El PP apoyará la reforma de la Ley de Participación Institucional que pactó con Vox en 2023 para aprobar los presupuestos

La Proposición de Ley de Modificación de la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia registrada por Vox ha sido retirada del orden del día del Pleno de este martes, ya que contenía defectos jurídicos de los que ya advirtió la letrada de la Cámara la semana pasada, cuando los de Abascal registraron esta iniciativa.

Fue el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, quien tomó la palabra en primer lugar para señalar que, "a la vista del informe jurídico", solicitaba al Grupo Parlamentario Vox la retirada de la reforma para que la "reconsidere". No solo eso. Además, anunciaba su posicionamiento a favor de la reforma de la ley que ya pactó con Vox en el acuerdo de investidura en 2023 para facilitar la aprobación de las cuentas de la Comunidad. "En el marco de un deseable acuerdo presupuestario, el Grupo Parlamentario Popular, tal y como manifestó en el pacto de investidura [...] manifiesta su voluntad de cumplirlo. Les animo a transitar a todos por el camino de la búsqueda del acuerdo. El PP siempre cumple lo pactado", señaló.

Segado hacía referencia al punto 25 del acuerdo de Gobierno firmado entre ambos partidos en septiembre de 2023, cuando se comprometieron, precisamente, a modificar la Ley de Participación Institucional "para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos".

A través de la reforma de Vox, los de Abascal pretendían eliminar la obligatoriedad de financiar a sindicatos y patronal con dinero público y, para ello, su intención es suprimir los puntos 1 y 2 de la legislación, en los que se informa de que el Gobierno murciano consignará, a través de los presupuestos de cada ejercicio, "partidas presupuestarias con asignación nominativa expresamente vinculadas" a "las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas". Además, al tiempo que registraba la proposición de ley, Vox advertía al Partido Popular que tumbarían los presupuestos que están negociando si no apoyaban la reforma.

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Durante su intervención, Antelo se abrió a retirar su iniciativa legislativa para "modificar los aspectos que recoge el informe jurídico" de la Cámara autonómica "para nuevamente volverla a presentar". Subrayó que la línea roja de Vox es que se elimine de esa ley "la obligación de pagar a sindicatos y a la patronal", dejando claro que esa reforma deberá aprobarse "antes de la tramitación de los presupuestos".

El informe jurídico

El informa de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional señala que el contenido de la reforma registrada por Vox "plantea cuestiones jurídicas relevantes". La primera tiene que ver con la fecha de entrada en vigor de la proposición de ley, 1 de enero de 2025. "La Iniciativa incurriría en un vicio de inconstitucionalidad, ya que las disposiciones restrictivas de derechos no pueden tener carácter retroactivo", indican.

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Por otra parte, señalan que el cumplimiento de uno de los apartados de la modificación supondría establecer por ley la "obligación" de que las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas asuman con sus recursos propios los gastos en los que incurran a causa de la participación institucional, "lo que podría traducirse, en la práctica, en la imposibilidad legal de que dichos sujetos pudieran acudir a fuentes de financiación externa, ya sea pública o privada, para soportar esos gastos".

Además, los servicios jurídicos subrayan que la previsión que contiene la iniciativa "es contraria a la normativa básica en materia de subvenciones a la que está sujeta la Comunidad Autónoma y excede, por tanto, de la competencia de desarrollo que a esta corresponde en la materia".