Unos 180 interinos han iniciado ya la cuenta atrás para el despido

El reloj que puso en marcha la ley contra la temporalidad en la Administración pública mantiene a unos 180 interinos de la plantilla de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma con un pie en la calle. En la sanidad pública la cuenta atrás para el despido de los empleados temporales empezará en julio de 2025, mientras que la enseñanza sigue un procedimiento diferente, dado que los profesores sin plaza cesan cada año al terminar el curso. En los ayuntamientos no han llegado a producirse despidos, según UGT, gracias al proceso de consolidación que pusieron en marcha y que concluye a finales de este mes. La Comunidad empezó a cesar a los eventuales que estaban a punto de cumplir los tres años el pasado mes de julio. Desde entonces se han producido decenas de ceses.

La reforma legal aprobada en 2021 para reducir la eventualidad en las instituciones públicas les impide tener a un empleado temporal ocupando una vacante más de tres años, salvo que la plaza esté incluida en un proceso de selección, dado que en caso contrario tendría que ser indemnizado en el momento del despido.

Si hay una convocatoria en marcha, el eventual puede seguir en el puesto de forma provisional hasta su adjudicación definitiva.

Así lo establece la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad del Empleo Público que modificó el Estatuto Básico del Empleado Público y que establece que un interino no puede ocupar una vacante más de tres años. Una vez transcurrido este periodo, el puesto debe ser ocupado por un funcionario titular.

Si superan el plazo de tres años en una plaza vacante, tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.

Estas reformas tuvieron que ser adoptadas por el Gobierno a raíz de las sentencias de la Justicia Europea y del Tribunal Supremo que dieron un tirón de orejas a la Administración española por la elevada temporalidad existente en las plantillas públicas, que en algunos casos superaba el 30%.

El objetivo era reducir la tasa al 8%. La ley aprobada durante el mandato de Miquel Iceta como ministro de Función Pública que puso en marcha la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público empezó provocar los primeros despidos hace cinco meses.

En aquel momento había en la Comunidad 1.800 funcionarios eventuales pertenecientes a la plantilla de Administración y Servicios, lo que supone en torno al 20% del total de funcionarios que están repartidos entre las distintas consejerías.

Tal y como informó La Opinión, el 8 de julio fueron despedidos los primeros diez interinos. El cese de eventuales continuó en los meses posteriores. Muchos de ellos eran técnicos, que han sido sustituidos por empleados con menos experiencia.

Según las estimaciones de la Consejería de Hacienda, en este momento hay 180 interinos que van a cumplir los tres años ocupando una vacante, por lo que tendrán que dejar su puesto a medida que vayan agotando el plazo.

El departamento de Luis Alberto Marín explica que «todos ellos, en cualquier caso, tienen la opción de presentarse a las oposiciones correspondientes».

Añade que desde el año 2019 «la Comunidad ha incorporado a más de 3.200 empleados públicos a la Administración» y sostiene que a esta cifra se sumarán otras 600 plazas pendientes de convocar, que van a hacer que la tasa de interinidad se sitúe por debajo del 6%.

La Consejería de Hacienda destaca especialmente que este porcentaje se situará por debajo del límite del 8% que se ha establecido para las administraciones públicas.

Por otra parte, el plazo de tres años establecido en la reforma del Estatuto del Empleado Público para convocar las plazas vacantes ocupadas por eventuales empezará a contar en la sanidad pública en julio de 2025, un año después que en la Administración, según informó el departamento de Juan José Pedreño.

Plantillas municipales

Los ayuntamientos de la Región han venido realizando convocatorias destinadas a la consolidación de empleo de los trabajadores eventuales que tenían una antigüedad superior a los cinco años cuando se aprobó la reforma aprobada por el exministro Iceta. De acuerdo con las convocatorias de concursos de méritos y pruebas de carácter restringido que los alcaldes enviaron al Boletín Oficial de la Región, las corporaciones locales han podido cubrir unas 2.500 plazas vacantes.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, asegura que el proceso se ha desarrollado dentro del plazo marcado por la ley, aunque ha advertido de que los ayuntamientos tienen pendientes en este momento la adjudicación definitiva de las plazas en los consistorios de la Región que optaron por esta fórmula.

Convocatoria de 250 plazas de funcionario en la Administración

La Comunidad Autónoma va a convocar cerca de 250 plazas de funcionarios para la plantilla de Administración y Servicios correspondientes a la oferta de empleo de 2024. La convocatoria fue aprobada por la Mesa Sectorial de Administración y Servicios celebrada el último viernes de noviembre con el voto en contra de UGT, según informó la Federación de Servicios Públicos del Sindicato. La organización rechaza que el cien por cien de los puestos salga a oposición en un proceso selectivo libre. Pretende que se conjuguen «los procesos de acceso justo y libre con medidas específicas» que bonifiquen la antigüedad de los interinos, como «la consolidación y estabilización».

La Consejería de Hacienda explicó que en la Mesa de la Función Público se negoció «tanto la oferta de empleo público como la promoción profesional del personal empleado público, correspondientes al año 2024». 

Ante las quejas de UGT responde que, «de acuerdo a la normativa actual que establece que la tasa de reposición será del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los restantes, se acordó una oferta total de 248 plazas en diferentes cuerpos, sectores y escalas».

Hacienda añade que «los procesos de consolidación se aprueban por ley desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Ley de Presupuestos y que, de acuerdo a esta normativa ya no es posible sacar más plazas de consolidación, por lo que la modalidad de oferta libre es la única que se puede emplear con la normativa actual». 

Respecto a la convocatoria de plazas de promoción de los empleados públicos para el año 2024, precisa que «la Mesa celebrada el último viernes de noviembre negoció la convocatoria de un total de 350 plazas, culminando así la ejecución del compromiso adquirido en el año 2020 de convocar 1.100 plazas a lo largo de cuatro años».

Por su parte, UGT muestra su «firme oposición a la propuesta de convocatorias 100% libres que ignoran la situación de los interinos de larga duración, quienes han sostenido los servicios públicos durante años en condiciones de precariedad».

El sindicato considera que la convocatoria de una oposición libre «supone una grave injusticia hacia los interinos, muchos de los cuales llevan tiempo desempeñando sus funciones con profesionalidad y dedicación», pero no han podido acogerse a los procesos de consolidación convocados en los últimos años. También apunta que la marcha de los eventuales que tendrán que abandonar su puesto  supondrá «la pérdida de profesionales experimentados, lo que afectará directamente la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía».

Muface confirma que inicia una nueva licitación

El Gobierno central ha anunciado que Muface «inicia la preparación de la segunda licitación de los conciertos» con las compañías privadas que ofrecen asistencia privada a los funcionarios, tras «la consulta preliminar de mercado», a la que han acudido Asisa, Adeslas y DKV. Tal como ha informado La Opinión, las dos primeras compañías no han desvelado las cifras que han aportado a la Administración durante la fase de consulta, mientras que DKV, que es la aseguradora minoritaria en la Región, ha vuelto a plantear un incremento de las primas del 40%.

En su página web, Muface indica que «una vez finalizado el plazo para sendas consultas preliminares de mercado, la Mutualidad va a preparar un informe sobre las aportaciones realizadas, que podrá verse en la Plataforma de Contratación del Sector Público».

Muface recuerda que da «este paso después de que la primera convocatoria quedara desierta por la decisión de las aseguradoras de no presentarse a la licitación, pese a que incluía la mayor subida de la historia en la prima ofertada». El Gobierno ofreció un aumento de las primas del 17% frente al 40% que reclamaban las compañías.

La entidad trata de tranquilizar así a los funcionarios y de calmar la inquietud que existe después de la licitación que quedó desierta. 

«Desde Muface se trabaja en una nueva licitación y se garantiza que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas hasta que haya un nuevo concierto», asegura en el comunicado.

Recuerda que el plazo para las consultas preliminares ha estado abierto en la Plataforma de Contratación del Sector Público desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre y apunta que, «tal como establece la Ley de Contratos en su artículo 115, se está elaborando por Muface un informe sobre las aportaciones realizadas». Las aseguradoras debían aportar datos sobre de la estructura de costes por grupos de edad de los beneficiarios, además de los criterios en los que basan la subida de «las primas que aspiran a cobrar».