La Fiscalía investiga la compra de prótesis valvulares en el SMS
Abre diligencias tras recibir la denuncia de los responsables de Salud por un “posible fraude” económico
Central de compras del SMS. / L.O.
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La Fiscalía de la Región de Murcia ha iniciado la investigación para determinar si se ha dado un caso de fraude económico en la compra de prótesis valvulares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS).
El paso dado por el Ministerio Público era de esperar tras haberle sido remitida una denuncia por parte del SMS tras el expediente interno abierto al detectarse un sobrecoste de 700.000 euros en la compra de un modelo de prótesis por parte del Hospital Virgen de la Arrixaca, caso adelantado el pasado viernes por La Opinión.
La Consejería de Salud remitió a la Fiscalía posibles irregularidades por parte de tres funcionarios (dos responsables de la Unidad de Aprovisionaiento Integral del SMS y un radiólogo intervencionista de la Arrixaca) relacionadas con el aumento de la facturación en la adquisición de un producto sanitario y ahora el órgano judicial abre diligencias.
Debido a ello, la Consejería de Salud ha iniciado una auditoría de la actividad de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud tras haberse detectado, por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios posibles irregularidades vinculadas al suministro de material sanitario.
Ahora será la Fiscalía la que deba determinar si existe el “posible fraude económico” que desde Salud se podría haber detectado en esta actuación interna que se remonta a antes del verano y que ha salido a la luz al mismo tiempo que otra segunda investigación por el presunto amaño de las bolsas de empleo del SMS, en la cual también se ha apartado a varios trabajadores al no haber podido demostrar los méritos y puntuación logrados.
En el caso de la compra de prótesis, el Servicio Murciano de Salud ha abierto un expediente disciplinario a 3 funcionarios aplicando la medida cautelar de suspensión de funciones que consiste en suspensión cautelar de empleo y sueldo hasta que haya pronunciamiento del Ministerio Fiscal o en su caso de la Autoridad judicial competente.
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