Oposición a que la Comunidad delegue en las entidades deportivas las pruebas para la licencia de caza

El Consejo Económico y Social (CES) detecta numerosas deficiencias en el decreto que ha elaborado la Comunidad Autónoma para permitir la participación de entidades habilitadas en las pruebas destinadas a la obtención de las licencias de caza y llega a plantear que resulta injustificada esta modificación. La Consejería de Medio Ambiente defiende la necesidad de autorizar a las entidades deportivas para que puedan hacer pruebas de aptitud para la concesión de licencias argumentando que el escaso número de convocatorias existentes hace que haya pocos cazadores, pero el órgano consultivo del Ejecutivo regional contesta que la Comunidad no tiene que fomentar la caza.

«La función de la Administración regional es ordenar el uso racional de la actividad cinegética, sin intervenir en el fomento o no del número de cazadores a costa de la variación del régimen jurídico de las pruebas de aptitud», responde el Consejo en el dictamen aprobado por el pleno de este organismo el pasado lunes.

Añade que, en todo caso, «el incremento del número de cazadores podrá ser fomentado por la correspondiente Federación de Caza y las sociedades cinegéticas».

El CES también critica que «en el proyecto dictaminado se llega a permitir que sean entidades habilitadas para realizar estas pruebas las meramente inscritas en el registro regional de entidades deportivas, aun cuando su objeto no guarde relación alguna con la caza; y, además, nada se dice sobre los requisitos de los tribunales examinadores de estas entidades o su sistema de reclamaciones».

Tampoco comparte el argumento de que la escasez de pruebas en la Región para la obtención de la licencia autonómica lleva a los aspirantes a conseguirla a través de la fórmula ‘online’ que ofrece Aragón, con validez en todas las comunidades adheridas a un convenio, ya que esta vía es muy «criticada», debido a «la falta del adecuado control del examinado».

Ante las discrepancias de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia con la práctica establecida en Aragón, el CES propone dos alternativas: «Plantear en una Conferencia Sectorial interautonómica la procedencia de que la referida Comunidad aragonesa elimine la posibilidad telemática del examen o separarse del convenio». 

El Consejo deja claro que «la función de la Comunidad Autónoma no es posibilitar un número indiscriminado de pruebas (habilitando para ello a entidades privadas homologadas) para, con ello, incrementar el número de cazadores».

Como alternativa para evitar las esperas a los solicitantes propone que se modifique el decreto para que la Administración regional, «a través de la dirección general competente conserve la esencial facultad de fijar los exámenes (y el tribunal al efecto), su corrección y la resolución de reclamaciones, previamente al eventual recurso de alzada».

No obstante, apunta que «la Consejería puede contactar con las entidades que previamente hayan solicitado y obtenido el reconocimiento como entidad colaboradora en la organización de dichas pruebas a fin de que faciliten locales, personal de vigilancia de los exámenes y cualquier otra actividad auxiliar».

También detecta otras deficiencias en la regulación de la licencia de caracter autonómico y dice que «carece de sentido establecer unos requisitos para la obtención de la licencia de caza que no concuerden con los requisitos para acceder a las previas pruebas de aptitud».