Economía
El retraso de las ayudas a las renovables en la Región llega al Defensor del Pueblo
La asociación creada para reclamar los pagos pendientes rechaza las justificaciones de la Comunidad y pide una investigación

Protesta en Murcia de los solicitantes de las ayudas a las energías renovables, el pasado mes de octubre. / Israel Sánchez
Integrantes de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que agrupa a unos 400 socios en la Región, han denunciado ante el Defensor del Pueblo el retraso en el pago de las ayudas que no consiguen cobrar. La organización sostiene que las cifras que da la Consejería de Medio Ambiente sobre la ejecución de los programas destinados al autoconsumo, al resto de renovables y a la compra de coches eléctricos, no se corresponden con el importe de las ayudas pagadas realmente. El pasado mes de octubre salieron a la calle en Murcia para exigir el pago a la Comunidad Autónoma y también han llevado sus quejas a Bruselas. Acmeis celebrará una asamblea la próxima semana para decidir si convoca nuevas movilizaciones.
Los denunciantes rechazan las explicaciones que ha dado hasta ahora la Administración regional atribuyendo el retraso en el pago de las ayudas a la burocracia que impone el Gobierno central y a las trabas que encuentra la Consejería de Medio Ambiente para cumplir los requisitos exigidos. Dejan claro que, pese al volumen de solicitudes que la Consejería dice tener resueltas, «el importe real que ha pagado es muy reducido, lo que impide que llegue a producirse el despegue del coche eléctrico.
"Quejas inevitables"
La Consejería de Medio Ambiente ve «inevitable» que lleguen al Defensor del Pueblo «quejas de todas las comunidades autónomas», y asegura que desde este departamento «se le está dando respuesta a todas ellas».
Añade que «el Gobierno regional está dedicando todos los medios materiales y humanos disponibles para tramitar las ayudas de los diferentes programas para el fomento de la eficiencia energética», y asegura que «en el último año la Consejería ha elaborado un plan de choque para acelerar las concesiones de las ayudas». Sostiene que ha concedido «58 millones a particulares y empresas de la Región entre todos los programas».
Tal y como informó La Opinión, en 2024 se vendieron 1.087 vehículos enchufables, 140 más que el año anterior, pero los inversores responden que hay comunidades en las que no se está produciendo el bloqueo de Murcia y que consiguen una demanda mayor.
Los socios de Acmeis han pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que «inste a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como a todas las regiones que están superando el plazo de un año para transferir a los solicitantes el dinero de las subvenciones, a que agilicen la tramitación y gestión de los expedientes y transfieran el dinero lo antes posible», según ha informado el vicepresidente de Acmeis, Antonio Fernández.
Aseguran que, desde el mes de diciembre, muchos de los denunciantes «están recibiendo contestación de esta institución», diciendo que «admite a trámite la reclamación, por entender que la Administración Regional a través de la Consejería de Medio Ambiente, está incumpliendo sus compromisos al no conceder las subvenciones procedentes de los fondos Next Generation aportados por la Unión Europea».
El representante de la organización que agrupa a los inversores en la instalación de autoconsumo y en la compra de vehículos eléctricos advierte de que «mientras no se destinen los fondos recibidos a pagar los expedientes tramitados y aprobados, la UE no liberará los fondos restantes, ya que el importe del total de las solicitudes presentadas dobla la cantidad aprobada inicialmente».
Sostiene que los programas destinados al fomento del autoconsumo y de las energías renovables, al igual que el Plan Moves, están financiados con fondos de la UE que han sido abonados a la Administración regional, pero no han salido de las arcas de la Comunidad Autónoma.
Antonio Fernández espera que el Defensor del Pueblo les dé la razón. «Con nuestras inversiones estamos frenando la crisis climática y lo hacemos por convicción. Solo exigimos que nos dejen hacerlo y nos den lo que por derecho nos pertenece».
Las cantidades pendientes de pago rondan entre los 2.000 y los 10.000 euros, «aunque hay algunos que están reclamando cantidades de hasta 12.000 euros».
Las ayudas destinadas a la compra de coches eléctricos ascienden a 7.000 euros, a los que se suma en muchos casos la aportación destinada a cubrir la instalación para la recarga de los vehículos enchufables. En estos casos, el importe pendiente de cobro es mucho mayor, «con el consiguiente perjuicio para todos ellos». Los afectados por el retraso en los pagos de las subvenciones están dispuestos incluso a llegar a los tribunales para cobrar las ayudas pendientes.
Plazos de espera
Los representantes de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis) aseguran que Murcia es la comunidad autónoma más retrasada en el pago de las ayudas a las renovables y sostienen que las exigencias burocráticas y los requisitos exigidos son las mismas en todas las administraciones.
Antonio Manuel Fernández, vicepresidente de la organización constituida el pasado verano por los solicitantes murcianos, considera que las explicaciones ofrecidas por la Consejería de Medio Ambiente para justificar la tardanza en el pago de las ayudas son meras excusas. «Mientras la resolución de análogos expedientes en otras comunidades autónomas no supera los seis meses, en esta Región puede llegar a los cuatro años», replica.
Asegura que el País Vasco y Navarra son las autonomías más diligentes en el pago, dado que están abonando su importe en un plazo de apenas seis meses.
Añade que las regiones que más se retrasan son Andalucía y la Comunidad Valenciana, que están pagando con una demora de unos dos años.
Sin embargo, asegura que en Murcia hay «solicitudes que llevan cuatro años de espera».
Antonio Manuel Fernández remite a los datos publicados por el IDAE, que atribuye a Murcia una ejecución del 14% respecto al presupuesto inicial asignado para el Plan Moves III , que asciende a 27,3 millones de euros.
Esto supone que las solicitudes resueltas suman algo menos de cuatro millones de euros.
La más rezagada
Andalucía (82%), Madrid (80%) País Vasco (76%) y Navarra (73%) son las comunidades con una ejecución más elevada. Castilla y Léon, Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana alcanzan el 57%. Murcia ocupa el último puesto junto con Asturias (14%). La media nacional está en el 62%.
El porcentaje de ejecución baja al 11% al computar el importe total de las subvenciones solicitadas, que alcanzan los 36,5 millones. También, en este caso, Murcia es la comunidad más rezagada.
En autoconsumo e instalaciones de energías renovables en la Región ocupa una posición mejor, dado que ha resuelto el 65% de la asignación regional, que asciende a 19,5 millones. La media nacional está en el 71%, por lo que el desfase no resulta tan acusado. Además, Murcia aparece en los primeros puestos.
No obstante, como a la aportación inicial se le sumaron después otros 34,3 millones, el importe total de la partida destinada a Murcia se elevó a 53,8 millones. El grado de ejecución sobre esta cifra final cae hasta el 26%, muy alejado de la media nacional del 44%. El País Vasco (69%) y Madrid (68%) son las comunidades más adelantadas.
Sánchez Serna dice que Murcia solo ha pagado 3,8 millones
También el diputado de Podemos por Murcia en el Congreso, Javier Sánchez Serna, culpa a la Comunidad Autónoma de que la Región «continúe a la cola en la tramitación de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos por parte de particulares».
El parlamentario explica en un comunicado que ha pedido datos al Ministerio de Transición Ecológica y que, según la respuesta obtenida, «la Administración regional sólo ha resuelto hasta hoy un 11% de las solicitudes». También ha preguntado «qué parte de estos fondos había llegado realmente a los compradores de coches eléctricos». La contestación obtenida es que «de los más de 27 millones de euros que desde 2021 que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad, la Región de Murcia sólo ha pagado 3,8 millones a los beneficiarios».
Sánchez Serna opina que «este dato sitúa al Gobierno de López Miras como el que peor gestiona las ayudas del Plan Moves III». Considera que «el perjuicio que el constante retraso en el cobro no se queda solo en el dinero que no reciben, sino que genera otros gastos, como los consecuentes incrementos en los intereses al no poder cancelar con ese dinero parte del préstamo con el que se financió el vehículo».
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