Economía

La Comunidad pedirá colaboración a las demás administraciones para "rastrear" la economía sumergida

El consejero de Educación y Empleo reúne a la patronal, los sindicatos, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria para poner en marcha el plan estratégico

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, presidió la primera reunión de los trabajos para diseñar un Plan estratégico contra la economía sumergida en la Región de Murcia (Peces).

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, presidió la primera reunión de los trabajos para diseñar un Plan estratégico contra la economía sumergida en la Región de Murcia (Peces). / CARM

María José Gil

María José Gil

La Comunidad aspira a conseguir la colaboración de las demás administraciones públicas para «rastrear» la economía sumergida con el fin de que se establezcan medidas que tengan «un impacto real» en la persecución del fraude. El consejero de Educación, FP y Empleo, Víctor Marín, ha reunido este lunes a los representantes de la patronal, los sindicatos, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, que participarán en la elaboración del primer plan estratégico después de doce años. Los sindicatos apuntan que las mayores bolsas de economía irregular se concentran en la hostelería y en la agricultura. 

Las instituciones participantes esperan ahora que la Universidad de Murcia y el Consejo Económico y Social (CES) terminen el estudio en el que están trabajando para evaluar la situación de la economía irregular en la Región, que servirá de base para obtener un diagnóstico y para establecer las medidas que serán recogidas en el nuevo plan estratégico.

Según ha explicado el consejero, el estudio, cuya finalización está prevista en las próximas semanas, permitirá conocer datos reales sobre las dimensiones de la economía sumergida en la Región, los sectores más afectados y el impacto económico real, además de identificar las principales causas. 

El consejero recuerda que estas actividades no declaradas conllevan también un fraude fiscal, dado que no están sujetas a impuestos, además de generar competencia desleal, ya que ofrecen productos o servicios a precios más bajos al ahorrarse los tributos y los costes sociales que deben afrontar las empresas que cumplen la legalidad.

Víctor Marín explica que la Administración regional no tiene «control de actividades vinculadas a la economía sumergida como las competencias sobre tributos estatales, sobre la Seguridad Social ni sobre el mercado de trabajo. No podemos realizar inspecciones en todos estos ámbitos que es donde se encuentra el grueso de la economía sumergida, pero podemos coordinar e impulsar, con campañas de publicidad, denunciar y colaborar con quienes tienen esas competencias».

También ha dicho que su propósito es utilizar las herramientas actuales para «rastrear» la economía sumergida en colaboración con el resto de las administraciones. Confía en que la colaboración de las distintas instituciones permita contrastar la información de la que disponen.

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, ha recordado que el último plan se firmó en 2012 y ha dicho que «tuvo un recorrido muy corto». Aunque todavía no se conocen las conclusiones del estudio encargado al CES y a la UMU, Navarro apunta que la hostelería y la agricultura son los principales sectores en los que se concentran las contrataciones irregulares.

«Es una situación difícil, pero tenemos que acometerla lo antes posible. Hay que contar con la Comunidad Autónoma, la Administración del Estado y la Administración local, que es la que más información nos puede dar a todos, junto con los agentes sociales y Croem».

También ha mostrado su preocupación por la «explotación laboral» que acompaña a la economía sumergida, además de la falta de cotización.

Ha añadido que estas empresas están ejerciendo «una competencia desleal» frente al resto de compañías, «que no solo perjudica a los trabajadores, sino a toda la sociedad en general y a las propias empresas».

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha recordado que «la economía sumergida desde siempre, con independencia de los números, ha estado desbocada en la Región de Murcia».

Jiménez ha apuntado que la Región ha mantenido tradicionalmente «los índices más altos de España y me atrevería a decir que de Europa», pero considera que, además de perseguir el fraude, «hay que poner encima de la mesa medidas positivas» para mejorar las relaciones entre las administraciones públicas y conseguir una mayor eficacia.

También ha dicho que «la economía sumergida es un plato mal cocinado para el trabajador, que provoca una indigestión para el conjunto de la sociedad».

El secretario general de la Croem, Ramón Avilés, ha coincidido en que la economía sumergida supone "una competencia desleal. La picaresca no es divertida ni es de los más listos».

Avilés ha abogado por la simplificación administrativa y la reducción de cargas para facilitar «el desarrollo de la actividad económica».