Educadores de la Región, tras el asesinato de Badajoz: "Las agresiones en pisos tutelados son nuestro día a día"

Educadores sociales de la Región de Murcia aseguran que «las agresiones y las amenazas en pisos tutelados son el día a día» y afirman que se trata de una realidad que «ha estado muy normalizada durante muchos años, como si fuese una cosa muy natural». 

Así lo explica a La Opinión Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, que subraya que los profesionales del sector acuden a sus puestos «con la sensación de ‘vamos a ver lo que nos encontramos hoy’», pero no precisamente pensando que va a ser algo bueno.

El sector ha alzado la voz en toda España a raíz del caso de Belén Cortés Flor, la educadora social asesinada hace unos días en Badajoz. Por este crimen fueron detenidos tres menores, los cuales estaban a cargo de la víctima en un piso de cumplimiento de medidas judiciales. Los colegas murcianos de Belén Cortés Flor, con hondo pesar por su muerte, tienen claro que en la Comunidad han de implantarse con urgencia medidas para que no se repitan tragedias así. En la Región hay entre 1.200 y 1.300 educadores sociales, 700 de ellos colegiados.

Denuncian "una ratio de profesionales muy baja en relación a los niños": una persona para diez adolescentes

«La situación es la misma que en el resto del Estado: hay una precariedad laboral bastante importante», subraya Miguel Ángel Martínez antes de participar en la concentración que, este viernes, tenía lugar en el exterior de la Consejería de Política Social de la Región, en la capital murciana. ‘Que la vocación no se rompa por miedo’, se leía en uno de los carteles que portaban. ‘Las vidas de las que cuidamos también importan’, rezaba otra de las pancartas.

Trayectorias vitales "muy duras"

El portavoz del Colegio no quiere que el foco se ponga sobre los adolescentes (de la Región y de toda España) que se encuentren cumpliendo condena en centros o en pisos tras haber cometido un delito, dado que son «niños y niñas que tienen unas trayectorias vitales muy duras». Por eso prefiere que la responsabilidad se ponga sobre la Administración y sobre las condiciones laborales del sector.

De este modo, recalca que «la compañera asesinada tenía un salario de mil y pocos euros» y asegura que en la profesión hay «intrusismo» y «una ratio de profesionales muy baja en relación a los niños». En cada uno de los treinta pisos tutelados que hay en la Comunidad, significa, hay «una educadora para diez chicos». 

Apenas hay denuncias porque "el problema no son los chicos", sino la Administración

Martínez considera que, si los poderes públicos ponen los medios adecuados, los educadores sociales no se verán obligados a «tener que ir con miedo a nuestro trabajo». «Hay puestos en los centros de medidas judiciales en los que te encuentras muy solo», destaca, aunque incide en que «el problema no son los niños con los que trabajamos, son las condiciones en las que tenemos que desarrollar el trabajo». «La responsabilidad de la Administración», asevera.

Minimizar costes

Pone el acento en que «el 90% de los centros relacionados con la protección y reforma están concertados con la Administración con entidades de título privado», lo cual «perjudica gravemente».

La razón es que «estas entidades tienen que arreglárselas con el dinero de las subvenciones», con lo cual «intentan minimizar los costes y la precarización llega a los trabajadores». En cuanto al intrusismo, Martínez comenta que el problema es que «Educación Social es una titulación de grado superior y hay técnicos de integración social, que tienen un grado medio, un nivel menos en la titulación, con lo que las contrataciones son más económicas».

Educadores sociales de Murcia se concentran tras el asesinato de su compañera en Badajoz

Con este panorama, y la falta de medios, «hemos tenido muchas agresiones» en la treintena de pisos tutelados, de los cuales solo «un 10% son de responsabilidad directa de la Administración».

De las denuncias que sí se ponen, apostilla que «muchas no tienen un resultado positivo. Pero lo importante de esto es que los recursos y los medios estén puestos por parte de la Administración», hace hincapié. 

Apenas hay denuncias

Aunque las agresiones son, según los educadores sociales, algo constante, lo cierto es que a la Fiscalía de Menores llegan pocas denuncias al respecto. Las que sí se presentan son «por hechos de poca gravedad: insultos, amenazas o roturas de mobiliario», apuntan fuentes del Ministerio Público, que admiten que sí hay denuncias, pero no son significativas del total de asuntos que se tramitan en la Fiscalía de Menores.

Esos episodios se dan en pisos. En los centros de internamiento de menores de la Región (La Zarza y Las Moreras) no hay constancia de ninguna agresión violenta, manifiestan las mismas fuentes.

¿Y qué ocurre cuando uno de estos menores tutelados es denunciado de nuevo? A los menores de protección que se les abre expediente de reforma, si se les impone una medida de medio abierto como tareas socioeducativas o libertad vigilada, la cumplen en su centro de protección. En el caso de que se les condene a internamiento, salen del piso tutelado y pasarán a vivir en los centros de La Zarza o Las Moreras.

"Intentar ayudar"

A este respecto, el vicepresidente del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región reconoce que muchas veces los agredidos no denuncian. ¿Qué se lo impide? Su vocación, lo que él llama «la perspectiva de intentar ayudar». De ahí que «muchas agresiones no son notificadas a la Fiscalía», admite. Porque «el problema no son los chicos con los que estamos trabajando», subraya.

El diario preguntó por este asunto a la Consejería de Política Social, desde donde declinaron pronunciarse al respecto.