La acusación particular pide para Vélez 8 años de cárcel por el caso de la feria taurina

La acusación particular del caso de la feria taurina de Calasparra pide para José Vélez, actual secretario general del Partido Socialista regional, 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos entre los años 2017 a 2019, cuando era alcalde del municipio del Noroeste.

Además, pide al juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Caravaca de la Cruz otros 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Junto a Vélez, están acusados los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, y el administrador de la mercantil Chipé Producciones. La acusación particular, formada por Carlos Alajarín Cascales y Alonso Torrente Rodríguez, portavoces de los grupos municipales Grupo Mixto-Ciudadanos y Calasparra Viva, cree que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Calasparra en la cantidad de 377.000 euros.

Se les acusa de haber cometido irregularidades en la gestión de la plaza de toros de Calasparra durante las fiestas patronales.

Alajarín y Torrente, de CS y Calasparra Viva, exigen también al magistrado que imponga a los acusados una fianza de medio millón de euros

Todos los acusados han presentado sus recursos correspondientes a la Audiencia Provincial. Vélez, en concreto, lo hizo la semana pasada, esgrimiendo que "la plena ausencia de indicios para continuar la causa", así como la "más que meridiana ausencia de cualquier atisbo doloso en su actuar". Esta es la última bala con la que cuenta Vélez para evitar sentarse en el banquillo.

Alajarín y Torrente exigen también al magistrado que imponga a los acusados, como medida cautelar, una fianza de medio millón de euros y, en su caso, que les embargue "bienes suficientes para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias".

Denuncia del "entorno del PP"

Fuentes del PSOE consultadas por esta Redacción inciden en que "esta denuncia viene del entorno de la concejala María Marín, del Partido Popular de Calasparra y el resto de partidos de la oposición". Asimismo, subrayan que, "precisamente", se trata de "una persona que tiene un proceso judicial abierto por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental en el Caso Caravaca Jubilar", concluyen.

Por otra parte, se muestran seguros de que, tras los recursos presentados ante la Audiencia, "se volverá a archivar, como ha ocurrido con el resto de denuncias falsas que le ha interpuesto el PP y el resto de la oposición de su municipio, Calasparra, durante más de una década".