"Murcia está entre las tres regiones de la OCDE en la que cuesta más conseguir casa"

El diputado regional del PSOE Miguel Ortega exige al Gobierno regional que «cumpla con su obligación, amplíe el alquiler social y aumente el parque público de viviendas». Ortega indica que «Murcia está entre las tres regiones de la OCDE donde más cuesta proporcionalmente acceder a una vivienda». El parlamentario socialista recuerda que «tan solo el 0,39 % de las viviendas en nuestra Región son públicas. Y, sin embargo, el Gobierno regional no ha construido ni una sola en los últimos ocho años».

Critica que la Comunidad «no está utilizando los instrumentos que pone a su disposición la Ley de Vivienda para actuar en las zonas más afectadas por la subida de los alquileres» estableciendo mecanismos como «la regulación de precios». También le pide al Ejecutivo que «pague el Bono Alquiler Joven a sus beneficiarios».

Manifestación por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia: "Ni gente sin casa ni casas sin gente"

Miguel Ortega mostraba su apoyo a la manifestación convocada en apoyo de la ILP de la Vivienda y criticaba que «la imposibilidad para acceder a una casa es uno de los principales problemas que afronta actualmente la población y, especialmente, los jóvenes». Reprocha al Gobierno de López Miras, «que es quien tiene las competencias en la materia, que no esté haciendo absolutamente nada para revertir esta situación». 

María Marín: "El alquier se ha disparado un 11%"

Por su parte, la diputada regional de Podemos, María Marín, recuerda que «el salario mínimo va a subir un 4,4% en 2025, mientras el precio de los alquileres se ha disparado casi un 11% en 2024 en la Región de Murcia. La brecha entre los sueldos y los alquileres sigue creciendo y la vivienda es ya el principal problema de los españoles, no solo de los jóvenes», afirma la parlamentaria.

Marín critica que «las soluciones políticas siguen, sin embargo, sin llegar. El plan de vivienda asequible de López Miras es un insulto, que solo va a servir para regalar suelo público a los constructores, favorecer sus pelotazos y dar ayudas públicas a familias con rentas de hasta 3.900 euros al mes, que no son precisamente las que más las necesitan».