Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer piden más medios para asumir las competencias en violencia sexual

Un 28 de diciembre de hace 20 años se aprobaba definitivamente la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una normativa que ha recibido críticas y aplausos. A lo largo de 2025, previsiblemente después del verano, está previsto que los juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España, también de la Región, asuman las competencias en materia de violencia sexual.

Esto es así en virtud del Convenio de Estambul, que entró en vigor en la Unión Europea en octubre del año pasado como un instrumento jurídico que busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En el texto se detalla que «la violencia sobre la mujer no solo es la que se da en la pareja, es la que se comete sobre la mujer por el hecho de serlo», recuerda la titular del Juzgado Nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Murcia, Fátima Saura.

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La magistrada rememora que, cuando se hizo la ley hace dos décadas, «no se quiso abarcar un concepto tan amplio» y se limitó a la violencia ejercida por parte de hombres que fuesen parejas o exparejas de las víctimas, aunque «realmente el concepto de violencia sobre la mujer es más amplio», por lo que «el legislador se quedó a medio camino», considera.

Y es que la Ley Integral contra la Violencia de Género sólo recoge la violencia machista en el caso de las parejas o exparejas y no tiene en cuenta otro tipo de violencia que, lamentablemente, forma parte también de esta lacra.

Saura destaca que en España hay tres tipos de juzgados de violencia sobre la mujer: los de primera, que trabajan todos los días, como los de Madrid y Barcelona»; los de segunda, que son «como el mío, que no hacen guardias, por lo que una víctima de fin de semana tiene que pasar por el Juzgado de Guardia primero y por el especializado después, y los de tercera, que son los de los pueblos, juzgados que no son exclusivos».

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La magistrada pone el acento en que, al asumir las causas de violencia sexual, los profesionales de estos juzgados vivirán «una ampliación de competencias, cuando no han terminado el primer camino», el cual pasaría por implantar en todo el país «juzgados que estén de guardia, como los de Madrid y Barcelona, que tengan todas las competencias asumidas».

Si no se dota de medios a los tribunales, «haremos leyes preciosas que no tendrán su correspondencia», recalca la jueza, al tiempo que incide en que urgen «recursos, más juzgados y atribución de guardias» en los ya existentes.

Inversión en juzgados y funcionarios

Fátima Saura se muestra partidaria de asumir los procesos de violaciones, puesto que «la violencia sexual es una violencia contra la mujer de libro». No obstante, reitera que, para dar un adecuado respaldo a las víctimas, «tienen que hacer una inversión en juzgados, funcionarios y recursos. Lo demás es papel mojado».

Por otro lado, la jueza subraya que a los titulares de Violencia sobre Mujer «no se nos reconoce la especialidad», lo cual «es tremendo». «El balance de estos 20 años es bueno, porque hay sensibilización y se ha avanzado: hace 20 años, la gente no estaba tan concienciada, pero tenemos mucho que caminar», significa. «Lo que no puede ser es que se amplíen competencias y no recursos», insiste la magistrada.

"Si se asumen más competencias y no se ponen más jueces, es un problema", dice el juez Miguel Rivera

En la misma linea se muestra Miguel Rivera, magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia y coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia en la Región, al precisar que «ahora nos enfrentamos con un problema: los juzgados de Violencia sobre la Mujer está previsto que asuman competencias para todos los delitos contra la libertad sexual, aunque no se den en el ámbito de la pareja».

«Esa decisión tiene que ir acompañada de muchos más medios para estos juzgados especializados. Si asumen más competencias y no se ponen más jueces, puede ser un problema», hace hincapié el magistrado.

«Desde el punto de vista judicial el problema es siempre de medios», afirma Rivera, que habla de la importancia de «incrementar los medios para poder dar un mejor trato a las víctimas».

También en 2025 se pondrá justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual, tal y como establece la ley del ‘solo sí es sí’.

Ligero descenso de denuncias

¿Qué dicen las últimas cifras? Que se dio un ligero descenso del número de denuncias por violencia machista que llegan a los juzgados de la Región. Según indicaba el 16 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, «las denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de la Región de Murcia se redujeron en un 17,1 % entre julio y septiembre de 2024 con respecto al año anterior, según se desprende de los datos contenidos en el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’ dado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género».

El estudio muestra también un descenso de las órdenes de protección: se solicitaron 445, un 7,1% menos que hace un año y se adoptaron 379, un 4,1% menos. Y el dato negro: una asesinada en 2024.

Logros y lagunas

Miguel Rivera, magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, apunta que «cuando nosotros intervenimos, es para reprimir un delito que se ha cometido», por lo cual tiene claro que «hay que incidir en la prevención».

En este sentido, el juez apuesta por «medidas en el ámbito educativo y sanitario: ahí es donde tenemos que poner el foco». «La intervención nuestra es cuando el daño ya se ha causado», insiste, al tiempo que lamenta que «sigue habiendo patrones machistas en la sociedad, y hay que prevenir». 

Por otro lado, Francisco Cano, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en Murcia, opina que «la ley ha supuesto un avance extraordinario en la lucha contra este tipo de violencia». «Desde el punto de vista judicial, la creación de juzgados especializados, los instrumentos de protección o los ágiles tiempos de respuesta han sido esenciales en los progresos existentes», dice.

No obstante, sentencia que «no hay que dejar de dotar de más y mejores medios a estos órganos, sobre todo en partidos judiciales pequeños, cuidar a los profesionales, y evitar la tentación de atribuirles mas competencias». «No hay que olvidar que la Justicia es la última instancia, siendo la educación y la formación, especialmente de los jóvenes, la clave en esta lucha. La Ley ya contempla estas medidas, hay que insistir, no detenerse, y destinar de modo más eficaz los medios existentes», indica.

"Un uso torticero"

Por su parte, el abogado Rafael Páez comenta que la norma «supuso un gran paso para los derechos de la mujeres», aunque considera que «sin embargo, en ocasiones se hace un uso torticero y retorcido de la misma». «Por ejemplo, las acusaciones por malos tratos planean en alguno de los procesos de separación y se introducen como un elemento de presión o coacción», manifiesta el letrado. En algunos casos se llega, explica, «a la supresión instantánea para el padre del régimen de comunicación y estancia con los hijos en común, todo ello, sin que exista decisión alguna sobre el fondo del asunto, únicamente mediando una denuncia».

No me parecen acertadas las leyes de género, dividiendo a la sociedad e, incluso, invirtiéndose la carga de la prueba

Antonio Casado Mena

— Abogado

En su opinión, estas situaciones «restan credibilidad a las mujeres que realmente sufren la violencia machista». Además, Rafael Páez expresa que «por desgracia, las medidas de prevención en ocasiones son insuficientes».

También se muestra crítico con la norma el penalista Antonio Casado Mena, al decir que «no me parecen acertadas las leyes de género ni nunca consideré que fuese necesario una ley distinta o especial para regular estos hechos delictivos, dividiendo a la sociedad e, incluso, invirtiéndose la carga de la prueba y pasando de un principio de inocencia a un principio de culpabilidad». «Me resulta más sensato la regulación que el propio partido socialista de González hizo en el año 95, con el llamado Código Penal de la democracia», apostilla el abogado.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.