El Defensor del Pueblo urge a Murcia y Lorca a fijar zonas de bajas emisiones

El Defensor del Pueblo considera "injustificados" los argumentos de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), como Murcia y Lorca, y urge este jueves en un comunicado a los que todavía no lo han hecho a que lo hagan "cuanto antes".

De acuerdo a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, dichas zonas de bajas emisiones en todos los municipios a partir de esos niveles de población deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023.

En el caso de Murcia, el Defensor del Pueblo le pide explicaciones por el retraso de la implementación de estas zonas, ya que habían comenzado su tramitación. Además, dicha entidad señala que el Ayuntamiento de la capital murciana no ha respondido al requerimiento de esta entidad, al contrario de la mayoría de gobiernos municipales, que han enviado los informes solicitados.

Por su parte, el Defensor del Pueblo achaca a Lorca que se haya ralentizado o suspendido la implantación de ZBE.

Antelo, en Molina de Segura: "Donde Vox está no se implantan las zonas de bajas emisiones"

Desde el Ayuntamiento de Murcia dicen que «se responderá» al Defensor del Pueblo y recuerdan que suscribieron un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena para la elaboración de la Ordenanza de Bajas Emisiones.

El Defensor del Pueblo ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia, a pesar de estar obligados por Ley a responder los requerimientos de la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales.

Lorca responde que presentó el proyecto de Bajas Emisiones el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que «en las próximas semanas se llevará a licitación la instalación de las cámaras de lectura de matrícula, que serán de videovigilancia, y se incorporarán al circuito de seguridad de la Policía Local, una medida prioritaria». 

"Ninguno de los argumentos justifica el retraso"

El Defensor del Pueblo considera que ninguno de los argumentos ofrecidos por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de estas zonas cuyo fin es la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire de las ciudades, y recuerda que algunos de ellos han recibido ayudas económicas para su implementación

Insta además a que los municipios que ya hayan establecido una Zona de Baja Emisión (ZBE) en su territorio se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión.

El Defensor del Pueblo ha enviado 11 recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, "a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones".

El Defensor del Pueblo solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro.

La Región suma el quinto día consecutivo de contaminación atmosférica

Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE, pero que su implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.

La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid.

Las razones del retraso

Las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE, la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla, o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo.

Asimismo, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población.

A juicio del Defensor del Pueblo, ninguno de los argumentos ofrecidos en sus respuestas por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica.

Recomendaciones

El propio Defensor del Pueblo hace una serie de recomendaciones a las entidades locales. La primera es que el que no haya iniciado los trámites, lo haga cuanto antes. Y que los que se lo hayan hecho, "aborden de manera decidida" esos trámites para poner la ZBE en funcionamiento cuanto antes y con los estudios necesarios para evaluar su impacto.

A esto añade que la Zona de Bajas Emisiones que se apruebe tiene que delimitar un área de "carácter continuo y permanente" para el cumplimiento de los objetivos y que "incluya una parte significativa de la población, de la superficie del municipio y del tráfico de vehículos a motor". Esta ZBE tiene que tener restricciones de entrada, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su distintivo ambiental.

La ZBE que se apruebe, relata el Alto Comisionado de las Cortes Generales, tiene que definir los objetivos en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, así como la calidad acústica. Y todo ello de manera cuantificable y que conlleve una mejora respecto de la situación de partida.

La última recomendación dice que los ayuntamientos obligados, una vez establecida la ZBE "se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión de la zona ya existente, y que, en el caso de que dicha adopción resulte inevitable por concurrir razones de interés público superior, lo haga contando con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente".