Política

El PP confía en pararle los pies a Costas con su nueva ofensiva en el Congreso

Pretende aprobar una reforma legislativa que salve del derribo casi 400 viviendas en la Región que se encuentran dentro del dominio público

Manifestación de la plataforma Somos Mediterránea en 2022, frente a una de las casas afectadas.

Manifestación de la plataforma Somos Mediterránea en 2022, frente a una de las casas afectadas. / L. O.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Conseguir la reforma de la Ley de Costas que salve del derribo a cerca de 400 viviendas en la Región de Murcia es una carrera de fondo para el Partido Popular. Bien lo sabe su portavoz en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, que este martes volvía a defender una moción de apoyo a los propietarios de estos inmuebles afectados y anunciaba la presentación de una nueva Proposición de Ley en el Congreso.

Primero, se debatió una reforma legislativa en la Asamblea Regional en julio de 2022, que fue finalmente elevada al Congreso de los Diputados y allí fue rechazada. Era otro Parlamento, previo a las elecciones de julio de 2023. Más tarde, el PP volvió a la carga y llevó su propuesta al Senado, con amplia mayoría del PP, en marzo de 2024, por lo que salió aprobada

El PP exige que se paralicen las acciones sobre estos inmuebles hasta la resolución de los expedientes 

No contó solo con los votos del PP, sino que salió adelante con el voto a favor de 153 senadores: los 143 del Grupo Popular; y otros de Junts, IU, UPN y Vox. Hubo 96 votos en contra: del PSOE (89), PNV (6) y del Grupo Izquierda Confederal (1). 10 senadores se abstuvieron. Si los mismos grupos que apoyaron la reforma en el Senado votaran en el mismo sentido en el Congreso, la reforma saldrá adelante, poniendo fin a la pesadilla que los propietarios de estos inmuebles de Los Nietos, Puntas del Calnegre, Nares en Mazarrón y Playa del Levante en Cabo de Palos llevan sufriendo durante décadas.

El miércoles de la semana pasada, en pleno temporal, los funcionarios de Demarcación de Costas del Estado acudieron a Cabo de Palos para realizar el acto de apeo en un tramo de 300 metros afectado por los nuevos deslindes lanzados por ese organismo público para fijar el dominio público. 

El presidente de la Asociación Somos Mediterrania, Manuel López, que engloba a más de cincuenta asociaciones vecinales afectadas por los nuevos deslindes de Demarcación de Costas, asegura que la postura de los funcionarios con los vecinos de Cabo de Palos es «especialmente sangrienta y significativa» porque los nuevos límites de dominio marítimo-terrestre «no tienen justificación jurídica».

Las asociaciones piden «que no se politice» el problema porque estas construcciones «no son ilegales»

El área de influencia de esta asociación alcanza las provincias de Huelva, Almería, Región de Murcia, Alicante, Valencia y Castellón de la Plana. «En los últimos años, hemos sacado adelante más de veinte mociones de apoyo a los propietarios», explica el abogado, que considera que «los ayuntamientos conocen la realidad de las costas mucho mejor que un funcionario de Madrid» que llega a delimitar qué viviendas se tienen que derribar, aunque sus propietarios lleven decenas de años viviendo allí. 

Desde Somos Mediterrania solicitan al PSOE que «dejen de politizar» este asunto porque «este no es un problema partidista». 

«El Ministerio para la Transición Ecológica habla de construcciones ilegales, pero yo conozco al detalle algunos expedientes de Cabo de Palos y no es así», asegura, lamentando que, para estos vecinos, «vivir cerca del mar se ha vuelto una desgracia». Defiende que la regresión del litoral de las costas españolas por los efectos del cambio climático ha supuesto que estos núcleos urbanos costeros se hayan visto incluidos en el dominio público. «Estas viviendas no estaban construidas tan cerca del mar», añade.

Puntos de la modificación

La reforma de la Ley de Costas que persigue el PP añade una disposición adicional que proteja a aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que «acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de aspectos culturales, históricos o turísticos», aquellos que «estén integrados en un entorno costero antropizado y asentado de manera tradicional» o que «posean un título legítimo o licencia administrativa, con tracto sucesivo suficiente y acreditado con carácter previo a su inclusión en el dominio público terrestre o anterior a la Ley de Costas». Según esta iniciativa, estos núcleos urbanos serán excluidos del dominio público marítimo terrestre. Otro de los objetivos es paralizar las órdenes de derribo o deslinde en curso sobre estas viviendas «hasta la resolución de los expedientes».

«No queremos que nos consideren okupas de nuestras casas»

Insignia de Cartagena Futuro para José Antonio Luque

José Antonio Luque, vecino afectado por los nuevos deslindes de Costas. / L. O.

José Antonio Luque ha puesto cara a la lucha de los afectados por los deslindes de Demarcación de Costas. «Ya quisieron derribar mi casa en 1991. Entonces, me tuve que ir a Murcia a explicar a las autoridades que con mi casa se habían equivocado. Les enseñé el IBI y otros documentos que les sirvió para poner fin al paseo marítimo, que debía pasar por mi casa», explica. 

Luque lleva más de 80 años allí, por eso considera que es un «despropósito» la última visita de los funcionarios de Demarcaciones de Costas del Estado la semana pasada. «Hacía un temporal horrible, les pedí que volvieran otro día, pero no me hicieron caso. Llegué a mi casa calado», recuerda. Fue incapaz de evitar que colocaran el nuevo deslinde «diez metros por detrás de su casa». 

El nuevo deslinde impuesto por el Ministerio pasa diez metros por detrás de su casa, que llevan queriendo tirar desde 1991

Este vecino de Cabo de Palos estuvo presente en el último Pleno de la Asamblea para seguir el debate de la moción de apoyo a los propietarios de las casas en peligro de derribo. «No entiendo cómo es posible que nos hagan esto a nosotros con los disparates que hemos visto hacer en La Manga», señala. «No queremos que nos consideren okupas de nuestras casas», insiste. 

Con décadas de lucha a sus espaldas, Luque asegura que «mantiene la esperanza en la justicia y en que les quiten esta ancla del cuello».

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