Los presuntos contratos ilegales de la CHS irán finalmente a juicio

La Audiencia Provincial de Murcia convocó este lunes a las partes implicadas en el presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con la intención de conseguir un acuerdo de conformidad, que suele darse para evitar un juicio cuando los acusados reconocen los hechos, algo que no ocurrió ayer, por lo que finalmente se celebrará una vista que todavía no tiene fecha.

Entre los nueve investigados figuran la antigua secretaria general del órgano de cuenca, Paloma Moriano, y el exjefe del Servicio de Habilitación y Pagaduría, Manuel Bravo, junto con su esposa y sus tres hijos, además de la mujer de uno de estos.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que tuvo acceso Efe, señalan que Bravo y sus familiares, presuntamente, crearon dos empresas para, aprovechándose de la amistad con Moriano, conseguir que fueran adjudicados contratos a las mismas.

Y añaden que, con la supuesta colaboración de la entonces secretaria general, consiguieron que a una de esas sociedades, entre 2006 y 2018, y de forma presuntamente ilícita, se le adjudicaran 58 contratos por un total de algo más de dos millones de euros, y a la otra, 89 entre 2005 y 2018 por un montante de 3,4 millones.

Señala también la acusación estatal que para que tanta acumulación de contratos no llamara la atención, contaron con un autónomo al que se le adjudicaron dos, por un total de 55.500 euros.