Alerta en el campo murciano por la reducción de la jornada laboral

Las principales organizaciones agrarias de la Región han mostrado su preocupación por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado martes por el Gobierno de España. Desde Asaja Murcia consideran que el impacto para el sector será "muy negativo", ya que las necesidades de mano de obra es ingente en la Región de Murcia. Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, el hecho de reducir la jornada por el mismo salario, "supone un incremento de los costes muy importante para los agricultores y las empresas agrarias". Gálvez recuerda que el sector ya venía arrastrando las dificultades que trajo la última reforma laboral, donde se relegó la figura del trabajador eventual, "cuando es fundamental para poder realizar labores agrícolas, como la recolección, y ahora empeora la situación con esta reducción de jornada que no se adapta a las necesidades que tiene el campo y los empleadores agrarios". También se une a la presión la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional y todo "coloca al sector en una situación verdaderamente complicada para poder ser competitivo y mantener la actividad".

Lamenta Gálvez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insista en "una hoja de ruta ideológica' en la que prescinde del diálogo social para apostar por una suerte de 'monólogo social' en el que "sólo habla con los sindicatos y establece medidas sin tener en cuenta a los empresarios agrarios". Por ello, Asaja trasladará a los distintos grupos parlamentarios la necesidad de que incluir un trato especial para el sector agrario y medidas de flexibilización.

Por otra parte, desde Asaja consideran que la reducción de la jornada es otro factor (junto con los aranceles de la UE a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia) que podría elevar a su vez los precios al consumidor final.

Por su parte, José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia, sostiene que la medida que quiere implantar la ministra de Trabajo "es de facto una nueva subida salarial, un impacto muy fuerte en los costes laborales del empresario". Marín ha querido aclarar que COAG no se posiciona en contra de que los trabajadores mejoren sus condiciones laborales, pero "tenemos que llamar la atención sobre la productividad, sobre la presión a la que se está sometiendo al sector agrario". En este sentido, el presidente de COAG afirma que hay ciertas labores agrarias en las que no es posible la aplicación de la reducción de la jornada laboral, como la ganadería extensiva.

Con respecto a la manera en al que puede afectar esta medida a los precios, Marín destaca que el sector agrario no tiene capacidad de poner los precios. "Estamos sometidos a los vaivenes del mercado y a veces incluso no podemos ni cubrir costes; no está en nuestra mano subir los precios por el incremento de lo costes laborales", explica José Miguel Marín, que destaca que esta medida llega en un momento en el que se ha recrudecido la competencia desleal que llega por los puertos. "No podemos seguir presionando a un sector que cada día pierde más rentabilidad", sentencia Marín.

También pide que se tenga en cuenta la circunstancias especiales que rodean a las explotaciones familiares agrarias, que son muy diferentes del escenario en que se mueven las grandes empresas. Según Marín, COAG está trabajando a nivel nacional en un informe sobre la repercusión y el coste que ha supuesto para el sector agrario tanto la subida del SMI como la reducción de la jornada y que se ha solicitado una reunión con la Subdirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), piden que se tenga en cuenta que la reducción de la jornada propuesta se calcula mediante un promedio de cómputo anual. "Y por tanto en la actividad del campo, que tiene temporadas altas y bajas, creemos que hay margen para que no haya problemas graves, siempre y cuando se dé la flexibilidad necesaria en la aplicación de la jornada", señala a La Opinión el secretario general de UPA en la Región, Marcos Alarcón.

Sobre el incremento de costes, Alarcón destaca que es algo que afecta al sector como un "concepto más, como nos afecta el incremento del coste de los fertilizantes, el de la energía, la maquinaría o los fitosanitarios". El secretario general de UPA sostiene que sería bueno aprovechar el debate que ha suscitado esta medida para recordar que existe un instrumento legal, en vigor, que debería contribuir a que los agricultores cubran suficientemente los costes de producción: la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En cuanto a la posibilidad de que suban los precios para el consumidor final, Alarcón sostiene que lo que se paga actualmente es razonable y suficiente, siempre que se distribuya el beneficio de manera adecuada a lo largo de la cadena alimentaria, para que todos lso eslabones (agricultor, comercializador, distribuidor) reciban su parte y no se vea afectado el consumidor.