El juicio por la Púnica murciana se inicia a trompicones por las fechas

El inicio del juicio de la trama Púnica murciana, la pieza número 3 de las 12 que componen este caso, se inició ayer en la Sala 1 de la Audiencia Nacional afrontando ciertos obstáculos a la hora de señalar la fecha de las 16 sesiones que lo componen. De hecho, los abogados de los acusados pidieron la suspensión de buena parte de las vistas fijadas por coincidencia con otros procedimientos penales.

En este juicio se investiga si el que fuera consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel, Juan Carlos Ruiz, y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.

Se han suspendido las sesiones previstas para este martes y miércoles y el juicio se reanudará el jueves 16 de enero 

Están investigados también en esta pieza la ex directora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el hermano del exalcalde de Cartagena, Agustín Alonso; la empleada de Alejandro de Pedro Sara Gargallo, y el empleado de la empresa Eico Francisco Javier Bueno; además de la empresa Duravita.

El Ministerio Público pide penas de prisión para los acusados que en su conjunto suman 23 años de prisión y más de 96 años de inhabilitación, penas que la acusación popular eleva a más de 95 años de prisión. El abogado del exconsejero, Raúl Pardo-Geijo, tuvo un encontronazo con el magistrado presidente de la Sala, Ricardo de Prada, ya que llegó a pedir la suspensión de siete sesiones. «Este es un juicio ya iniciado, ponga de su parte o la Sala se pondrá en plan radical», le advirtió.

"A esta Defensa y a su representado le interesa que el juicio se celebre cuanto antes, pero no a toda costa"

Raúl Pardo-Geijo

— Abogado del exconsejero Juan Carlos Ruiz

«A esta Defensa y a su representado le interesa que el juicio se celebre cuanto antes, pero no a toda costa, por lo que en aras a la lealtad y a una recta administración de Justicia se propone a la Sala que se analicen las agendas de todos los intervinientes para que este juicio pueda celebrarse lo antes posible», respondió Pardo-Geijo.

Estas cuestiones previas fueron admitidas por el magistrado y, por el momento, se han suspendido las sesiones previstas para este martes y miércoles y el juicio se reanudará el jueves 16 con la declaración de cuatro testigos, puesto que los acusados intervendrán al final del procedimiento. Se espera que entonces se pueda cerrar la programación de las siguientes sesiones.

El Ministerio Público pide penas de prisión para los acusados que en su conjunto suman 23 años de prisión y más de 96 años de inhabilitación

El juez también se dirigió al abogado murciano para echarle en cara que se hubiera erigido como «portavoz» de todas las defensas; sin embargo, lo cierto es que todas ellas coincidieron en apelar a la vulneración de la tutela judicial de sus representados al considerar que los escritos de acusación contradicen el auto de apertura de juicio oral de febrero de 2020. Este auto limitaba el objeto a enjuiciar en este procedimiento al posible fraude cometido por los acusados en su vinculación con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, pero excluía otros organismos regionales como el Instituto de Fomento, la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Cartagena o el de Molina de Segura.

"Vamos a tratar de evitar agresividades a la hora de ejercer el derecho de Defensa"

Ricardo de Prada

— Presidente de la Sala

Sin embargo, tanto en las conclusiones de la Fiscalía, como en las de la acusación popular se alude constantemente a esos organismos en lo que las defensas de los acusados consideran «hechos ajenos». La acusación popular ha insistido en que hay que conocer todos los hechos para poderlos juzgar en su conjunto y en un correcto contexto.

Al respecto, la fiscal subrayó los numerosos autos dictados a lo largo del procedimiento en los que se han mencionado los posibles vínculos de la trama con todas esas entidades regionales, como parte de una misma trama en la que los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso tenían relación directa con otras ramas de la trama y con sus supuestos cabecillas. De hecho, llegó a decir que durante el juicio se demostrará que el exalcalde de Cartagena «era conseguidor de contratos de David Marjaliza».

Fiscalía y acusación han solicitado completar las pruebas practicadas en la instrucción con nuevos informes e incorporar más documentación

Fiscalía y acusación solicitaron también completar las pruebas practicadas en la instrucción con nuevos informes que ya constan en otras actuaciones de este caso, así como incorporar diversa documentación relacionada con el procedimiento, a lo que se han opuesto la práctica totalidad de los investigados.

«El Ministerio Fiscal pudo hace ya cuatro años haber pedido diligencias complementarias y no lo hizo, pudo haber propuesto prueba anticipada y no lo ha hecho y ha tenido cuatro años para pedir testimonio de otros autos y tampoco lo ha hecho», indicó el abogado de María Dolores Martínez, Evaristo Llanos. El segundo encontronazo entre Pardo-Geijo y De Prada llegó cuando el abogado se quejó de que se cortaba a las defensas durante su turno de palabra mientras que la Fiscalía puedo hacer un «auténtico informe».

"El exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, era conseguidor de contratos de David Marjaliza"

— Ministerio Fiscal

El magistrado le cortó en ese momento para contestarle: «A usted se le ha permitido que se explayara todo lo que ha querido, por lo que el tribunal rechaza plenamente su comentario. No le voy a cortar en el objeto de su intervención, sí lo haré cuando trate de hacer cualquier tipo de réplica al Ministerio Fiscal. Le ruego que evitemos agresividades a la hora de ejercer el derecho de Defensa».