Unos 45.000 inmigrantes de la Región podrán conseguir papeles en tres años

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobada ayer por el Consejo de Ministros permitirá que unos 45.000 inmigrantes sin papeles residentes en la Región puedan conseguir el permiso de residencia en los próximos tres años, según los cálculos del secretario de Política Social de UGT en la Región, Juan Guirado. Los cambios introducido por el Gobierno reducen de tres a dos años el plazo exigido para que los trabajadores extranjeros puedan solicitar la regulación por arraigo y da más facilidades para obtenerla.  

En toda España se estima que podrán ser regularizados unos 900.000 inmigrantes que viven en el país, a razón de unos 300.000 al año, aunque el dirigente sindical de UGT destacó que la aplicación de los cambios legales no será posible si no se establecen nuevos canales para la tramitación alternativos a las oficinas de Extranjería. «Todos sabemos los problemas que hay para conseguir cita», recuerda.

Juan Guirado calcula que el 5% de la totalidad de los inmigrantes que pueden conseguir papeles están en la Región, dado que Murcia tiene una presencia de trabajadores extranjeros superior a la media de las comunidades autónomas. Por tanto, alerta de que el colapso que se puede producir en el proceso de regularización sería mucho mayor.

El Gobierno reforma el reglamento de extranjería para sumar a casi 1 millón de migrantes al mercado laboral

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, detalló ayer los principales cambios de la que ha calificado como «la reforma más integral y ambiciosa» de este texto desde que entró en vigor, hace 13 años.

En resumen, el nuevo reglamento acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico de acuerdo a las necesidades del mercado laboral en España y de los migrantes, la legislación europea y el reto demográfico del país, según señaló la ministra.

Por su parte, Juan Guirado resaltó que la reforma aprobada ayer reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a la regularización por arraigo, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y mejora la reagrupación familiar.

Añadió que «se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad para las personas que tuvieron permiso de residencia, pero lo perdieron porque dejaron de cotizar». Se trata por tanto de inmigrantes que están residiendo en la Región, aunque ya no tienen sus papeles en regla.

A estas fórmulas se suman las del «arraigo socioformativo, para personas que están recibiendo formación, a las que se les permite trabajar media jornada mientras están estudiando, y la del arraigo socio-laboral, para personas que pueden estar en situación de explotación laboral y que podrán conseguir el permiso de residencia una vez que tengan una sentencia firme».

El nuevo Reglamento crea un título específico para los visados, simplifica los procedimientos, delimita las competencias entre consulados y oficinas de Extranjería y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro.

Esto servirá para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, algo que también se ha querido evitar al simplificar los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra: por ejemplo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de una temporal.

La modificación también extiende el visado para la búsqueda de empleo de tres meses a un año. Guirado señaló que hasta ahora, una vez transcurrido el plazo de 90 días, los solicitantes «pasan a una situación de irregularidad».

 La mayor parte de las autorizaciones habilitará para trabajar desde el primer momento sin tener que solicitarlo expresamente, incluidas las personas que vienen a España a estudiar.

Además, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada que facilita la contratación individual y colectiva y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan. 

 En el nuevo reglamento también se ha mejorado la reagrupación familiar a través de la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles.