Los regantes del Tajo-Segura, en pie de guerra contra los recortes en las aguas subterráneas

Los regantes del trasvase Tajo-Segura afrontan el año 2025 con multitud de frentes abiertos que amenazan al sector. La consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, se ha reunido este miércoles con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, para analizar los principales retos y desafíos de los regantes para este año. La reversión de los recortes del trasvase Tajo-Segura, impedir la modificación de las reglas de explotación, y la oposición a que se reduzca un 50 por ciento el uso autorizado de las aguas subterráneas son algunos de los principales retos que se han marcado para este año tanto el Sindicato Central de Regantes como la Consejería de Agua y Agricultura.

La consejera ha querido destacar una vez más que el trasvase es una infraestructura "vital e irrenunciable" para el desarrollo económico, social y medioambiental de todo el Levante español, pero sobre todo para la Región de Murcia, algo que en su opinión no parece compartir el Gobierno de España. En este sentido ha recordado que la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recortó hasta en 26 ocasiones los envíos del Tajo al Segura, lo que supuso una merma de 188,9 hm3, "imponiendo su palabra a las decisiones técnicas de la Comisión de Explotación".

Espera la consejera que la nueva ministra, Sara Aagesen, cambie el rumbo de las políticas hídricas y que estén inspiradas en valores como la solidaridad y que "no toque las reglas de explotación", algo que podría decidir el Consejo Nacional del Agua (CNA), que tiene prevista una reunión durante este primer trimestre del año. Aquí Rubira ha recordado que los planes de cuenca prevén la revisión de las reglas, "pero no dicen que haya que cambiarlas, sobre todo en un país que tiene agua, pero está muy mal repartida".

Para debatir todos estos asuntos, la consejera de Agua remitió el pasado 26 noviembre una carta a la nueva ministra, "porque creo que es fundamental que nos sentemos para explicarle cuál es la situación que tenemos en la Región, la necesidad que tenemos de mantener ese trasvase Tajo-Segura y que no se toquen esas reglas de explotación". En este punto, la consejera ha citado un estudio de la Cátedra de Agua de la Universidad de Alicante en el que se analizan las consecuencias de esa modificación y se afirma que se perderían cerca de 30.000 hectáreas de superficie regable, 15.000 empleos y pérdidas económicas por valor de 5.600 millones de euros. "Es crucial que se trate el agua como un asunto de Estado", sostiene Sara Rubira.

Con respecto al agua desalada ha destacado que el Gobierno regional siempre la ha defendido "como un complemento; no hay que olvidar que es un agua que no tiene la misma calidad niel mismo precio que el agua que viene del trasvase".

En cuanto al cuarto ciclo de planificación hidrológica se ha limitado a decir que el Ejecutivo autonómico trabajará en él de la mano de los regantes. Por último, ha agradecido la lucha incansable del Sindicato Central de Regantes en defensa de los regantes y del futuro de la Región de Murcia y del Levante español.

Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, en la misma línea que la consejera, ha señalado que las reglas de explotación no se deben tocar, ya que han servido para que los embalses de Entrepeñas y Buendía tengan a día de hoy 1.100 hm3 almacenados y para que el Levante y los regantes del Tajo "rieguen", por lo que considera "innecesario" que se modifiquen las reglas "hasta que sea necesario hacerlo". Además, teme que el Gobierno de España emprenda cambios legislativos en esta línea en vez de "retrotraer los recortes políticos" que perpetró la anterior ministra para la Transición Ecológica. "Animo al Gobierno nacional a deshacer el entuerto que generó en este país esa ministra, que consiguió que hasta el Consejo de Estado se posicionara en su contra", ha sentenciado.

Aguas subterráneas

Otro de los temas más destacados durante la reunión fue los recortes que se prevén en las aguas subterráneas. Según Jiménez, el Plan de Cuenca del Segura contempla un recorte de aguas subterráneas de 213 hm3, "prácticamente el 50 por ciento del agua subterránea que se está utilizando actualmente". El presidente del Scrats calcula que ese recorte unido al del trasvase suman 318 hm3, es decir, cerca del 35 por ciento del agua que se utiliza en la cuenca del Segura . "Y para aliviar esa merma, el Gobierno central sólo prevé una generación de agua desalada de 38hm3; esto no es una transición ecológica justa sino que es algo que lleva a las empresas al colapso y a la gente a las listas del INEM", lamenta Jiménez. Por ello, el Sindicato Central de Regantes ha anunciado que hasta que no se dé una transición ecológica justa y no haya una verdadera compensación, "nosotros siempre pelearemos por una moratoria". Por otra parte, ha indicado que el Sindicato ha encargado un estudio sobre el impacto económico de este recorte en las aguas subterráneas.

Sobre la posibilidad de que se promuevan movilizaciones de protesta, Lucas Jiménez ha recordado que hace unos meses la cuenca del Segura tenía 44 hm3, y 40 de ellos eran embalse muerto, lodos y que el 2018 se manifestaron en Madrid porque la cuenca almacenaba sólo 15 hm3 y se había decretado un 'trasvase cero'. "Si añadimos a esto la desaparición de la mitad de los recursos de pozos y que no están concluidas las obras de conexión de las desaladoras, puede llegar un año en el que las consecuencias económicas serán brutales, por lo que estoy convencido de que si el Ministerio sigue adelante con sus pretensiones habrá algarabía social: cuando a la gente la llevan al límite y la arrinconan salta y estará en la calle".

La Mesa del Agua pedirá una reunión con el Ministerio y la CHS

Mientras la Confederación Hidrográfica del Segura o el Ministerio para la Transición Ecológica no anuncien oficialmente cómo piensan compensar al campo murciano las fuertes restricciones que se plantean para 2027 o si aceptarán una moratoria a esas medidas, la amenaza seguirá sobre la mesa del sector agroalimentario murciano. 

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, que sostiene que es la Mesa del Agua, (en la que está representada toda la sociedad civil), la entidad que debe vehiculizar las demandas del campo murciano, destaca que «sólo quedan dos años para que los acuíferos sobreexplotados (casi todos en la Región) de una forma cuantitativa o cualitativa sean cerrados, y el Gobierno de España o la CHS no ha dicho todavía qué va a pasar con esas miles de hectáreas que se riegan gracias al agua subterránea, por cierto, muy superiores a las que riega el trasvase».  En cualquier caso, Martínez alerta de que apenas queda tiempo y pone un ejemplo: «Se hablado de traer agua de la desaladora de Torrevieja al Azud de Ojós, pero no hay proyecto, las obras están sin licitar y ni siquiera se han llevado a cabo las expropiaciones», deja caer Martínez, que pese a todo, entiende que todavía no es momento para promover o anunciar movilizaciones de protesta. «Vamos a esperar hasta finales de febrero o marzo, momento en el que pediremos desde la Mesa del Agua una reunión con el Ministerio y la CHS para saber si hay soluciones». 

Desde Asaja recuerdan que tanto el Ministerio como la CHS llevan mucho tiempo advirtiendo de sus planes. «En el momento en el que se limite la extracción de agua, y teniendo en cuenta que los planes de cuenca no incluyen alternativas a esas restricciones, se perderá superficie de regadío, con las consecuencias económicas que eso conlleva», advierte el secretario general de Asaja Murcia,Alfonso Gálvez , que espera que los organismos estatales se sienten a negociar y estén abiertos a la posibilidad de prórroga. n