Los economistas creen que solo el suelo de los ayuntamientos puede abaratar la vivienda

Los economistas consideran necesario utilizar el suelo que los ayuntamientos tienen disponible para construir viviendas de protección oficial que sean asequibles. El experto en el mercado inmobiliario Ignacio Ezquiaga, que ha intervenido en la presentación del número del Barómetro del Colegio de Economistas en el que analiza la escasez de viviendas existente en la Región, apunta que la única forma de construir casas con precios asequibles es la aportación de suelo público «casi gratuito o gratuito» en poder de los consistorios. «Murcia es la región que más suelo tiene», ha asegurado.

Ezquiaga apunta que las viviendas protegidas constituyen la solución más viable en un momento de escasez marcado por el bajo ritmo de construcción que existe en España desde que la burbuja inmobiliaria frenó en seco la edificación.

Así, ha recordado que el sector llegó a emplear en Murcia a más de 100.000 personas, mientras que en estos momentos solo hay algo más de 40.000 ocupados en las empresas constructoras.

Sin embargo, desde 2014 se ha producido un aumento de los precios en toda España que alcanza ya el 47% como consecuencia del frenazo de la actividad de la construcción, lo que impide que los jóvenes con pretensiones de emanciparse puedan optar a la compra.

Estos precios tan elevados, unidos a la escasez, han contribuido a generar un déficit en la última década, al que resulta imposible dar respuesta en este momento, debido a la gran demanda acumulada.

Según los datos aportados por los promotores de viviendas, el máximo de casas terminadas que se están poniendo en el mercado ronda las 3.500, mientras que el INE estima que en la Región se van a crear unos 10.000 hogares al año durante la próxima década.

Entre las causas de la escasez los economistas destacan igualmente el aumento de los costes de los materiales y de los tipos de interés, además del exceso de impuestos que gravan la vivienda y la especulación. 

En los últimos puestos aluden igualmente a «la parálisis del desarrollo urbanístico» y el exceso de pisos vacíos.

Por otra parte, Ignacio Ezquiaga tampoco considera que el mercado del alquiler sirva como alternativa, dado que también los precios de los arrendamientos han subido por encima de las posibilidades del bolsillo de los jóvenes y de las familias con menos recursos. 

A su juicio, las 76.000 viviendas disponibles para arrendamiento resultan una cifra «poco relevante» teniendo en cuenta la demanda existente. 

Ante la escalada de los precios del arrendamiento los colegiados no son partidarios de la limitación de los  alquileres mediante la declaración de zonas tensionadas. Seis de cada diez economistas consultados consideran que no es la solución más acertada.

Las ayudas directas al alquiler a los colectivos vulnerables y las limitaciones a los alquileres turísticos que están aplicándose en algunas ciudades tampoco son relevantes para más del 40% de los encuestados.

Por el contrario, se decantan por «el incremento de la oferta de vivienda protegida o asequible en alquiler» y por la reforma de la ley de arrendamiento para incentivar tanto la oferta como la demanda de alquiler.

Sin embargo, tres de cada cuatro encuestados consideran que los gastos de la vivienda «deberían estar comprendidos entre el 25 y el 35% de la renta del hogar para garantizar el acceso a la vivienda y un nivel de ahorro saludable».

De hecho, nueve de cada diez encuestados opinan que los gastos destinados por las familias a vivienda, sea por hipoteca o por alquiler, deberían estar por debajo del 35% de la renta del hogar.

Por su parte, Ezquiaga explicó que los hogares españoles destinan de media a este concepto entre el 35% y el 38%, un porcentaje que se eleva al 40% en el caso de los jóvenes.

Discrepancias sobre el riesgo de burbuja

Los autores del Barómetro apuntan que los resultados de la encuesta no son suficientemente sólidos para respaldar la afirmación de que existe «una nueva burbuja inmobiliaria», pero sí para estar muy atentos a la evolución del mercado. No obstante, el 54,4% de los colegiados percibe este peligro. 

Por el contrario, una tercera parte declara que no percibe el riesgo de burbuja y un 11% no se pronuncia.

«En resumen, las opiniones sobre la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria están divididas, sin que existan resultados suficientemente sólidos para respaldar una conclusión definitiva», según se recoge en las conclusiones. «Esto se interpreta como un indicio de que a corto plazo no hay un riesgo elevado, aunque no se puede descartar que la situación evolucione hacia una nueva burbuja».