El temor a un colapso judicial a causa de la ILP del Mar Menor es "infundado"

Un aspecto clave para entender las consecuencias que tendrá la ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor es que ahora cualquier persona o asociación podrá personarse como acusación particular. Recuerda el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, que ante los vertidos de salmueras cargadas de nitratos durante muchos años por parte de ciertas empresas, «ni siquiera tuvimos la opción de personarnos como acusación particular, nadie pudo representar al Mar Menor».

Esta capacidad para personarse también tiene sus sombras y algunas voces críticas han alertado de la posibilidad de que se genere una excesiva judicialización de los casos relacionados con el Mar Menor, lo que podría conllevar un menoscabo para el sistema judicial.

Desde Pacto por el Mar Menor no creen que ese extremo vaya a producirse y en cualquier caso recuerdan que son los propios tribunales los que admiten o no admiten la denuncia a trámite.

«Lo que pido a la gente es que antes de emprender este tipo de acciones se asesore previamente y que se actúe con prudencia en este aspecto», señala Ramón Pagán, quien insiste en que lo importante es que la ley acaba con todas las trabas para que el Mar Menor tenga voz en los tribunales. «Eso es lo que cambia realmente», señala.

Por su parte, el abogado especialista en Medio Ambiente y profesor de la UMU, Eduardo Salazar, entiende que se ese temor es infundado y pide recordar que ya llevamos dos años desde la aprobación de la ley en octubre de 2022 y no ha ocurrido. «Cualquier persona podía ir al juzgado y no ha ido; por lo que sé la gente está esperando a que se armen bien los casos», señala Salazar, que recuerda que pasó algo parecido con la acción popular.

Por otra parte, el abogado considera que el gran momento lo vivió con la publicación de la ley, pero ver cómo el reglamento da sus primeros pasos también lo es. «Ahí ves como el Gobierno, tras una larga espera, le da carta de nacimiento a la Tutoría del Menor», asegura el letrado, quien destaca que «hay muchísima gente en Europa y en el mundo pendiente, esperando a ver cómo se pone en práctica esa gobernanza del Mar Menor de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora y creo que es un reto muy importante que se extenderá durante unos años, en los que tendremos que dejar las cosas claras para que esto funcione para siempre».

Otra cuestión que se deberá resolver en los próximos meses es la referida a la financiación. La ley nace sin presupuesto propio y el artículo 4 sólo hace una referencia vaga a este asunto al señalar que la Tutoría del Mar Menor se financiará con «con los recursos que provengan de ayudas, subvenciones y donaciones de personas o entidades, tanto públicas como privadas».

Según ha podido saber esta Redacción, ya se están dando movimientos para constituir los órganos de gobernanza en el marco de la ley de la personalidad jurídica del Mar Menor. El reglamento señala que el encargado de dar los primeros pasos es la Comisión Promotora de la ILP, que se constituye ahora en Comisión Gestora, encargada de impulsar las primeras designaciones.