Más de 450 fallecidos por covid en las residencias a los que no amparó la Justicia

«Desde el primer momento, la Región de Murcia tomó decisiones valientes, anticipándose a muchas medidas del Gobierno de España y demostrando que una gestión eficaz podía marcar la diferencia». Así recordaba ayer el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, el estallido de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus por el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma. Sin embargo, no se pudo evitar que el virus entrara en las residencias de ancianos, segando la vida de un total de 452 de ellos, según los propios datos de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. De ellos, solo 165 fallecieron en el hospital.

Un nutrido número de familiares de las víctimas acudieron a la Fiscalía para denunciar el protocolo de la Comunidad que, en muchos casos, impidió que los mayores infectados por la covid-19 pudieran ser llevados al hospital; sin embargo, ninguna de las querellas prosperó.

Isabel Franco, que era vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social cuando comenzó la pandemia, defiende que durante la primera ola, la Región logró «contener bastante» los contagios.

Fue tan inusual la falta de enfermos por este virus en la Región, que la portavoz del Gobierno de Murcia de entonces, Ana Martínez Vidal, relacionó la ausencia de contagiados con la ausencia de infraestructuras como el AVE.

Franco recuerda que, tras el Consejo de Gobierno de la primera semana de marzo, convocó un Consejo de Dirección Extraordinaria en su Consejería en el cual se decidió el cierre de los centros sociales de la Comunidad y se limitaron las visitas. Poco después, se decretó el estado de alarma y el aislamiento de los ancianos en las residencias fue total. La exconsejera recuerda que desde el Gobierno central se decretó la centralización de todo el material de protección para que pudiera destinarlo a donde más falta e hiciera y ella hizo caso omiso. «Consideré que lo que ya estaba en el IMAS debía de estar al servicio de las residencias», recuerda.

Esa era la intención, pero la falta de material, recursos y, sobre todo, personal , se hizo patente desde el primer momento. En la residencia Cáser, fueron tantas las bajas de los trabajadores, que se podían contar con los dedos de una mano las personas que quedaban para cuidar de los usuarios.

Aquella primera ola fue relativamente suave en la Región de Murcia solo si la comparamos con otras comunidades autónomas, pero el brote de la residencia Cáser de la pedanía murciana de Santo Ángel encendió todas las alarmas. Al menos 34 personas murieron como consecuencia del coronavirus en pocas semanas. Los familiares hablaban de 40.

El caos fue tal que la Consejería acabó tomando el control de la residencia tras la muerte de un hombre de 85 años que falleció en el Hospital Quirón de Murcia. Un día antes, Isabel Franco tuvo una videoconferencia con representantes de residencias privadas y concertadas de la Región para analizar la situación de alarma provocada por la covid-19 en la que el representante de este centro afirmó que la situación era normal, descartando que tuvieran ningún caso sospechoso. Además, acabó pidiendo al Ejecutivo central la presencia de la UME. Las medidas, no obstante, no podrían evitar las decenas de contagios y muertes en Cáser.

En total, entre los meses de marzo y abril de 2020 murieron 66 usuarios en estos centros. «Fue angustioso, nadie quería entrar en las residencias, lo veían como una muerte segura», recuerda Franco.

La segunda ola de coronavirus, por desgracia, no vino a cambiar las cosas. «Lo más traumático para mí fue no poder evitar que entraran los trabajadores de las residencias en los centros después de las vacaciones sin hacerles antes una PCR», recuerda Franco, que asegura que, aunque insistió, desde la Consejería de Salud se negaron a implementar la medida porque no se disponía de medios suficientes. Además, eso obligaría a hacerles estas PCR también a todos los sanitarios que volvieran de sus vacaciones.

El virus volvió así a entrar en las residencias y, a principios del mes de noviembre de 2020, la covid-19 ya se había llevado por delante la vida de otras 60 personas mayores. Solo en la ubicada en Villanueva del Río Segura había 63 positivos entre los residentes, a los que había que sumar 18 de sus empleados. Casi un tercio de las muertes por coronavirus en la Región se habían dado en estos centros.

Finalmente, las denuncias de las asociaciones de familiares de los fallecidos quedaron en papel mojado. Ayer, Podemos recordó que «sigue sin haber justicia para las personas ancianas que fallecieron en la Región de Murcia» porque «ningún juzgado ha tomado cartas en el asunto y ninguna investigación ha aclarado cuántas de esas muertes se podrían haber evitado». Los morados llevaron a la Asamblea en 2022 una nueva Ley de Residencias que fue «vetada por el PP y sus tránsfugas» y ahora plantearán una modificación de la normativa vigente de residencias «para aumentar por ley el personal sociosanitario».