Especial Residencias

Residencias-hogares y más asistencia a domicilio con el nuevo modelo de cuidados

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva estrategia, que arranca con 1.300 millones de euros y que también contempla profesionalizar el sector

Residencias-hogares y más asistencia a domicilio con el nuevo modelo de cuidados

Residencias-hogares y más asistencia a domicilio con el nuevo modelo de cuidados

Olga Pereda

Residencias de mayores que se parezcan a un hogar, con habitaciones individuales y minicocina propia. ‘Cohousing’ (viviendas colaborativas) para que un grupo de personas puedan vivir de manera autónoma aunque tengan algún grado de dependencia. Mayor asistencia a domicilio y más centros de día. Condiciones laborales dignas para los profesionales de los cuidados. Estas son algunos de los objetivos de la ‘Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad’, que tiene una dotación inicial de 1.300 millones de euros (provenientes de los fondos europeos) y que ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.

Como ya avanzó El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, no se trata de una ley sino de un «cambio cultural y de mentalidad» para que los cuidados salgan, por fin, del ámbito privado y entren en el debate político y social. Se trata, pues, de visibilizar un problema y tomar conciencia social para llegar a soluciones. Redactada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la estrategia -cuyo plazo comienza ahora y termina en 2030- tiene un objetivo muy ambicioso: cambiar el modelo de la atención que reciben no solo las personas mayores sino también las que tienen algún tipo de discapacidad y los menores que dependen de las instituciones públicas. ¿De cuánta gente hablamos? Más o menos, según los cálculos del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, del 10% de la población española (entre 4,5 millones y 6,5 millones de personas). En la actualidad, el 70% de los cuidados que recibe este amplio colectivo se da en el ámbito familiar. Es una actividad que, básicamente, recae en mujeres.

Mujeres

Además de los mayores, los niños tutelados y las personas sin hogar, otro de los colectivos a los que se dirige esta estrategia es, precisamente, el de las mujeres que cuidan en sus casas a familiares mayores o dependientes. La mirada del ministerio también se dirigirá a los cuidadores profesionales para que tengan acceso a la formación y derechos laborales. La idea es que sea un sector atractivo desde el punto de vista laboral.

Derechos Sociales no es el único departamento implicado en la estrategia, que necesita el visto bueno de otros ministerios y las autonomías, que tienen las competencias. En toda España, hay 300.000 personas que viven en 22.000 centros residenciales, una cifra en la que están incluidas no solo las residencias de mayores sino los centros de menores no acompañados y de mujeres víctimas de violencia machista.

La longevidad sumada a la baja natalidad es una fórmula matemática que, en el 2050, dará el siguiente resultado: España será junto con Japón el país más envejecido del mundo. En 2024, el 20% de la población tiene más de 65 años, porcentaje que aumentará al 25% en 2035 y el 30% en 2047. Las previsiones del Gobierno es que en 2033 se necesiten 133.000 profesionales de los cuidados más de los que hay ahora.

El ejemplo de Alemania

La nueva estrategia -que se ha fijado en las políticas públicas emprendidas no solo en los países nórdicos sino también en Alemania y algunos territorios del Este- no contempla una posible ampliación del número de plazas en residencias públicas sino transformar tanto el modelo que las opciones para los cuidados no pasen siempre por una macroresidencia. En todo caso, el ministerio cree que la actual «cultura asistencialista» implica que los residentes no tienen control sobre su vida y no pueden tomar sencillas decisiones cotidianas, como qué desayunar, qué ropa llevar, con quién estar o con quién dormir. Según el ministerio, existe un impacto negativo en la calidad de la vida de las personas y, en algunos casos, se producen «violaciones del derecho y la dignidad».