Asamblea Regional

Nueva ofensiva del campo contra la ley del Mar Menor

Agricultores y productores exigen cambiar la norma con menos sanciones para el sector y más inversiones para recuperar la laguna

Mariano Zapara, Manuel Martínez y Santiago Martínez

Mariano Zapara, Manuel Martínez y Santiago Martínez / L.O.

La Opinión

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La «hiperregulación» de la ley del Mar Menor, las sanciones de esta al sector agrícola o una necesidad de más infraestructuras para recuperar la laguna salada fueron algunas de las apreciaciones que hicieron este viernes ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, encargada de la modificación de la norma, representantes de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y de Fecoam.

El primero en comparecer en esta jornada fue el presidente de Proexport, Mariano Zapata, quien reivindicó durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional la necesidad de modificar la ley del Mar Menor para que se puedan producir productos saludables y con sostenibilidad.

Durante su intervención aseguró que con la norma actual, aprobada hace cuatro años, se está haciendo «muy difícil» para la agricultura seguir produciendo. En ese sentido, firmaron un documento en el que se incluyen Fecoam, COAG, UPA y Asaja para que «los distintos grupos políticos hagan un cambio de la ley».

En ese sentido, afirmó que la actual norma «afecta principalmente a la actividad agraria desarrollada en la comarca del Campo de Cartagena». A su juicio, «es hora ya de abordar sin dilación una reforma legal que reconcilie de una vez para siempre la protección del Mar Menor con el desarrollo sostenible de nuestra actividad agraria».

Asimismo, expuso que la «hiperregulación normativa a la que ha sido sometido el sector agrícola del Campo de Cartagena hace que estamos en el lugar de España donde es más difícil hacer agricultura».

Además, se preguntó por qué los productores del Campo de Cartagena están sujetos a 4 normativas que regulan los mismos aspectos técnicos de su actividad, pero cada una de ellas lo hace con restricciones crecientes y de forma diferente. Para ellos, uno de los temas más preocupantes es el de las sanciones por incumplimientos. «No está bien definido lo que es una sanción grave y una sanción leve porque tengas una sanción leve y luego la regularices y la puedas arreglar, automáticamente te están quitando los fondos operativos y los fondos operativos son una de las herramientas más importantes que se tienen para mejorar y tecnificar toda la agricultura del campo de Cartagena», dijo.

Ante la Comisión también compareció el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, que reivindicó inversiones en infraestructuras que sirvan para captar y reutilizar agua. «Podemos elaborar muchas leyes, pero si no abordamos diferentes infraestructuras necesarias para evitar que cualquier elemento proveniente de la agricultura, de la red de saneamiento, minería o actividad humana en general pueda afectar al Mar Menor, difícilmente vamos a conseguir el buen estado».

Según Martínez, sin dichas infraestructuras, se podrá conseguir una «recuperación temporal o parcial, pero será algo inestable. Debemos abordar diferentes infraestructuras en todos los ámbitos, en la agricultura ya lo hemos hecho».

No obstante, señaló que «hay medidas que no van a servir para nada, las barreras vegetales que nos han obligado a poner en nuestras explotaciones no van a servir para nada, cuando hay una escorrentía importante se las va a llevar».

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena también piensa que la ley debe «adaptarse a la práctica legislativa, que luego tenga un reglamento que la adapte. Durante esta intervención, el diputado de Podemos, Víctor Egío, abandonó la Comisión en protesta por la comparecencia del presidente de la comunidad de regantes, que es también vicepresidente de la Fundación Ingenio y le reprochó ser parte de esta fundación, que «niega la responsabilidad del sector agrícola en la situación del Mar Menor».

El último en comparecer ante la Comisión fue el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, quien criticó que la ley actual no fuera consensuada con el sector. «Después de casi 75 reuniones con distintos partidos políticos, nuestras propuestas no fueron recogidas», señaló, indicando que cumplir con la actual ley del Mar Menor «cuesta muchísimo y estamos a expensas de que en cualquier momento podamos ser sancionados».

El colectivo recordó que durante tres años tuvieron una cátedra con la UPCT para desnitrificar con astillas de madera. «Los resultados fueron satisfactorios, pero la Confederación Hidrográfica del Segura jamás nos ha escuchado ni nos ha tenido en cuenta», aseguró.

Martínez piensa que «el problema real de la contaminación del acuífero no se soluciona con medidas agronómicas, que sí son necesarias para el buen funcionamiento de las explotaciones, sino con proyectos de desnitrificación». Además, pidió sacar de la ley artículos que sean estrictamente técnicos y que estos «pasen a formar parte del programa de actuación».