Condenan al Imserso a pagar casi 800.000 euros a una afectada por la talidomida

Era septiembre cuando el vicepresidente de la Asociación de Víctimas por la Talidomida (Avite), Rafael Basterrechea, se reunía en Madrid con la directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), María Teresa Sancho, para pedirle que este organismo cumpla la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, que la cual anulaba la obligación de realizar un nuevo examen a las víctimas de talidomida para recibir ayudas.

Cabe recordar que el Alto Tribunal estimó entonces la demanda de Avite y anuló los artículos que exigían, como requisito indispensable para recibir la ayuda económica, un certificado que pocas víctimas tenían, cuando, por otro lado, las personas rechazadas disponían del reconocimiento oficial en diversas resoluciones administrativas, como de jubilación anticipada por talidomida. Un lío burocrático que en su momento desesperó a las víctimas, varias de ellas originarias de la Región de Murcia.

Por tanto, tras esta resolución se incrementaba el número de personas que tienen derecho a la ayuda. Y ya hay una decisión judicial al respecto: una condena al Imserso a pagar casi 800.000 euros a una persona afectada por la talidomida. Se trata de una mujer que cuenta con un grado de discapacidad del 67% y que será indemnizada con 12.000 euros por cada punto porcentual.

"Estamos ante un hito más del proceso jurídico de los últimos 14 años al que ha dado lugar la tragedia de la talidomida en España", dicen desde Avite en un comunicado a los medios.

Cien afectados, 15 de la Región

También destacan que, tras la sentencia del Supremo, "cada uno de estos aproximadamente cien afectados socios de Avite tuvo que reclamar su derecho ante los juzgados centrales de lo Contencioso, demandando al Imserso, como administración encargada de pagar las ayudas". Ya hay sentencia y "en adelante se irán dictando el resto", tienen claro.

Entre estos afectados, hay 15 personas de la Región de Murcia, indicó a este diario el abogado de la asociación Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, el cual se ocupa del caso. La persona a la que han indemnizado en esta primera sentencia no es de la Comunidad murciana

En septiembre, tras la reunión, ya la directora del Imserso admitió que había que buscar la fórmula jurídica más eficaz para solucionar "cuanto antes" esta situación, de manera que se eviten "pleitos innecesarios" y los afectados dispongan "cuanto antes" de la ayuda que requieren para hacer frente a su senectud.

Ahora, el fallo judicial deja claro que la condición de afectado por la talidomida (un fármaco que provocó malformaciones en fetos entre 1950 y 1985, se calcula) no solo se certifica mediante la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, sino también a través de otros actos administrativos, tales como como la jubilación anticipada o el reconocimiento de la discapacidad causada por el fármaco.

El tribunal sentencia que "ninguna duda puede suscitarse respecto a que la afectada cumple los requisitos para ser beneficiaria".