PSOE y Podemos cargan contra la Comunidad por permitir durante 17 años la contaminación por metales pesados en Cartagena

Un anuncio "para tapar su inacción y aplazar la solución para descontaminar los terrenos de Zinsa". Así ha descrito el PSOE regional la rueda de prensa del director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, en que ha informado sobre el sometimiento a información pública del proyecto de decreto que fija los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales pesado. A la portavoz de los socialistas murcianos, Carmina Fernández, le resulta "paradójico" que precisamente ahora, cuando se ha dado a conocer un nuevo informe pericial que concluye que existe “un riesgo inaceptable y crítico para la salud de la población”, y que los vecinos van a remitir al Juzgado de Cartagena exigiendo responsabilidades al Gobierno regional, la Comunidad anuncie que saca a información pública los NGR para metales pesados, "17 años después" del cierre de la antigua fábrica de Española del Zinc.

Según Fernández, el Gobierno regional lleva todos estos años permitiendo el "desastre ambiental" de los terrenos de Zinsa, "desprotegiendo la salud de los vecinos y vecinas de Cartagena, permitiendo que durante este tiempo estén respirando altas concentraciones, superiores a las permitidas, de cadmio, zinc, plomo y arsénico. Hablamos de sustancias cancerígenas que son un grave peligro, sobre todo para los niños y las personas mayores", advierte la portavoz, que lamenta que en estos 17 años, lo único que ha hecho el Gobierno regional "es dar patadas hacia delante y retrasar la solución".

Desde el PSOE recuerdan que han exigido en numerosas ocasiones que el Ejecutivo autonómico actúe de inmediato y proteja la salud de los vecinos, tal y como le ha exigido también la Justicia. "En esta Región contaminar sigue saliendo gratis. El Gobierno de López Miras tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y el medioambiente, y no a los empresarios que se niegan a asumir sus responsabilidades y descontaminar los terrenos", sentencia.

La Comunidad exige a Cartagena Parque la retirada de 150.000 toneladas de residuos en los antiguos terrenos de Zinsa

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, considera un escándalo que este decreto se haya demorado más de 5 años, "mientras los vecinos y vecinas de Cartagena, de La Unión o del Llano de Beal siguen respirando veneno" y exige "soluciones urgentes". La portavoz morada lamenta la permisividad que demostrado la Administración regional tanto con los empresarios que contaminaron los suelos como con los propietarios de los terrenos.

Con respecto al nuevo decreto, Podemos sostiene que "no existen niveles totalmente seguros de contaminación cuando hablamos de metales pesados tan peligrosos como arsénico, plomo, zinc o cadmio que se van acumulando en el organismo". En todo caso, la formación morada se ha comprometido a estudiar a fondo el decreto y comparar los niveles genéricos que establece con los que marcan organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea, "para que sean lo más restrictivos posible".

El TSJ da la razón al Gobierno regional

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso presentado por Cartagena Parque contra la resolución del Gobierno regional por la que declaró a esta empresa responsable subsidiaria de la descontaminación de los terrenos contaminados ubicados en Torreciega (Cartagena). 

Con este fallo, la Justicia respalda la labor de la Dirección General de Medio Ambiente «y su compromiso con la recuperación ambiental de estos terrenos y avala que el Ejecutivo autonómico avanza por el buen camino para su descontaminación», afirmó ayer el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata.

La sentencia confirma que Cartagena Parque asumió la obligación de descontaminación al adquirir el terreno en subasta pública y que la superficie afectada coincide con las parcelas previamente declaradas contaminadas. Asimismo, el fallo avala la orden de vaciado de las balsas al considerar probados los riesgos medioambientales que suponen para el entorno.

Fuentes autonómicas aseguran que este pronunciamiento judicial «refuerza la voluntad» de la Administración regional de agilizar la descontaminación de la zona, como demuestra la reciente resolución por la que se impone a los propietarios la obligación de retirar los residuos acumulados en la mayor parte de la parcela no afectada por residuos de carácter radiológico. La sentencia ratifica en su totalidad la resolución impugnada y condena a Cartagena Parque al pago de 5.000 euros en costas judiciales. No obstante, el fallo es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

El director general de Medio Ambiente valoró de manera «positiva» e insistió en que esta decisión «avala el trabajo del Gobierno regional».