulsado por el PP europeo en Bruselas) y a la política migratoria.

«Rectificar es de sabios». Así resumió el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, la aceptación del ‘president’ valenciano de las posturas de Vox. Para él, Mazón «ha hecho una enmienda a la totalidad a la política migratoria que nos hizo salir del gobierno», puesto que «ha reconocido que la inmigración ilegal es un grave perjuicio para la ciudadanía y ha rechazado las políticas verdes de socialistas y populares en Europa, las mismas que impiden hacer infraestructuras hídricas necesarias para retener las riadas».

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Sin embargo, para Antelo hay muchas diferencias entre la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ya que «allí el PP ha cumplido casi todo», mientras que en Murcia el PP aún no ha ejecutado varios acuerdos que firmó con los de Abascal, como el de cerrar el centro de menores de Santa Cruz, el de crear el Cires (Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad) o dotar a la Policía Local «de los recursos jurídicos necesarios para utilizar armas largas policiales, gas pimienta o pistolas táser».

«Si el PP cumple con los acuerdos, rechaza el reparto de inmigración ilegal y el Pacto Verde, podremos hablar y llegar a un entendimiento», concluyó.

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Desde el Partido Popular manifestaron ayer que es «bueno» que la Región de Murcia tenga presupuestos. «Si se antepone el interés general, estamos convencidos de que no habrá ningún obstáculo», señaló el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado. «Más aún —añadió— si se considera que tendrán una línea muy similar a los que se aprobaron para 2024 con un claro refuerzo en las políticas sociales, la sanidad y la educación».

No obstante, subrayó que aún no hay «nada nuevo en cuanto a lo manifestado hasta la fecha», indicando que «se informará adecuadamente cuando se produzca alguna novedad» porque «el marco de cualquier negociación que pudiera establecerse no puede realizarse a través de los medios de comunicación y requiere discreción».

Medidas admitidas

Génova reconoció ayer que se encuentra «cómoda» con el espíritu del acuerdo alcanzando en Valencia, que allana, según fuentes de la dirección del PP, el camino para que sus compañeros en otras comunidades —como Fernando López Miras— hagan lo propio y puedan también llegar a acuerdos presupuestarios con Vox. 

Excepto aquellas exigencias particulares de cada territorio, las reivindicaciones de los de Abascal en estas negociaciones son comunes en las distintas comunidades. Por tanto, analizar el acuerdo firmado por Mazón da pistas de lo que Antelo querrá firmar en la Región. 

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Entre las medidas concretas incluidas en el documento, destacan dos que hacen referencia a las políticas verdes: eliminar todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible, algo que ya ha pedido en la Región; y suprimir las tasas derivadas del Pacto Verde. 

Sobre el gasto «superfluo e ideológico», Vox exige la reducción significativa de las subvenciones a agentes sociales, «chiringuitos ideológicos y de igualdad», además de suprimir todas las partidas destinadas a Memoria Histórica y mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres.

En el apartado, «defensa de la familia», pretende incrementar las deducciones fiscales por hijo, estableciendo prioridad nacional en el acceso a las ayudas, así como añadir nuevas ayudas a la familia.

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También quiere Vox dejar huella en lo referente a los tributos y pide en la Comunidad Valenciana el recorte de dos puntos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, la rebaja del tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la rebaja del tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para transmisiones de parcelas con vocación agraria, entre otros.

En materia de cooperación al desarrollo, exigen eliminar por completo las subvenciones a entidades propalestinas y acometer «el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunidad Valenciana». 

Sobre la inmigración ilegal, las demandas ya se han oído en la Región: eliminar todas las subvenciones de ONG de apoyo a inmigración ilegal, incorporar una partida presupuestaria para pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales y reservar una partida para impulsar un plan de retorno de inmigrantes irregulares.

Centro de Santa Cruz

Vox exige el cierre del hogar de protección de la pedanía murciana de Santa Cruz; sin embargo, esta acción entraña dificultades. Aunque lo llame «centro de menas» (siglas de ‘menores extranjeros no acompañados’), la Comunidad no segrega a estos niños por nacionalidad, por lo que en estas instalaciones conviven menores migrantes con otros nacidos en España. Si se cerrara, la administración tendría que abrir otro hogar para estos niños, ya que, de lo contrario, quedarían en la calle. 

De hecho, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad promueve el acogimiento de menores tutelados con la campaña ‘Atrévete a ser su familia’ con el reto de que, para finales de este año, no haya ningún niño menor de 6 años en hogares de protección, y para el año 2030, ningún menor de 10 años en este tipo de centros.

Cerrar un centro de menores es desmantelar un servicio social básico, como es contrario a los derechos humanos prohibir la entrada a estos hogares de protección a un niño por no tener el DNI español.