Las cartas con las que jugarán los líderes políticos de la Región en 2025

2025 es un año que comienza marcado por la ausencia de presupuestos para la política murciana y por la incertidumbre absoluta sobre si los habrá en los próximos meses mientras que Vox no dé su brazo a torcer y acepte unos números que hace un año les parecían bien.

A José Ángel Antelo, presidente provincial del partido de Abascal, la política migratoria del Gobierno regional, que ni siquiera tiene las competencias, le parece motivo suficiente para no querer sentarse a negociar con ellos.

Por su parte, el PP no valora otros apoyos a su izquierda para sacarlos adelante, a pesar de que el PSOE ha tocado varias veces a su puerta para tratar el asunto. Con este escenario, la derecha murciana parece haberle dado a Santiago Abascal el poder de decidir si en la Región hay o no cuentas nuevas para 2025.

Cada vez que se les ha planteado la cuestión, desde el Palacio de San Esteban han negado categóricamente que este año vaya a producirse adelanto electoral alguno si no se aprueban los presupuestos.

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Convocar nuevos comicios es lo que le pidió Pedro Sánchez a Mariano Rajoy cuando este no era capaz de aprobarlos (prorrogó los de Montoro cuatro veces) y es lo que el PP le exigió al propio Sánchez cuando tampoco lo hizo para este año 2024.

Ahora, Vox hace lo propio en la Región y parece que aceptaría de buen grado nuevas elecciones, al albur de una potencial mejora en sus resultados. El Gobierno, por el momento, no pica el anzuelo y tira de la experiencia, que le dice que se puede vivir perfectamente de la prórroga.

Con o sin presupuestos y descartando nuevos comicios, los partidos políticos ya conocen con qué cartas jugarán el nuevo año.

Partido Popular

El Gobierno regional, y por extensión, el Partido Popular, se preparan para un 2025 en el que tendrá lugar la gran batalla por la financiación autonómica. La demanda no es nueva. El modelo lleva caduco una década y todos los expertos coinciden en que Murcia es la comunidad más perjudicada por él. Solo en el año 2022, si la Región de Murcia hubiese recibido la misma financiación que la media nacional, los ciudadanos hubiesen obtenido 430 millones de euros más y cada murciano recibió 898 euros menos que la comunidad mejor financiada.

El peligro es que el nuevo año sea como los anteriores y nada cambie. Sin embargo, hay algunos elementos que podrían marcar la diferencia. Por un lado, en enero se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar el tema de la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas.

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No es lo que quiere el Gobierno ni el PP, pero es innegable que es positivo para aliviar la presión financiera que pesa sobre las arcas públicas, vacías los últimos meses del año. Además, el presidente de la Comunidad dio un año al Ejecutivo nacional en la última Conferencia de Presidentes (13 de diciembre) para que presente una propuesta de reforma del sistema.

Si la financiación es un reclamo ya tradicional, también lo son las infraestructuras y el PP se centrará, sobre todo, en las ferroviarias. Para empezar, seguirán exigiendo al Ministerio de Óscar Puente más trayectos con menos paradas del AVE a Madrid para acortar su duración; así como que se avance más rápido en la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena. Este modelo, además, debe llegar a Almería pasando por Lorca, según los trazados del Corredor Mediterráneo.

Sin salir de la Ciudad del Sol, los populares seguirán demandando la reapertura del servicio de Cercanías que unía Águilas con Lorca y Murcia tras tres veranos sin trenes.

La defensa de los intereses de los agricultores murcianos seguirá siendo caballo de batalla del PP, que usará los recortes del Trasvase Tajo-Segura como azote del Gobierno de España, así como la necesidad de avanzar también en las infraestructuras hidráulicas.

En 2025 se seguirán sucediendo en la Asamblea las comparecencias de representantes de la sociedad civil para avanzar en la reforma de la Ley del Recuperación y Protección del Mar Menor, con un PP entre la izquierda y Vox que tendrá que saber medir muy bien hasta dónde asume las variaciones en la ley ante el coste político que pudiera sufrir si se equivoca.

Partido Socialista

La prioridad más urgente en el Partido Socialista en 2025 será la de poner orden después de un proceso de primarias que aún se está desarrollando y en el que no participa el actual secretario general del PSRM, José Vélez. El nuevo líder deberá de ser capaz de unir el partido y acabar con los conflictos entre familias políticas que han dividido a la formación en los últimos años. El 19 de enero tendrá lugar la votación entre los candidatos y no será hasta el 1 y 2 de marzo cuando se celebre el 17º Congreso Regional de los socialistas murcianos. Solo entonces podrá arrancar de verdad el PSOE en la Región.

Quien gane el proceso tiene un gran reto a la vista, puesto que le esperan más de dos años de legislatura sin presencia en la Asamblea Regional, ya que ninguno de los precandidatos forma parte del Grupo Parlamentario Socialista.

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Mientras el partido siga inmerso en su renovación, es muy posible que la Ejecutiva actual siga presionando al PP y al Gobierno autonómico para que se siente a negociar los presupuestos del nuevo año, si es que López Miras no tira la toalla. El propio Vélez ha mostrado alguna vez su sensación de que lo que buscan los populares es un adelanto electoral y, de hecho, la celeridad con la que se fijaron las fechas del congreso regional tiene que ver con el peligro de que el presidente regional pulse ese botón y unos nuevos comicios pillen al principal partido de la oposición descabezado.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista tiene registradas varias propuestas de ley en el Hemiciclo, como la de Cambio Climático, la de la actualización de la Ley de la Infancia, otra para que la Renta Básica Autonómica complemente el Ingreso Mínimo Vital nacional con el fin de llegar a más gente y una nueva ley de Patrimonio Cultural, entre otras.

Además, se avecina un enfrentamiento considerable con el Partido Popular por la reforma de la Ley del Mar Menor, que el PSOE nunca quiso modificar.

Los diputados socialistas murcianos seguirán presentando iniciativas en la Asamblea Regional con el objetivo de reforzar la sanidad y la educación pública, para abordar los nuevos y no tan nuevos retos ambientales y apoyar al tejido empresarial regional.

Cabe esperar que en el 2025 continúe el ritmo que la Cámara regional inició en octubre, con el Partido Popular en minoría y los partidos de la oposición sacando sus mociones adelante sin el rodillo del inicio de la legislatura y a pesar de la lejanía ideológica que existen entre Partido Socialista y Podemos con Vox.

Vox

Los de Abascal tienen muy claro el camino a seguir desde el 1 de enero, el mismo que llevan caminando desde que abandonaron el Gobierno de coalición en julio de 2024: azuzar al Partido Popular por su supuesta laxitud con la inmigración ilegal, a la que culpan de buena parte de los problemas de los españoles.

El líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, parece decidido a confrontar con su exsocio de Gobierno y presionarle para que consiga el cierre del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación habilitado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena, así como el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz.

La seguridad en las calles, el apoyo a las familias tradicionales y la defensa de la agricultura seguirán siendo las banderas políticas de Vox y, en el ámbito legislativo, llevarán a debate parlamentario dos iniciativas clave que ya han sido presentadas: la Ley de Participación Institucional y la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.La primera de ellas es la que busca acabar con las subvenciones públicas a patronal y sindicatos. PP y Vox ya recortaron un 25% estas ayudas y el sueño de esta formación era seguir sacando la tijera hasta acabar con ellas.

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Respecto a la laguna salada, motivo de disputas entre estos mismos partidos mientras les duró el amor en el Palacio de San Esteban, la pretensión de Vox es llevar a cabo una reforma que restrinja la implantación de plantas fotovoltaicas en su cuenca vertiente, exceptuando aquellas destinadas a autoconsumo; así como obligar a los ayuntamientos ribereños a cumplir con los planes de saneamiento y depuración de sus aguas, entre otras modificaciones que buscan reducir las restricciones para los agricultores del Campo de Cartagena. Está por ver hasta dónde le permite el PP cambiar la ley que se creó para proteger el ecosistema más frágil de la Región.

Otra de las pretensiones del Grupo de Vox en la Asamblea es arrebatar al Gobierno regional el control sobre La7 y Onda Regional, por lo que es más que probable que sea en 2025 cuando registren la reforma de la Ley sobre creación de la Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia, de tal forma que el ente responda ante el Parlamento autonómico y no ante López Miras.

Podemos

El plan de Podemos para el nuevo año pasa por seguir utilizando la Asamblea como altavoz mientras continúan tejiendo una «red de resistencia» en las calles y en las redes sociales frente a las «políticas nefastas del Gobierno regional y la falta de valentía del Partido Socialista tanto a nivel autonómico como en el Gobierno de España», explican.

Un claro ejemplo son sus últimas luchas junto a los vecinos contra la subida del agua en los municipios y contra la instalación de plantas de biogás junto a viviendas en algunas localidades. En estas luchas no están solos y cuentan con el apoyo de Izquierda Unida desde el exterior y han prometido continuar peleando el próximo año. Otras batallas tienen que ver con los impagos del Ejecutivo, lo que consideran una «discriminación» de la educación pública o con las listas de espera sanitarias.

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Además, en el Parlamento autonómico tienen dos leyes en tramitación. Por un lado, otra reforma de la Ley del Mar Menor que nada tiene que ver con la que puedan tener en mente el Partido Popular y Vox. En la de Podemos se incluye un fondo de compensación para los agricultores de las zonas uno y dos del Campo de Cartagena, en la línea de la solución aplicada en Doñana, así como blindar la moratoria urbanística.

Por otro lado, los morados esperan que en pocos meses se debata su reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, la cual prohibirá su contratación con aquellos medios «que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio».

Además, a mitad de legislatura, que toca en 2025, debería cumplirse el acuerdo firmado entre Podemos e IU en 2019, según el cual el diputado de Podemos Víctor Egío cederá su escaño al número 3 de la lista, José Luis Álvarez Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes.