El Gobierno regional presenta un recurso por apartar al juez Macías de las deliberaciones de la amnistía

El Gobierno regional ha presentado un recurso de súplica contra el auto de recusación del Tribunal Constitucional (TC) al magistrado José María Macías Castaño, que lo aparta de las deliberaciones de todos los recursos contra la Ley de Amnistía —casi una veintena— para «garantizar la imparcialidad» del tribunal.

Primero, el Pleno del TC acordó que Macías no podría intervenir en el recurso que presentó el Tribunal Supremo contra la norma, puesto que se pudo haber formado un criterio sobre la ley cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y participó en dos informes críticos con la normativa. Y ahora, según fuentes de la corte de garantías, consideran que esa decisión debe extenderse al resto de recursos presentados al considerar que incumple lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que «el juez en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse».

Ya fue apartado del recurso del Supremo por participar en dos informes críticos como vocal del CGPJ

El recurso de la Comunidad se ampara en el artículo 93.2 de la Ley Orgánica del TC, que se fundamenta en que el auto de la corte de garantías carece de apoyo legal, pues consideran que ninguna disposición habilita a extender la recusación acordada en un procedimiento judicial a otros de similar objeto «sin la tramitación del correspondiente incidente de recusación», cosa que no ha ocurrido en el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad. 

Recuerdan que, en este proceso, la recusación del magistrado instada por la Abogacía del Estado fue inadmitida por el Constitucional al presentarse de forma prematura, antes de tenerla por personada en el proceso.

La Comunidad cree que no se puede extender la recusación de un procedimiento a otros

Según el recurso de súplica, el Gobierno regional considera, además, que este auto atenta a su derecho a ser oída respecto de una recusación que no ha sido instada por ella, y formular las alegaciones oportunas sobre la composición del tribunal, vulnerando su derecho a un proceso con todas las garantías.

El Gobierno regional presentó su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía el pasado 9 de septiembre, esgrimiendo, entre otros motivos, que afecta al modelo constitucional del Estado español y los principios fundamentales que lo sustentan del que la Región de Murcia forma parte, «pretendiendo declarar inexistentes las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado y que han sido declaradas por los tribunales de justicia».

Los seis motivos por los que el Gobierno regional lleva la ley de amnistía al Constitucional