El Mar Menor, obligado a convivir entre dos leyes: estatal y regional

La aprobación el pasado martes en Consejo de Ministros del reglamento que desarrolla ley estatal para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca ha sido muy celebrada por todos los colectivos en defensa de la laguna, que recuerdan que el último escollo que debía superarse para aprobar el reglamento era la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido Vox. Tras el fallo del tribunal, que reafirmó la constitucionalidad de la norma, el camino estaba despejado para poner en marcha el reglamento.

Los colectivos en defensa de la laguna han calificado la aprobación del reglamento como un paso «histórico», ya que señala el camino a seguir para crear sus tres órganos de representación y gobernanza: Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico, que son los que a su vez conforman la denominada Tutoría del Mar Menor.

Según estas organizaciones, ente las que se encuentran Alianza Mar Menor, Banderas Negras, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos del Campo de Cartagena, Greenpeace, Pacto por el Mar Menor, SEO BirdLife y Yayoflautas-Murcia, es «imprescindible» que estos órganos se pongan en marcha «lo antes posible», para poder tomar iniciativas que «ayuden a desbloquear la situación de parálisis que muestra el Gobierno regional, que ostenta la mayoría de las competencias necesarias para la protección y recuperación de la laguna, y perseguir las agresiones al ecosistema, que a día de hoy se siguen produciendo».

Por todo ello, estas organizaciones aseguran que ya están trabajando en las principales líneas de actuación que van a plantear dentro del Comité de Seguimiento, en el que estarán representadas. De manera prioritaria, aseguran, se enfocarán «en la lucha contra la contaminación de origen agroindustrial y ganadero, sin olvidar el resto de impactos, velando por la restauración del ecosistema y su cuenca vertiente, para asegurar la recuperación y protección del Mar Menor».

El desarrollo de la ley también ha despertado muchas dudas legales y normativas que tendrán que resolverse en los próximos meses. Una de las más evidentes es el riesgo de duplicidades y solapamientos con la Ley de Protección del Mar Menor, de carácter autonómico. Ambas legislaciones incluyen sus propios órganos de gobernanza, entre ellos un comité de asesoramiento científico. En este caso, cabe destacar que hace sólo unas semanas el Gobierno regional informó de que había iniciado ya el proceso para el nombramiento de los vocales científicos. Y lo mismo sucederá con el desarrollo de la ley estatal.

El abogado y uno de los promotores de la ley que reconoce derechos al Mar Menor, Eduardo Salazar, señala que lo que hace la ley estatal es «generar una persona nueva» y regula cómo debe dirigirse y representarse, mientras que la ley autonómica hace «más de lo mismo» y tiene una organización en la que al final la Administración regional «decide y los demás aplauden». En este sentido, cree que la nueva legislación tiene mucho más recorrido, entre otras cosas «porque hay mayoría ciudadana», es decir en cada uno de los órganos siempre hay menos representantes de las administraciones que de la ciudadanía, «y eso no pasa en los órganos de la ley regional, por lo que hablar de duplicidades es muy relativo». En este sentido, el letrado sostiene que la ley estatal «no ha venido a derogar nada, sino a complementar; una promueve que el Mar Menor tenga una forma de decidir por sí mismo y lo otro es la forma que tiene la Comunidad Autónoma de tratar al Mar Menor».

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Sobre la posibilidad de que se generen duplicidades entre ambas leyes, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente recuerdan que quien desarrolla la normativa nacional es el Gobierno de España «y será, por tanto, el Ministerio el que constituirá los órganos recogidos en ese Real Decreto y quien los tendrá que compatibilizar con los órganos existentes». Por otra parte dejan caer que el Gobierno regional sólo ha tenido conocimiento del Real Decreto por los medios y por el BOE, «puesto que nadie del Ministerio nos ha consultado sobre su composición».

Por su parte, el portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, considera que lo deseable sería evitar que estos nodos de decisión funcionen de manera paralela e independiente. «No parece razonable que exista un organismo independiente para cada ley, porque se produciría una duplicidad, de hecho debería existir un solo consejo, pero vamos a ver cómo esto termina por definirse», señala Ramón Pagán.

El portavoz de Pacto por el Mar Menor explica que los órganos de la ley que recoge los derechos propios de la laguna servirá, en primer lugar, para ejercer una labor de vigilancia, sobre todo en el seno de la Comisión de Seguimiento, y también para realizar propuestas. Entre las proposiciones que se llevarán a la mesa, Pagán nombró el uso de los fertilizantes en los campos, la debida regulación de las granjas porcinas o la impermeabilización de los depósitos de purines, «y también se buscarán soluciones para que no continúe de manera permanente el vertido de aguas cargadas de nutrientes a través de la rambla del Albujón».