Los brotes sin notificar de sarna y covid en residencias de mayores acaban en la Fiscalía

La Asociación Defensor del Paciente ha remitido un escrito al fiscal jefe de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en el que le solicita que abra una investigación sobre los brotes de enfermedades infecciosas que se han declarado este año en varias residencias de la Región de Murcia y que estas no han comunicado a la Consejería de Salud para que se iniciaran los protocolos oportunos.

El caso fue desvelado el pasado sábado por La Opinión a raíz de un estudio epidemiológico que se ha llevado a cabo en once residencias de larga estancia de la Comunidad para conocer la prevalencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y el uso de antimicrobianos entre los usuarios. Así, durante el trabajo de campo y una vez analizada la información recopilada, los autores del proyecto detectaron que se han producido brotes de covid, infección respiratoria, sarna y dermatitis en cuatro residencias de la Región, brotes de los que la Consejería de Salud no tenía conocimiento. Apuntan, en este sentido, que «los brotes son de declaración obligatoria, pero ninguno había sido notificado a Salud Pública».

Ante esta realidad, en la que la Consejería de Salud no ha querido pronunciarse ni ha dado explicaciones sobre las medidas adoptadas con estos centros al conocerse los hechos, el Defensor del Paciente ha acudido a Fiscalía remitiéndole la información publicada por este periódico y solicitándole que inicie una investigación sobre las residencias que ocultaron estos brotes y «por qué no ha intervenido el Gobierno de Murcia inspeccionándolas».

Cuatro residencias ocultan a la Consejería brotes de covid y sarna

Desde la asociación indican que estos hechos suponen una actuación de una elevada gravedad, «por el riesgo que conlleva la ocultación de estas patologías, y una dejación de sus funciones» por parte de la Consejería de Salud murciana.

En el escrito que ha remitido al fiscal jefe, el Defensor del Paciente insiste en que «entendemos que la comunicación que le adjuntamos debe ser investigada» y piden que si las estas situaciones se han dado tal y como se expresa en la información y en el estudio elaborado por Epidemiología, «cabe una depuración de responsabilidades».

Once centros estudiados

En el trabajo de investigación llevado a cabo por varios profesionales del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud se estudió a más de un millar de usuarios de once centros residenciales de la Región de Murcia, uno público y diez privados-concertados, durante los pasados meses de mayo y junio.

Este trabajo forma parte del proyecto internacional HALT (Healthcare-associates infections in long term care facilities) que se inició en 2008 y en el que la Región de Murcia ha entrado por primera vez en este cuarto estudio, desarrollado entre 2023 y 2024 en distintos países.

Tras detectarse los brotes, los autores del trabajo consideraron que esta realidad muestra que existe margen de mejora en la comunicación que existe entre los centros y la administración para que estos casos no pasen desapercibidos y se tomen las medidas oportunas, con la vista puesta en proteger al resto de usuarios de las residencias afectadas.

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Además, en el 72% de los centros estudiados existía la figura del responsable de gestión y comunicación de brotes y sólo un 9,1% de ellos disponía de un sistema de vigilancia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, explica a esta Redacción que «nos parece una auténtica dejación de funciones que la propia Administración no conozca lo que está pasando en las residencias de la Región de Murcia» e insiste en que en estas situaciones «estamos hablando de salud y de vida y, por ley, están obligados a comunicar cualquier emergencia que pueda afectar a sus usuarios, ya que se trata de prevención y protección de la salud de los ciudadanos».

«Se trata de una alerta sanitaria en toda regla y si se obvia puede tener consecuencias nefastas», afirma.

En este sentido, Flores recuerda lo sucedido con las residencias de mayores de Madrid y el número de fallecidos que registraron por los brotes de covid y dice que «parece algo sistémico lo de ocultar los problemas sanitarios en estos centros, en los que muchas personas dejan a sus mayores por no poder atenderlos creyendo que se encuentran en buenas manos». Por ello, «espero que el fiscal jefe de Murcia tenga en cuenta el escrito y se implique ante esta denuncia pública».