La fiscal pide tres años de cárcel para dos empresarios por roturar en Cabo Cope

La Fiscalía pide penas que suman tres años de cárcel para dos empresarios, responsables de una inmobiliaria, que, presuntamente, llevaron a cabo la roturación de dos parcelas en el paraje Garrobillo, en Lorca, una zona enclavada parcialmente en el Parque Regional Calnegre y Cabo Cope.

La causa la llevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Lorca. Los encausados son el administrador (en tiempos, presidente) y el encargado de una mercantil que habrían estado, según el Ministerio Público, «perjudicando gravemente el equilibrio natural del ecosistema natural» desde, al menos, junio del año 2017. Las roturaciones las habrían hecho, supuestamente, a fin de arar los terrenos para levantar casas.

Se da la circunstancia de que esta empresa, con sede en la capital de España, es una de las inmobiliarias damnificadas, hace años, por la suspensión de la Actuación de Interés Regional Marina de Cope. De hecho, sus responsables llegaron a reclamar a la Comunidad más de 100 millones en concepto de indemnización. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia denegó esta petición.

En octubre de 2020, el Supremo descartaba definitivamente que se levantase la macrourbanización que iba a llamarse Marina de Cope: se llegó a planear hacer miles de casas en terrenos protegidos pertenecientes al Parque Regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en los municipios de Águilas y Lorca. El Gobierno regional sí respaldó en su momento la construcción del gran complejo turístico.

Eliminarán las especies vegetales invasoras en el entorno de Cabo Cope y mejorarán sus accesos

Volviendo a la actual petición de cárcel por las roturaciones, tal y como se lee en la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, lo que supuestamente hicieron dio lugar a «destruir la cubierta vegetal de carácter forestal en una superficie de 45,4 hectáreas». Además de afectar a matorrales y otras zonas vegetales, la actuación supuso «la pérdida y alteración grave del hábitat adecuado de la tortuga mora», especie vulnerable y amenazada.

La fiscal considera que los empresarios cometieron dos delitos: uno continuado contra la flora y la fauna y otro de desobediencia a la autoridad, puesto que ignoraron «los reiterados requerimientos de las autoridades administrativas competentes» que les llegaron.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que ambos encausados indemnicen a la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Dirección General de Medio Ambiente con 47.025,50 euros por los daños causados.

No obstante, la apertura de juicio oral tendrá que esperar. Después de que el Juzgado de Lorca dictase un auto de incoación de procedimiento abreviado, uno de los procesados interpuso un recurso ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia. Este investigado pidió el archivo de la causa y alegó que se había vulnerado su derecho de defensa y que, además, los hechos no eran constitutivos de delito alguno.

La Audiencia Provincial, al estimar el recurso, considera que, antes de transformar el procedimiento, hay diligencias de investigación por practicar y, cuando se realicen, el resultado de las mismas «podría cambiar potencialmente el tipo de auto a dictar». En la misma línea, apunta que «lo técnicamente correcto hubiera sido que se hubiera aplazado el pronunciamiento sobre el fondo del asunto hasta la completa práctica de las diligencias pendientes».

De esta manera, el tribunal revoca por completo y deja sin efecto alguno los autos del Juzgado de Lorca y decreta que «deberá dictarse un nuevo auto con libertad de criterio para el instructor de la naturaleza que fuese procedente».

Esta decisión de la Audiencia da lugar a que se desacelere aún más una causa ya de por sí ralentizada, pues, de llegar a juicio este mismo 2024, habrían pasado al menos siete años desde que se produjeron los hechos que se investigan.

"Esta Región está hecha para los que quieren incumplir la ley"

«Esto es, como siempre, la prueba de que esta Región está hecha para los que quieren incumplir la ley», dijo Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, a La Opinión, como respuesta al auto de la Audiencia Provincial.

Vives expresó que «la impunidad es la norma general en un montón de casos que estamos viendo ahora, en los que la gente se sale con la suya». En esta causa concreta, además, el ecologista denunció que las cosas se han hecho mal desde el principio, favoreciendo la degradación de un espacio protegido.

«Y ahí tenemos un Parque Regional que está en el papel, pero que, de facto, lo tienen destrozado. Literalmente destrozado. Y las administraciones mirando para otro lado o incluso favoreciendo el destrozo», añadió.

Precisamente, por la calificación de la que goza este espacio, que cuenta con una legislación más estricta, el proyecto se debería haber paralizado desde el principio por carecer de un plan ambiental, algo que es de obligado cumplimiento cuando una iniciativa ocupa más de 10 hectáreas. En el caso de no cumplir con estos requisitos desde el principio, los trabajos no se puede desarrollar.

«La ley dice que cuando un proyecto está ejecutado y necesita una evaluación de impacto, no se puede hacer nunca. ¿Cómo vas a evaluar el impacto ambiental de un proyecto que ya se ha ejecutado? Por esa razón, ya es ilegal completamente», compartió el portavoz.

Además, aseguró que lo mínimo es obligar a los responsables a restituir los terrenos y poner castigos ejemplarizantes porque «aquí no se le cierra el negocio a nadie y las cosas nunca llegan a nada». 

 «En este espacio, concretamente, está todo hecho polvo» y, al final, «cogen un trocito y otro trocito, y es un trocito más para ellos y uno menos para el medio ambiente», concluyó.