Justicia
Solo las becas para los opositores ponen de acuerdo a los jueces de la Región
Es el único punto de encuentro entre los magistrados de la comunidad ante el anteproyecto de ley del Gobierno de España para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños compareció el martes junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. / EP
La aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para intervenir la carrera judicial a través de cambios en las oposiciones, en el sistema para elegir las salas de Gobierno y la Comisión de Ética Judicial pilló por sorpresa a las principales asociaciones judiciales de país, cuyo único punto de encuentro es el blindaje de las becas a los opositores a la carrera judicial.
Este anteproyecto de ley da un impulso al sistema de becas por el que los opositores de familias con bajos recursos podrán optar, al menos, a percibir el salario mínimo interprofesional (15.876 euros anuales en 2024), que podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.
Miguel Rivera, coordinador de Jueces y Juezas por la Democracia en la Región de Murcia, celebra que la reforma recoja una de las reivindicaciones de su asociación, como es el "acceso más abierto a las oposiciones" y "no solo para personas con recursos suficientes para dedicarse durante años a estudiar sin necesidad de trabajar al mismo tiempo".
"Se pretende que no solo puedan opositar las personas con recursos suficientes para dedicarse durante años a estudiar sin necesidad de trabajar al mismo tiempo"
Esta oposición conlleva una media de cinco años para aprobarla, explica Rivera, y su dificultad requiere "dedicación exclusiva" porque quien se las prepara dedica "entre ocho y diez horas diarias de estudio". Después de los años en la universidad para sacar adelante el Grado de Derecho, entiende que solo las familias más pudientes pueden hacer frente a los recursos que conllevan otros cinco años sin trabajar, "pagándole unos 200 euros mensuales al preparador y costeando el material necesario para prepararse los temas", añade.

Miguel Rivera. / Tony Sevilla
La hipótesis del Gobierno, y que secundan desde esta asociación progresista, es que si todas las clases sociales hacen la carrera judicial, se conseguirá trasladar al Poder Judicial una representación tanto ideológica como económica de la sociedad.
Francisco Cano, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), afirma que el sistema de becas "es magnífico" y, por tanto, apoya su blindaje por ley. De la misma forma, Fernando Madrid, presidente de la sección territorial de Murcia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también valora muy positivamente las ayudas a los opositores y el impulso que le pueda dar el Gobierno de España al dotarlas de más estabilidad. "Yo trabajé los fines de semana en una hamburguesería y daba clases particulares mientras estudiaba la oposición", recuerda.
"Pretenden hacer un cambio radical de la ley sin consensuar con nosotros ni con el resto de partidos políticos"
El texto aprobado en Moncloa propone también la creación de un centro público de opositores y un registro obligatorio de jueces y magistrados que hayan pedido compatibilidad para preparar oposiciones. Se plantean cambios también en los exámenes, incluyendo una prueba escrita, y en el cuarto turno, para evaluar primero el acceso a través de una prueba y posteriormente los méritos. Asimismo, entre sus medidas se incluye la prohibición a las asociaciones profesionales de recibir financiación privada, limitándola a las cuotas y al dinero público. Además, la ley prevé consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas.

Fernando Madrid, de la Asociación Profesional de Magistratura. / L. O.
Pese al acuerdo unánime del sistema de becas, las asociaciones Francisco de Vitoria y la APM guardan reservas ante el anteproyecto de ley. "Pretenden hacer un cambio radical de la ley sin consensuar con nosotros ni con el resto de partidos políticos", denuncia Madrid, que teme que el Ejecutivo central esté "legislando para situaciones concretas" y critica que pretenda "cambiar por cambiar".
Desde la APM consideran que el sistema de acceso "garantiza la igualdad" y su presidente territorial reconoce que el centro público de opositores no le "inspira confianza", puesto que teme que "se pueda ideologizar" a los estudiantes.
"El sistema de oposiciones hasta ahora ha funcionado muy bien y es imparcial"
Cano, de la Francisco de Vitoria, también afea al ministro de Justicia que no haya consultado a los expertos en la materia para elaborar el anteproyecto, aunque confía en que el texto se pueda mejorar en las Cortes Generales. "Hay ideas interesantes que merecen una reflexión más profunda y no un enfoque unilateral", subraya.
Asimismo, también defiende el sistema de oposiciones, que "hasta ahora ha funcionado muy bien", porque es "imparcial y selecciona a muy buenos jueces".
Respecto a la prueba escrita en los exámenes, se pregunta "cómo se corregirá" y admite cierta preocupación por posibles "injerencias políticas" en este punto.

Francisco Cano. Asociación Judicial Francisco de Vitoria. / L.O.
Por otra parte, sobre la consolidación de jueces sustitutos, señala que se debe tener en cuenta que estos no tienen la misma formación y preparación que los jueces de carrera.
Francisco Cano rechaza la idea de que los opositores son "gente privilegiada" y recurre a las últimas encuestas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que demuestran que "solo el 5% de estos estudiantes tienen relación familiar con otros jueces". De esta forma, descarta que "personas de familias acomodadas elijan una oposición tan compleja y que requiere de tantos años para sacar adelante".
Las tres asociaciones no muestran reparo alguno a la prohibición por ley a que puedan recibir financiación privada, limitándola a las cuotas y al dinero público, puesto que "ya lo hacen".
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